Tiene fines electorales y ocasiona perjuicios legales
Desatino económico y político, legalizar autos chocolate: CEESP
La posible legalización, una vez más, de automóviles chocolate (unidades que se introducen ilegalmente al país y luego se regularizan) con el argumento de ayudar a grupos de menores ingresos, es un desatino económico y político, afirmó el sector privado.
Este proceso ha beneficiado sólo a ciertos grupos que no necesariamente son de bajos ingresos, además de que se ha aprovechado como un instrumento político con fines electorales, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Los expertos de la iniciativa privada consideraron que la legalización de automóviles, producto del contrabando, sin duda tiene implicaciones legales y económicas significativamente perjudiciales.
Señalaron: ''Permitir la legalización de automóviles de contrabando atenta contra el estado de derecho; la sola discusión de una posible legalización por parte de las autoridades genera expectativas que debilitan la propia autoridad de quienes deben mantener la ley y el orden jurídico, porque implica que la importación ilegal no fue un delito''.
Por otra parte, agregan, legalizar la importación también genera consecuencias económicas que desalientan la inversión, el empleo y, por lo tanto, el desarrollo económico. Sin duda, la legalización de autos chocolate atenta contra el estado de derecho, y no existe garantía de que no vuelva a suceder a futuro. No redundará en beneficios para los grupos de menores ingresos como se sostiene, y desalienta el desarrollo económico.
Los analistas del CEESP indicaron que el orden legal y jurídico debe ser provisto por el estado, lo que significa que los representantes, funcionarios y demás autoridades públicas están obligados a respetar y hacer cumplir las leyes que emiten en beneficio de todos los ciudadanos. Sin un orden jurídico eficiente y eficaz no se puede fomentar un adecuado funcionamiento de la sociedad que les permita a los ciudadanos y las empresas desarrollar actividades productivas y asegurar un mayor bienestar social.
Por lo anterior, si miembros del poder que emite las leyes, en este caso el Congreso de la Unión, no las observan, se violenta el estado de derecho y esto es lo que sucede cada vez que se han legalizado en el pasado los autos chocolate: se ha violentado el estado de derecho por autoridades encargadas de mantenerlo, lo que es imperdonable porque rompe la estructura jurídica desde arriba.
Por ello, no debe permitirse la legalización, porque genera incentivos para que grupos de poder aprovechen el débil orden jurídico en beneficio propio. Actualmente, ese proceso favorece a ciertos grupos como los líderes campesinos, de grupo y coyotes, que aprovechan la legalización para cobrar una renta mediante la venta de documentos de legalización, renta que por cierto no paga impuestos. También favorece a políticos que para obtener votos prometen legalizar automóviles chocolate, en tiempos de elecciones, concluyeron.