El gobierno de Chihuahua promovió controversia
Analiza la Corte facultades de la SCT para realizar obras
Desde 1917 el gobierno federal ha edificado carreteras de jurisdicción federal en los estados sin pedir autorización a los gobiernos estatales. Ochenta y ocho años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute el tema para determinar si la ley que faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a actuar sin consultar a las entidades es constitucional.
En la discusión de ayer, los ministros destacaron que el tema de la controversia tiene un profundo sentido de federalismo, ya que toda porción de territorio que cedan los estados, "por pequeña que sea" a la Federación -para caminos, carreteras, vías férreas, etcétera-, debe contar con el consentimiento expreso del Congreso local.
En ese sentido se escucharon voces en la discusión como la del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien dijo que "no se necesita autorización" de las legislaturas locales para la construcción de carreteras, porque ello no tiene sentido; además, dijo, este tipo de obras tienen el propósito de unir a las entidades.
Y aunque el ministro Juan Díaz Romero consideró que debe respetarse el artículo 132 constitucional, el cual prevé que los estados deben otorgar la autorización correspondiente cuando el Ejecutivo federal pretenda construir una carretera de jurisdicción federal, lanzó una pregunta al aire:
¿Qué pasaría en el caso de la carretera Panamericana que cruza todo el país, desde la frontera norte hasta Guatemala? Porque de considerarse inconstitucional el artículo quinto de la Ley de Bienes Nacionales -que aunque se derogó hace unos años establecía que el gobierno federal no requiere autorización para ese tipo de trabajos-, ¿dicha carretera pasaría a depender de los estados por lo que ésta pasa?
A pesar de que el artículo 14 establece que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva y no hay una demanda sobre otros tramos federales construidos en las distintas entidades del país, ministros consultados explicaron que en caso de que se declare procedente la controversia promovida por el gobierno de Chihuahua -la cual defiende su derecho de cobrar una cuota de peaje en la carretera Parral-Jiménez-, se sentaría un precedente que fortalecería el sistema federal en México.
Además, en el caso concreto de las carreteras, el Ejecutivo federal tendría que pedir autorización para construir caminos de su jurisdicción, aunque con la salvedad de que estos permisos tendrían que regularse para que las legislaturas locales tampoco caigan en el exceso de obstruir el desarrollo de la infraestructura nacional.
En la sesión de ayer, la mayoría de los ministros presentes argumentaron en favor de que se declare procedente la controversia constitucional 23/2003.