Entre los señalados se encuentra Abel Guerra, secretario de Obras de Nuevo León
Denuncia Infonavit a ex funcionarios de Durango implicados en fraudes
Durango, Dgo., 17 de marzo. El delegado del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) en el estado, José Flores Hernández, informó que el organismo presentó una denuncia penal contra ex funcionarios de este instituto, quienes ya son investigados por las procuradurías General de la República y estatal por tramitar créditos de manera irregular y entregar viviendas que no estaban debidamente registradas.
Entre los acusados se encuentran el actual secretario de Obras Públicas de Nuevo León, Abel Guerra; el ex delegado del Infonavit en la entidad, Sergio Cisneros; el ex subprocurador de Justicia de Durango, Moisés Moreno -quien también se desempeñó como director jurídico del instituto-, y el ex titular del área de crédito, Martín Martínez Guerrero, este último hijo del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango y sobrino del ex gobernador Angel Sergio Guerrero Mier. Todos están acusados de fraude.
Flores Martínez señaló que estos actos delictivos se realizaban a través de las empresas Cotramsa y Costa, una de las cuales es propiedad del funcionario del gobierno de Nuevo León, Abel Guerra.
Estas compañías fueron vetadas por el organismo "no sólo por las irregularidades cometidas en Durango, sino porque hicieron lo mismo en el estado de Tamaulipas", indicó Flores Hernández.
Explicó que los acusados tramitaron créditos de manera irregular, por lo que al menos 115 inmuebles no tienen debidamente registradas sus escrituras ante la hipoteca del organismo, lo que significa que tienen una deuda previa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
"Se otorgaron varios créditos dobles sobre la misma casa, y aunque la gente sabía esto, los tramitaron así", expresó el delegado en la entidad.
En conferencia de prensa, el funcionario precisó que la denuncia fue interpuesta desde diciembre de 2003, pero no se había dado a conocer para no entorpecer la investigación. Indicó también que los indiciados ya fueron llamados a declarar en diversas ocasiones.
El caso se hizo público luego de que algunos de los trabajadores acreditados terminaron de pagar sus casas y trataron de liberar sus escrituras. Sin embargo, no tuvieron éxito porque aparecían "gravadas" a favor de la SHCP.
Flores Hernández explicó que el riesgo es que el Infonavit no tenga garantías para solventar todos estos créditos y que los beneficiarios no puedan obtener la propiedad total y el dominio de sus viviendas, ya que se encuentran embargadas por la de-pendencia federal.
Las propiedades corresponden al fraccionamiento Jardines de San Antonio, ubicado en el oriente de la ciudad, y se calcula que tienen un valor de 18 millones de pesos. Por ahora, el Infonavit tramita un amparo para poder liberar a los beneficiarios de los gravámenes.