Adela Mac-Sweeney González, Madrid
A medio siglo de su creación, el estado de bienestar en Europa demuestra que no es imbatible y su inminente reforma ocupa el primer lugar en la agenda política de los países de la región desde hace algunos años. De hecho, la gran mayoría de los países europeos ha emprendido ajustes severos en los sistemas de pensiones y de protección por desempleo para encarar el envejecimiento de la población y evitar el colapso financiero del llamado welfare state.
Cada vez es más evidente que los pilares que sostuvieron por tantos años al estado de bienestar europeo ya no pueden cumplir con ese fin y afrontar los problemas del siglo xxi, asociados con los cambios demográficos y las presiones presupuestales. Por ello la Comisión Europea una de las instituciones base de la Unión Europea (UE) ha instruido a los países miembros a impulsar reformas estructurales, para no conformarse con pequeños ajustes, como parecen ser los hechos hasta ahora, que sólo retrasan la adopción de decisiones más serias para la reformulación del sistema.
Son básicamente cuatro los pilares en que ha descansado por años la previsión social en Europa:
1) seguridad social y sanidad pública, que enfrenta ahora escasez de recursos de los presupuestos;
2) sistema de pensiones, que se debate a raíz de la quiebra del sistema de reparto;
3) protección al desempleo, que tiene ahora un problema de desincentivación al trabajo, y
4) el marco laboral, que presenta una falta de flexibilidad, pérdida de competitividad y tiene lagunas frente a una deslocalización masiva de las fuentes de trabajo.
Los regímenes de
bienestar de los
países europeos han estado sometidos a fuertes presiones
internas y
externas. Entre las primeras se encuentran los cambios
sociodemográficos en especial, el envejecimiento de la
población, los
efectos de la posindustrialización y las modificaciones en la
esfera
familiar. Entre las externas hay que considerar la globalización
económica y los efectos de la integración regional.
La mayoría de los gobiernos europeos ha anunciado reformas que han generado "reacciones violentas", principalmente en los últimos dos años, en medio de huelgas y un escenario de convulsión social. En Italia, por ejemplo, tras una huelga general en octubre de 2003, la protesta fue masiva contra la reforma de las pensiones de jubilación que propuso el gobierno derechista de Silvio Berlusconi.
Esta reforma se centra en retrasar la edad de jubilación, aumentar las cotizaciones y abrir las puertas, poco a poco, a la sustitución del modelo vigente de pensiones de reparto a un sistema de capitalización. En el primero, con las prestaciones de las personas que están en activo se abonan las pensiones de los jubilados, de forma que las distintas generaciones, mientras permanecen activas, financian las pensiones a las generaciones anteriores, que han pasado a formar parte de la población pasiva.
En el sistema de capitalización cada trabajador tiene que ahorrar para poder disfrutar de una pensión para su jubilación. Los gobiernos europeos están conscientes de los costos políticos, económicos y hasta ideológicos que conlleva esta medida. Por ello se han centrado en el retraso de la edad de jubilación, lo que no ha aminorado las inconformidades.
En Alemania, a fines de 2003, el primer ministro socialdemócrata Gerard Schroeder consideró que la única solución era reducir las prestaciones sociales, ya que sería imposible aumentar los impuestos y, al mismo tiempo, lograr que la economía sea competitiva. Luego el Ministerio de Sanidad alemán anunció, dentro del Plan de Sostenibilidad de las Pensiones, la necesidad de completar el pago de jubilación con una pensión privada.
En Francia han sido masivas las manifestaciones desde mayo de 2003 contra los recortes sociales y la reforma de las pensiones propuesta por el gobierno conservador de Jacques Chirac, que, por ejemplo, alarga el periodo de cotización y fomenta los planes de ahorro particulares para la jubilación.
En España el panorama se ha tornado aparentemente más tranquilo, aunque mucho se debió a la "prudencia" que tuvo el gobierno sobre temas tan polémicos en el marco de las elecciones presidenciales de marzo del 2004. Sin embargo, el distanciamiento entre los agentes sociales y el gobierno fue evidente desde 2002, con la huelga del 20 de junio, en la que miles de personas salieron a la calle contra el llamado decretazo que reformaba la protección del desempleo, y obligó a aceptar la mayor parte de las condiciones que en ese entonces impusieron los sindicatos.
Otro logro laboral que naufraga en Europa es la jornada de trabajo de 35 horas. Francia ya se ha replanteado el tema y en Alemania patrones y sindicatos firmaron el año pasado un acuerdo que abre la puerta para volver a la semana de 40 horas en la industria. En ambos casos preocupa la fuga de empleos hacia del este y a países como China.
En general, las principales economías de la UE empiezan a tomar medidas para combatir una amenaza creciente: la deslocalización masiva de empresas hacia países con menores costos laborales y fiscales.
Lo que es un hecho es que el plan de la denominada Agenda 2010, suscrita en la Cumbre de Lisboa en octubre de 2000 que implica, por ejemplo, recortes en la sanidad y el subsidio de desempleo; el retraso de la edad mínima de jubilación y el gravamen de las pensiones de los ingresos más altos, así como la reforma del mercado laboral, facilitando el despido y penalizando a los desempleados que rechacen un empleo tras un año de recibir apoyos públicos, ha suscitado una grave crisis en los distintos países.
Sin embargo, las reformas en mayor o menor medida, están en marcha. Las proyecciones de la Comisión Europea señalan que para 2050 las finanzas públicas entrarán en crisis, sobre todo por el incremento de los costos sociales derivados, especialmente, de las pensiones de jubilación. El riesgo es mayor en Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Austria y Portugal, que tendrán que disminuir directamente el gasto sanitario y de pensiones, reducir el déficit y la deuda o diseñar instrumentos de política que conduzcan a un ahorro equivalente.
En cada caso deberá prevalecer el diálogo social. Tanto gobiernos como empresarios y sindicatos tendrán que abordar el problema con toda la seriedad que se requiere a fin de que las medidas que ahora se tomen no resulten simples paliativos, o soluciones de mera coyuntura, sin el rigor que demanda el futuro del bienestar europeo§