Lo responsabiliza de llevar a cabo la privatización de esa industria mediante los CSM
Presenta alianza de trabajadores petroleros denuncia penal contra Fox
La Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros presentó una denuncia penal en contra del presidente Vicente Fox Quesada, al cual acusó de no cumplir con la Constitución y llevar a cabo una política de "privatización disfrazada" de la industria petrolera, mediante los ilegales contratos de servicios múltiples (CSM).
La acusación incluye también los delitos de ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos y uso ilegal de atribuciones y facultades.
La denuncia penal fue presentada en la propia Cámara de Diputados por la alianza, y señaló que la demanda es parte de un plan de rescate de la industria petrolera.
La argumentación que contiene esta demanda señala que la administración de Vicente Fox ha endeudado en 116 por ciento a Pemex. Más que ningún otro gobierno e incluso calcula que para el presente año el endeudamiento llegará a casi un billón de pesos, arriesgando 97 por ciento de sus activos.
La alianza, que es asesorada por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), plantea también que la administración foxista ha rezagado el mantenimiento de las instalaciones al monto más bajo de los pasados 10 años, lo que explica en buena parte los recientes accidentes, derrames y fugas de crudo.
Añade que desde que la administración de la paraestatal fue entregada a egresados de la iniciativa privada, su política laboral está siendo definida por la expulsión de mano de obra calificada tanto a nivel sindicalizado (en especial en petroquímica y con la complicidad del sindicato), como de trabajadores técnicos y profesionistas; lo que implica una pérdida sensible de recursos humanos, conocimiento y experiencia.
Por si esto no fuera suficiente, la dirección de Pemex "tolera compañías contratistas, en especial en la sonda de Campeche, violadoras de los derechos humanos laborales de sus trabajadores. En particular de Perforadora Central, que ha sido denunciada internacionalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual facturó negocios con Pemex por 28 millones 500 mil dólares sólo en 2003.
Pero para esta alianza independiente de trabajadores, el asunto central es que este gobierno "ha consentido la violación al artículo 27 de la Constitución, al avalar y promover activamente la figura de los contratos de servicios múltiples, artificio que permite la entrada de capital trasnacional so pretexto de inversión".
Ante el desastre en que la administración de Fox tiene a la empresa, y a que la iniciativa privada reprobó el examen de administración de empresas, esta agrupación postuló como ejes de la recuperación de la empresa una política energética basada en la disminución del uso intensivo de gas en la industria; la realización de una campaña de manos limpias contra la corrupción y el respeto irrestricto a los derechos humanos laborales.