Usted está aquí: lunes 21 de marzo de 2005 Política La defensa de la legalidad, su divisa

Sus diferencias con los tecnócratas y el modelo neoliberal lo llevaron a dejar el PRI

La defensa de la legalidad, su divisa

"La corrupción en México es un sistema político organizado", advirtió en una de sus tesis

Controvertido, íntegro, inflexible, hombre de vocación democrática, Samuel del Villar nació en el Distrito Federal en 1945. El desarrollo de su vida política fue paralelo al de su trayectoria académica, aspecto éste quizá menos reconocido en la escena pública. Egresó de la UNAM para convertirse en un destacado abogado que hizo estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Harvard, a los que sumó los de otras especialidades cursadas en escuelas de Londres y París. Combinó el trabajo periodístico -en el cual destacaron sus documentados análisis jurídicos- con las tareas intelectuales, fruto de las cuales dejó un vasto legado bibliográfico sobre diversas materias

ALMA MUÑOZ

Ampliar la imagen Samuel del Villar en una imagen del 31 de octubre de 2000: de la militancia pri�a a la oposici�erredista, su f�ea postura contra la corrupci�o llev�denunciar documentadamente el fraude del llamado "rescate bancario", que del Fobaproa al IPAB compromete el futuro econ�o de la naci�OTO La Jornada

Samuel del Villar Kretchmar fue asesor del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado en el programa de renovación moral de la sociedad, cuyo propósito era el combate a la persistente corrupción en las instituciones nacionales. El resultado de su trabajo provocó desacuerdos con el ex mandatario y con el grupo de tecnócratas que éste encabezaba, del cual formaba parte Carlos Salinas de Gortari.

Junto con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros miembros del tricolor que habían fundado la llamada Corriente Democrática, las diferencias con el modelo neoliberal lo llevaron a renunciar al PRI, en el cual había militado de 1972 a 1988, luego de lo cual fue fundador del PRD, en 1989. En todo ese tránsito su defensa de la legalidad se acendró y marcó para siempre el sentido de su desempeño político.

Fue el primer procurador de Justicia capitalino de una administración de izquierda, cuando Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, en 1997. Desde entonces marcó sus frentes de batalla, al ofrecer el diagnóstico de una ciudad -la que había recibido el nuevo gobierno perredista- en la que "la corrupción y el mal gobierno abrieron las puertas de par en par a la delincuencia; que trastocó la Constitución y los códigos Penal y de Procedimientos Penales para proteger a los criminales y servidores corruptos y cómplices" (en el último año de regencia del priísta Oscar Espinosa Villarreal, antecesor de Cárdenas, el número de actos ilícitos fue de más de 720 por día; para entonces, más de 3 mil funcionarios habían sido sancionados, consignados y dados de baja por diversas irregularidades, entre ellos más de 400 agentes judiciales).

Como presidente de la Comisión para la Legalidad y la Transparencia del PRD denunció anomalías ocurridas en comicios internos del partido, de los cuales dio cuenta tanto en sus colaboraciones en este diario como en la entrevista que, en 2004, concedió a Miguel Angel Velázquez. Entonces denunció que en 2002 Rosario Robles, presidenta nacional del sol azteca, se negó a investigar y resolver actos de corrupción que provocaron la crisis perredista: "procesos electorales plagados de irregularidades tipificadas como fraudes electorales, acciones u omisiones cometidas por las direcciones del partido, sus órganos electorales y jurisdiccionales, así como por todos los candidatos, que contribuyeron a violentar las normas estatutarias".

Por la liberación de los vascos presos

Además se pronunció por la liberación de los seis ciudadanos vascos en riesgo de ser extraditados a España, acusados de ser terroristas. En marzo de hace un año consideró que el encarcelamiento de éstos fue "violatorio" de la ley y los derechos humanos de los inculpados, porque no se comprobó la existencia de ningún delito en su contra.

