Piden que se investigue la situación en Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo
Demandan en San Lázaro que se indemnice a desplazados de Chiapas
El pleno de la Cámara de Diputados solicitó al gobierno federal que inicie el pago de indemnizaciones por 25 mil hectáreas a los ciudadanos desplazados en Chiapas a raíz del levantamiento armado del EZLN.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, en la cual los legisladores dedicaron la mayoría de su trabajo parlamentario a dar trámite a medio centenar de puntos de acuerdo, las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Asuntos Indígenas presentaron el dictamen de punto de acuerdo que conmina a las autoridades federales, entre ellas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de la Reforma Agraria, a que investiguen y den seguimiento a la problemática que enfrentan los desplazados desde 1994 en los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo:
"Asimismo, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría de la Reforma Agraria que mantenga informadas a las comisiones sobre las acciones realizadas para la atención del presente asunto."
En medio de la apatía que generó entre los diputados el inminente comienzo del periodo vacacional de Semana Santa, el diputado del PRI Hugo Rodríguez presentó una iniciativa de ley para castigar penalmente a los diputados y senadores que representen y antepongan sus intereses económicos a la hora de aprobar leyes en el Congreso federal.
El representante del priísmo manifestó en tribuna que uno de los principales problemas de las tareas legislativas se refiere a que tanto diputados como senadores representan poderosos intereses económicos "que corrompen desde las más altas esferas gubernamentales hasta los pasillos de este Congreso. El problema de fondo es la venta del voto, que debe de ser diferenciado en cualquier asunto en el cual el legislador obtenga un interés personal, familiar o de negocios".
La iniciativa incluye reformas al artículo 72 de la Constitución, al 221 del Código Penal Federal y al 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para castigar a diputados y senadores que representen intereses económicos, ante lo cual deberán abstenerse de intervenir en los debates y en las votaciones correspondientes.
Ante la ausencia de castigos para aquellos representantes populares que defienden sus intereses en lugar de actuar en favor de sus votantes, el fondo de la iniciativa es el siguiente:
"La principal conducta ilícita en que se incurre es el tráfico de influencias. Por tanto, consideramos que hay que poner freno a estos abusos. El objeto de esta iniciativa es que los legisladores federales que tengan interés o representen intereses económicos en cualquier asunto se abstengan de intervenir en los debates y en las votaciones, tanto en comisiones como en el pleno, modificando la legislación correspondiente para tipificar como hecho delictuoso estos procederes."
En la sesión también se presentó, en primera lectura, la Ley para Conservar la Neutralidad de México, que tiene como propósito evitar que alguna nave militar de cualquier país que se encuentre en conflicto armado pueda sobrevolar los limites aéreos o navegar en las aguas del territorio nacional.
El documento, dictaminado en la Comisión de Defensa Nacional, prevé que no se permitirá que los aviones ni vehículo aéreo alguno que se encuentren a bordo de portaviones instalados en aguas nacionales emprendan el vuelo. Sólo se permitiría lo anterior con la autorización del gobierno mexicano en caso de que dichos barcos o portaviones tengan la necesidad de estar en puertos o aguas territoriales nacionales para cargar combustible y llegar al punto más cercano de su país.