Es necesaria una reforma judicial: Rupert Knox
AI: no hay interés en México de acatar normas internacionales
Sin una reforma al sistema de justicia en México que permita garantizar el derecho de víctimas y acusados a un debido proceso y a la presunción de inocencia, el cumplimiento de estos derechos sólo dependerá de la "voluntad" de autoridades judiciales, locales y federales, que no han demostrado un verdadero interés por acatar las normas internacionales suscritas por el Estado en esta materia, afirmó Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional (AI).
Tras una gira de trabajo de dos semanas por el país, durante la cual visitó Nuevo León, Coahuila, Puebla, Oaxaca y el Distrito Federal, destacó que a nivel estatal se detectaron "graves problemas en la impartición de justicia debido a que se siguen aplicando pro-cesos judiciales viciados desde su origen utilizando pruebas fabricadas o inadecuadas".
En entrevista con La Jornada señaló que la falta de una "clara división de poderes a nivel estatal, con una clara tendencia hacia un poder monolítico que actúa de acuerdo con la política que marca cada gobernador, impide crear las instancias que garanticen la protección a los derechos humanos". Destacó que a pesar del esfuerzo realizado por el gobierno federal para impulsar una reforma constitucional y penal que garantice la impartición de justicia, ésta se realizó sin un consenso de los distintos actores de la sociedad.
"Hasta el momento no tenemos indicios de que el Poder Legislativo esté avanzando hacia una reforma progresista que refuerce la protección de los derechos de víctimas y acusados, y promueva la rendición de cuentas de las autoridades judiciales", añadió.
El Congreso, aseguró, "debe asumir la responsabilidad y la obligación de legislar sin criterios represivos que buscan aumentar las penas y ampliar los delitos, cuando lo urgente es mejorar el sistema de investigación y procuración de justicia, con el propósito de obtener pruebas científicas y contundentes en cada caso para garantizar a los ciudadanos la defensa de sus derechos en los procesos judiciales".
El activista señaló que en el caso de Felipe Arriaga, campesino ambientalista que lucha por la defensa de los bosque de la sierra de Petatlán, Guerrero, declarado preso de conciencia por AI, es "evidente que su proceso jurídico está viciado de origen por diversas irregularidades y que ha sido procesado por su activismo". Indicó que a pesar de la "posibilidad de que sea liberado de forma inmediata y sin condiciones" por las nuevas autoridades estatales, iniciaran una campaña internacional en las sedes de AI en el mundo.