En cuanto al asesinato del conductor de Tv Azteca Francisco Stanley, ocurrido en 1999, las acusaciones contra Mario Bezares y Paola Durante -empleados de la misma emisora-, le valieron que se emprendiera una campaña mediática en su contra. La televisora acusó a Del Villar de haber inducido al testigo de cargo Luis Gabriel Valencia para que declarara en contra de los principales acusados. Al paso del tiempo, tanto Bezares como Durante fueron liberados y el homicidio quedó impune.

Catedrático y jurista de carrera, Del Villar nació en el Distrito Federal en 1945. Fue licenciado en derecho y economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en leyes y doctor en jurisprudencia por la Universidad de Harvard. También estudió economía y ciencias políticas en escuelas de Londres y París. Se desempeñó, además, como profesor de El Colegio de México en los campos del análisis económico, comercio internacional y derecho constitucional, y fue profesor de economía política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Desempeñó diversos cargos públicos durante las administraciones de los ex presidentes José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), luego de afiliarse al PRI en 1972, en el cual asumió el cargo de tesorero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Después de la fundación del PRD, en 1989, fue consejero nacional por San Luis Potosí, integrante del CEN, representante ante el Instituto Federal Electoral (IFE) y asesor jurídico del presidente nacional perredista de 1996 a 1999. También fungió como coordinador del grupo de transición de Cuauhtémoc Cárdenas cuando éste gobernó la capital del país.

Con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fue asesor en cuestiones conceptuales y técnicas relativas al establecimiento y desarrollo de un estado democrático de derecho.

Fue colaborador de Excélsior y fundador y tesorero del consejo de administración de la revista Proceso; director general de Razones, de 1980 a 1982. Autor de El sistema mexicano de regulación de la inversión extranjera: elementos y deficiencias generales (1975); Depresión en la industria azucarera mexicana (1976); El manejo y la recuperación de la economía mexicana (1979); Estado y petróleo en México: experiencias y perspectiva (1979); La narcotización de la cultura de Estados Unidos y su impacto en México (1987); La justicia y la guerra de las drogas entre Estados Unidos y México (1993); La guerra de las drogas de Estados Unidos y los derechos humanos en México (1993); La legitimidad partidocrática y el control electoral: 1998-1994 (1996); El análisis económico de la ley de la arbitrariedad (1997), y El desafío democrático de México: seguridad y estado de derecho (2001).

Riesgos para la convivencia civilizada

Colaborador de La Jornada, Del Villar abordó diversos temas en las páginas de este diario. En noviembre pasado publicó una serie de cinco artículos sobre la corrupción y el Fobaproa en los que documentó el gran fraude que representa el rescate bancario, al denunciar que "la corrupción en México es un sistema político organizado. Es una dictadura que aniquila el estado de derecho, atrofia la economía, degrada la sociedad. Sus manifestaciones y costos en todos los órdenes son abrumadores e incuantificables. Sólo la membretada por el Fondo para la Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa) de 1994 a 1998, y del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), desde 1999 a la fecha, supone un 'costo fiscal' de un billón 300 mil millones de pesos, alcanzó 19 por ciento del PIB".

Siempre atento al momento político y social del país, el ex procurador capitalino abordó también el tema del desafuero de López Obrador, lo que calificó de auténtico "golpe de Estado".

Al respecto, escribió: "La regeneración de la convivencia civilizada en México sólo es posible a partir de la efectividad del estado de derecho. Tampoco puede caber duda de que desaparece de plano cuando el concepto degenera en un lema demagógico para encubrir un Estado autoritario de violación a la Constitución y sus leyes, y de represión política y judicial de los derechos y libertades cívicas. A este extremo se ha llegado en el caso de El Encino. El 17 de mayo de 2004 la procuraduría de Vicente Fox requirió a la Cámara de Diputados que declarase procedente el ejercicio de la acción penal contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo que equivale a su derrocamiento, encarcelamiento y supresión de la democracia en México".

 
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