La inflación mide el aumento general de los precios de un amplio conjunto de productos (bienes y servicios) que conforman la canasta de consumo. No se trata de todos los productos, sino de una muestra representativa de la evolución de los precios para los consumidores.

Esto constituye el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide el Banco de México (BdeM) cada quincena. Así, la inflación anual, que en 2004 fue de 5.2 por ciento, señala la variación de ese índice entre diciembre de 2003 y el mismo mes de 2004.

Para calcular la inflación, el gobierno aplica encuestas sobre los precios en varias ciudades del país. Cada mes se recopilan 170 mil cotizaciones de productos específicos que se agrupan en 313 conceptos genéricos. Esa información se vincula con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares que levanta periódicamente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que indica, precisamente, en qué gastan las familias. Finalmente, la proporción del gasto en cada mercancía dentro del total representa el peso que tiene en el consumo y de esa manera se asigna un peso o ponderación al gasto en cada tipo de producto. Así se mide la inflación.

Los principales componentes del INPC se agrupan en ocho categorías, de acuerdo con la forma en que los consumidores distribuyen su gasto: alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y accesorios domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento, y otros servicios.

De este conjunto se hace una selección más reducida de los productos esenciales que las familias compran para vivir, lo que se conoce como canasta básica, que es un indicador más específico.

Cuando aumenta la inflación se afecta el poder de compra de la gente, sobre todo cuando sus ingresos no se elevan en igual proporción.

Si el salario que recibe una persona se fija cada año, y si la inflación para ese lapso es mayor al aumento salarial, con ese ingreso se podrán comprar menos mercancías y servicios al final del periodo. Esa es una medida de la pérdida del poder adquisitivo.

En este esquema dicha pérdida sólo se repone después de transcurrido el año, pero se enfrenta de nuevo al alza de los precios en el siguiente periodo. Esto representa un rezago del ingreso y, por tanto, una pérdida del bienestar. El año pasado la mayoría de los consumidores perdió, de esta manera, 5.2 por ciento del valor de su ingreso.

La inflación afecta a todas las transacciones, no sólo las relacionadas con el consumo. Cuando se ahorra mediante un depósito bancario, por ejemplo, el alza de los precios repercute de modo adverso sobre el rendimiento a obtener (esto es, lo que se llama la utilidad real, una vez descontado el efecto de la inflación).

Sin embargo, si se es un deudor con un crédito a tasa fija, la inflación causa un beneficio, pues los pagos valen menos en términos de poder de compra. Así, puede verse que hay una carrera entre los precios y los ajustes que hacen las empresas, los arrendadores de viviendas o los bancos y eso en función de la inflación pasada y de las expectativas de alza de los precios en el periodo siguiente.

El costo de productos controlados por el gobierno ­como gasolina, gas y electricidad­, así como el precio de los trámites oficiales también aumentan conforme a la inflación, además de las necesidades de recaudación.

La política económica está dirigida de modo relevante al control inflacionario, ya sea mediante disposiciones de tipo fiscal o monetario. Con ello se quiere crear condiciones de estabilidad financiera y no afectar la capacidad de compra de la población. En México la inflación acumulada en los últimos 20 años supera el nivel de 60 mil por ciento. Aunque en los años recientes los registros del alza de los precios son relativamente bajos, la inflación supera las metas anuales que fija el BdeM, por lo que sigue siendo un fenómeno adverso para las empresas que producen y, por supuesto, para los consumidores  §