Retiran sellos de clausura a oficina del funcionario
Anomalías en el cese de director de investigaciones ministeriales
En espera de que sea nombrado el nuevo director de Investigaciones Históricas, debido a que esa área de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) está acéfala desde el pasado 25 de febrero, la intervención de la Contraloría Interna puso al descubierto irregularidades en el cese de César Augusto Osorio y Nieto como titular de la Dirección General de Investigaciones Ministeriales B, y los sellos de clausura que se colocaron en su oficina el pasado martes fueron retirados.
Fuentes oficiales revelaron que fue Alfonso García Morales, coordinador de asesores del fiscal Ignacio Carrillo Prieto, quien pidió la renuncia de Osorio y Nieto y dio la orden de clausurar las instalaciones de manera irregular.
Luego del retiro de los sellos y de la intervención de la Contraloría, la situación de Osorio y Nieto, quien lleva más de 37 años laborando en instituciones gubernamentales dedicadas a la impartición y procuración de justicia, queda en suspenso, pues no se ha formalizado su destitución ni renuncia por parte del fiscal Carrillo Prieto.
García Morales es uno de los funcionarios con mayor cercanía a Ignacio Carrillo Prieto, y según el organigrama de la Procuraduría General de la República, que se puede consultar en Internet, cobra como "director de área de estructura" 59 mil 961 pesos, aunque según la Femospp se desempeña como jefe de asesores y debería percibir 85 mil 888 pesos.
Por otra parte, en los próximos días Carrillo Prieto designará al nuevo titular de la Dirección de Investigaciones Históricas, confirmó el titular de la Femospp.
A este respecto, fuentes oficiales revelaron que Susana Zavala Orozco, quien se desempeñaba como encargada de investigaciones históricas, dejó el cargo el pasado 25 de agosto, y que personas que realizan trabajos para la fiscalía la "invitaron" a que no hiciera ninguna declaración acerca de su salida, durante una comida en un restaurante ubicado en avenida Insurgentes. Quien le pidió su renuncia, porque supuestamente no acreditó los exámenes de confianza, fue Alejandro Romero Bernal, director general de administración de la Femospp.