La medida, tras desistir el cabildo de las denuncias penales contra la Comisión de Pueblos

Vecinos de Tlanepantla, Morelos, entregan a la CEDH la alcaldía retenida ocho meses

LA JORNADA MORELOS

Cuernavaca, Mor., 14 de marzo. La Comisión de Pueblos y Barrios del municipio de Tlalnepantla, que mantuvo en su poder la alcaldía durante ocho meses -como resultado del conflicto poselectoral local de 2003, que prevalece en la comunidad desde hace más de un año cuatro meses-, entregó las instalaciones a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), después que los miembros del cabildo desistieron formalmente de las denuncias penales que iniciaron contra miembros de la agrupación, como parte de los acuerdos a los que el organismo llegó el jueves pasado con el secretario de Gobierno estatal, Jesús Giles Sánchez.

Antes del mediodía, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezados por la fiscal especial para el caso Tlalnepantla, Liliana Guevara Monroy, se instalaron formalmente para resolver el conflicto a un costado del palacio municipal, donde representantes de la Comisión de Pueblos y Barrios, dirigidos por Cristino García, esperaron a que llegaran los regidores y el alcalde en funciones, Cecilio Espinoza Mercado, y se presentara el documento de desistimiento de las demandas contra de 19 vecinos, lo que finalmente sucedió.

Cristino García afirmó que "hace falta definir cómo se llevará a cabo la elección o designación del presidente municipal que concluya el periodo, además de que se ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia se dé un juicio justo y apegado al derecho, al campesino Benjamín Medina", a quien la PGJE acusa de ser autor material del homicidio de Gregorio Sánchez Mercado, muerto de un balazo en el rostro el 13 de enero de 2004, cuando casi mil elementos de la Policía Preventiva Estatal y otras corporaciones incursionaron en la demarcación, para recuperar la alcaldía.

Por su parte, el presidente de la CEDH, Sergio Valdespín Pérez, informó que una vez que se entregaron las instalaciones al visitador del organismo para la región oriente de Tlalnepantla, Cuauhtémoc Magdaleno, y de revisar los documentos de entrega-recepción correspondientes, así como el estado físico de las oficinas, la presidencia municipal fue entregada a la Secretaría de Seguridad Pública, para que la resguarde la Policía Preventiva estatal hasta que se cumplan con los demás acuerdos, y más adelante se entreguen a los funcionarios municipales.

Por lo pronto, agentes del Ministerio Público de la PGJE fueron comisionados a Tlalnepantla, para tramitar los desistimientos de las denuncias presentadas por la población a raíz de los conflictos sociales ocurridos de agosto de 2003 a diciembre de 2004, como parte del proceso de pacificación en el municipio.

La representación social sólo podrá realizar este trámite jurídico si los delitos no son calificados de graves. Entre los 29 ilícitos de los que se desistirían los denunciantes destacan los relativos a amenazas y lesiones, que forman parte del mayor número de querellas iniciadas ante el Ministerio Público.

Según fuentes consultadas, la PGJE seguirá por oficio el proceso de la toma del ayuntamiento, y de los vehículos afectados durante los enfrentamientos entre los ciudadanos encabezados por Cristino García y Elías Osorio Torres, edil constitucional a quien el pleno del Congreso local removió de su cargo.

Respecto a la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, las fuentes consultadas negaron la existencia de averiguaciones previas; sólo hay registradas 29 querellas por los conflictos sociales registrados en el periodo citado.

Sin embargo, la dependencia seguirá con las investigaciones para esclarecer la muerte de Sánchez Mercado, asunto que ya fue consignado al juzgado penal con sede en Yautepec, donde se lleva a cabo el desahogo de testimoniales.