Neoindigenismo y autonomía
Sucedió en Mesa del Nayar, en Nayarit, el 6 de marzo de 2002. En el presidium del acto de presentación del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 se colocaron 18 lugares, pero sólo uno fue para una autoridad tradicional india. El resto de las sillas fueron ocupadas por el Presidente de la República, secretarios de Estado, funcionarios públicos federales, un militar, gobernadores, un presidente municipal y dos invitados especiales.
En la ceremonia que anunció un "nuevo trato" entre el Estado y los pueblos indígenas, supuestamente basado en el respeto a la diversidad de su cultura, los gobernadores tradicionales, tenientes, alcaldes, representantes agrarios, marakames y rezanderos, coras y wirrárikas fueron colocados un escalón abajo de las autoridades constitucionales, mirándolas de frente, escuchando cómo los oradores hablan de los indios mientras ellos callan.
Para difundir su política hacia los pueblos indios, el gobierno del cambio decidió mantener la misma escenografía, el mismo formato que sus antecesores. Y, también, en mucho, los mismos contenidos. El viejo indigenismo se transformó en un neoindigenismo. El "nuevo" programa gubernamental retomó muchas de las ideas elaboradas por Arturo Warman cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista (INI), así como del Programa de Pueblos Indígenas, diseñado durante la administración de Ernesto Zedillo.
A cuatro años de distancia, el balance de esta política no deja lugar a dudas. En abril de 2000, Vicente Fox, candidato a la Presidencia de la República, ofreció impulsar "el desarrollo con la promoción de inversión nacional y extranjera, porque yo sé que, en el fondo, todos los indígenas lo que quieren es tener un vochito, su tele y un changarro que les permita vivir a ellos y sus familias". Y resultó cierto. Cuatro años más tarde, nadie puede decir que ya como mandatario el guanajuatense no cumplió con sus compromisos de campaña. Una parte de la población india ha adquirido un carro usado, miles tienen su televisión y muchos otros, aunque no posean un changarro, han logrado hacerse de una chamba. Para el caso no importa que quienes han logrado este bienestar material hayan tenido que emigrar hacia Estados Unidos. Después de todo, Vicente Fox no precisó en qué país los indígenas iban a hacer realidad sus deseos: si en el suyo o en el vecino.
La presentación del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 no es una excepción. Lejos de acabar con el paternalismo estatal, la nueva administración lo fortaleció aún más. La responsable de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi), Xóchitl Gálvez, se comporta como si el presupuesto destinado a los indios fuera suyo y no de una institución. En lugar de tratarlos como ciudadanos que reclaman derechos los atiende como solicitantes de asistencia. En vez de respetar el funcionamiento de sus organismos comunitarios tradicionales fomenta la interlocución con pequeños grupos dentro de las comunidades o las regiones. En lugar de auspiciar la autonomía estimula la dependencia.
La Conadepi nació tirando al niño con el agua sucia de la bañera. Por más burocrático y limitado que fuera el INI, servía en ocasiones a los pueblos como una sombrilla protectora frente a los cacicazgos regionales. Su disolución acabó con esa cobertura y dejó a los pueblos originarios a expensas de los caprichos presupuestales de los gobernadores de los estados. La Conadepi, como ha explicado Magdalena Gómez, se creó contraviniendo el contenido del Convenio 169 de la Organización Inter-nacional del Trabajo.
La fundación de esa comisión, en los hechos una reforma institucional del gobierno sin reforma constitucional, fue idea, en parte, de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA). En un documento publicado, exigieron, junto con otras organizaciones, la formación de un Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, integrado por representantes de los pueblos indígenas y personalidades destacadas, el cual debería ser dependiente del Ejecutivo federal. Poco antes, el 22 de mayo de 2000, habían solicitado "acceso a espacios institucionales y políticos en las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales, la administración, dirección y ejecución de las políticas del Estado destinadas a los pueblos indios".
Presurosos, los dirigentes de ANIPA felicitaron a Fox por su triunfo y le pidieron reunirse a la brevedad. Se prepararon así para colaborar con un gobierno de derecha. La nueva administración comenzó así con la cooptación de un sector del movimiento indígena. Según Francisco López Bárcenas, ofrecieron al futuro Presidente de la República caminos, que éste no tenía, por donde pueda transitar sin cumplir con las demandas centrales del movimiento indígena nacional.
El sentido de esta decapitación de una parte del liderazgo indígena no es una anécdota, sino el signo del sexenio. En el libro El Estado y los indígenas en tiempos del PAN: neoindigenismo, legalidad e identidad, Salo-món Nahmad asegura: "La propuesta de inclusión de los profesionistas indígenas en el manejo operativo del INI, parecería abrir una ventana al cambio esperado. Sin embargo, a dos años los resultados son de una inestabilidad y debilitamiento de estos cuadros profesionales que han participado en la lucha indígena nacional y que han quedado como funcionarios bajo control de las estructuras burocráticas sin ninguna autodeterminación. El desgaste de estos cuadros a su vez ha representado un debilitamiento de las estructuras organizativas de los pueblos indígenas".
El camino de la conquista de las instituciones por parte de una de las corrientes del movimiento indio terminó en un desastre. Sobre los restos del naufragio se abre camino la construcción de la autonomía desde abajo.