"Insuficientes", resultados de la Femospp: organizaciones defensoras de derechos
Demandarán al gobierno por obstruir la justicia en el caso de la guerra sucia
Integrantes de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos afirmaron que a tres años de la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) los resultados alcanzados por ésta no sólo son "insuficientes, sino demuestran que aún se carece de mecanismos para realizar una investigación eficaz, que establezca la verdad sobre los hechos, sancione a los responsables y repare el daño a quienes fueron víctimas de esos delitos".
En conferencia de prensa, Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), aseguró que ante el incumplimiento de las normas jurídicas internacionales, suscritas por México para esclarecer las violaciones a esas garantías y prevenir nuevas acciones represoras, en los próximos meses presentarán una denuncia penal contra autoridades federales "como responsables de obstaculizar la impartición de la justicia y denegar la justicialidad de los derechos de víctimas y familiares". Además, agregó, se dará a conocer un informe sobre la situación.
Agregó que éste, elaborado por la Fundación Diego Lucero; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos; Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, y la CMDPDH, será presentado ante el Sistema Interamericano de Defensa de los Derechos Humanos y ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como forma de presión al Estado mexicano para que aplique "mecanismos eficaces que lleven al establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación del daño".
El informe, en el que se incluyen tres recomendaciones de las organizaciones civiles -dirigidas a los tres poderes para garantizar una investigación eficaz, transparente y profunda que permita la captura de los responsables-, exhorta a legisladores y jueces a reconocer e incluir los instrumentos internacionales en materia de defensa de derechos humanos dentro de las leyes nacionales y "hacerlas cumplir en todos los espacios de impartición de justicia".
Señala que es evidente que el Estado creó una fiscalía especial "seriamente deficiente y limitada en recursos y materiales, además de contar con una legislación acotada, si no es que contraria a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, principalmente en prescriptibilidad, intervención del fuero castrense y clasificación de delitos de lesa humanidad".
Alejandra Ancheinta, integrante del Centro Pro, afirmó que el balance presentado por las organizaciones no es "un ataque personal, como han querido desvirtuar las autoridades, sino una lectura crítica a una actuación deficiente que limita y obstaculiza el acceso a la justicia para víctimas y familiares".
Por su parte, Blanca Hernández, de la Fundación Diego Lucero, señaló: es "inaceptable que a tres años de iniciada su labor, la fiscalía especial sólo haya presentado tres denuncias penales, cuando la lista de desaparecidos es de más de mil 200".
La sociedad civil, agregó, no puede tolerar "un lenguaje de simulación, que demuestra que no existe ninguna apertura para consultar los archivos y que aún existe un Ejecutivo federal que protege al Ejército y perpetúa la impunidad".