Han interpuesto 376 amparos; el instituto no ha perdido ninguna demanda
Millonaria defensa del IMSS contra empresas que rehúsan cubrir cuotas
Adicional a honorarios, otorga a bufete pagos "de éxito" por 10 millones de pesos
De los casi 400 amparos que promovieron diversas empresas para no pagar cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -bajo el pretexto de la reforma a su ley-, éste ha ganado a la fecha 158 casos y "no ha perdido ninguno". No obstante, para ello ha tenido que contratar varios despachos de abogados y pagar millones de pesos en la defensa de esos asuntos.
Así, el IMSS firmó el contrato número S45087 con el despacho de Víctor Manuel Montoya Rivero, el cual contempla el pago de honorarios por 15 millones de pesos por la asesoría técnico-jurídica necesaria para la defensa del instituto, "frente a las demandas de juicio de amparo que se han presentado y se presentarán en el futuro en contra del decreto de reforma a su ley".
El IMSS apunta al respecto que a raíz de la modificación a su ley, que aprobó el Congreso de la Unión en agosto de 2004, algunas empresas tramitaron amparos para dejar de pagar sus cuotas obrero patronales al instituto. En total, a la fecha han sido presentados 376 recursos en todo el país, "lo cual representó una carga de trabajo sin precedente, repentina e inesperada, para la dirección jurídica de la institución, cuya atención resultaba prioritaria".
Esto es porque dichos amparos representan para el IMSS una pérdida potencial de varios miles de millones de pesos, por lo que optó por contratar los servicios profesionales de despachos de abogados, para lo cual se pidió la autorización del consejo técnico y la aprobación del comité institucional de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aseveró la institución.
En respuesta a por qué se han suscrito dichos contratos y el monto de los mismos, manifestó: "merced a esta contratación", a la fecha se han ganado 158 casos y no se ha perdido uno solo, "por lo que resulta más que justificado el monto erogado por los servicios profesionales del despacho de Montoya Rivero". Añadió que el pago pactado se encuentra dentro de los parámetros normales en la práctica profesional del derecho.
El contrato, de acuerdo con una copia que posee La Jornada, señala que el Seguro Social cuenta con los recursos presupuestales suficientes para cubrir el monto. En tanto, el bufete de abogados se compromete a llevar los juicios de amparo, presentar desahogos de pruebas y toda la información que demanden los jueces de distrito, preparar informes y "establecer la debida coordinación con el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como con la Secretaría de Gobernación, para la mejor defensa de los intereses institucionales".
De igual forma, entre sus tareas estará "asesorar y colaborar con el IMSS en aquellos juicios en que no haya sido señalado como autoridad responsable para que éste pueda, en su caso, poner a disposición de las autoridades demandadas los proyectos de escritos u oficios que se formulen para salvaguardar los intereses institucionales, lo que permitirá orientar y coordinar estrategias de defensa conjunta con otros entes públicos".
En la cláusula cuarta del contrato se establece que se cubrirá un "honorario de éxito", ya que el instituto se compromete a pagar hasta 10 millones de pesos en caso de que con motivo de la prestación de los servicios el IMSS obtenga sentencia ejecutoria favorable en todos aquellos juicios en los que sea parte, ya sea que se niegue el amparo o se sobresea.
Como la vigencia del contrato es del 4 de noviembre de 2004 al 31 de diciembre de 2005, en caso de que las sentencias favorables sean posteriores a esta última fecha el IMSS incluirá en el ejercicio que corresponda los recursos necesarios para esta partida, apunta el documento, cuya copia fue entregada a este medio por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
Cabe mencionar que el IMSS aclaró que ninguno de los asuntos atendidos por ese despacho tiene que ver con el amparo promovido por el sindicato contra las citadas reformas a la ley, ya que en el mismo la institución no es parte.