Marzo, insuficiente mes para las mujeres
Marzo es el mes en que se habla de las mujeres, de su desarrollo llueven las estadísticas y se aprovechan todos los foros para discutir sus demandas y necesidades. Sin embargo, no sólo es insuficiente, sino que parece ignorado. En la pasada visita de la relatora de la ONU Yakin Erturk, representante especial para la violencia contra las mujeres, urgió al gobierno mexicano a modificar el patrón de conducta que existe en contra del sexo femenino en nuestro país; además, llamó la atención para que actúe en el caso de las asesinadas en Ciudad Juárez.
En sus apreciaciones sobre este tema específico, la especialista dijo que es la aplicación de la justicia en México la causa de la violencia contra las mujeres en Juárez y el resto de la República. Que la impunidad con la que se protege a los atacantes por homicidio o violencia familiar, u otras de sus formas de abuso, son inadvertidas intencionalmente por procuradores, ministerios públicos, juzgadores y cuerpos policiacos, todos actuando sin responder a las denuncias constantes de maltrato, explotación y abuso sexual, criminal o discriminatorio y excluyente.
Baste decir que aún hay quienes dudan de la gravedad del feminicidio en Ciudad Juárez y niegan que el fenómeno pueda extenderse, como demuestra el incremento constante de formas violentas practicadas por muchos sectores de mexicanos.
En su paso por la ciudad de México, Yakin Erturk pidió resultados concretos a las autoridades, las que respondieron con evasivas, afirmando que hasta que la representante de Naciones Unidas rinda su informe el próximo año, contestarán sus críticas. Tal vez sea el momento de actuar como lo señaló la relatora e instar a los grupos de trabajo de la organización a investigar los homicidios y hacer uso del sistema de peticiones individuales que tiene la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Si los asesinatos y el maltrato de las mujeres en nuestro territorio no se toman en cuenta ni se investigan, será necesario tal vez, por qué no, acudir a instrumentos que otorgan a los individuos y las organizaciones civiles el derecho internacional, los que promueven su protección y el no abuso. Son los casos de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la que fue firmada por el gobierno en 1980 y ratificada al año siguiente y la Convención de Belem do Para o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la que signamos en 1994.
Si bien, como advierte el Banco Mundial en su reporte sobre la situación de mujeres y niñas en el planeta, hemos avanzado en la década reciente en salud y economía -otras estadísticas confirman leves mejorías en esos rubros-, pero indicadores como participación política y poder reflejan una constante disparidad pronunciada, por lo que los retos de empoderamiento de mujeres y niñas, la creación de mecanismos para combatir la violencia en la vida pública y privada, así como también la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, debieran ser parte del ejercicio de nuestra ciudadanía y, por tanto, completamente atendibles.
Hasta ahora los casos de violencia, como los homicidios en la zona fronteriza del norte del país, han sido denunciados ante los relatores especiales en sus monitoreos permanentes, los que servirán, para con base en visitas in situ y audiencias, hacer una auténtica evaluación sobre la situación que viven las mujeres, jovencitas y niñas mexicanas en estos tiempos del supuesto cambio. Esperemos que sea tan contundente que obligue, según la norma del derecho internacional y la defensa de las garantías individuales, a que se transformen nuestros sistemas de justicia; de lo contrario, seguirá la violencia generalizada, lo que costará más vidas a cientos y miles de mujeres.