Editorial

Arnulfo Romero: 25 años de impunidad

Hace 25 años, un escuadrón de la muerte asesinó de un balazo al arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, mientras celebraba misa en la capilla del Hospital de La Divina Providencia. Ese crimen, que ha permanecido impune, marcó el inicio de la sangrienta guerra civil que afectó al país centroamericano (1981-1992) y que dejó 75 mil muertos y 7 mil desaparecidos. La labor del prelado ­un férreo defensor de los derechos humanos­ ha sido reconocida en todo el mundo, de tal suerte que el Vaticano ha retomado el proceso para su canonización.

Nombrado arzobispo de San Salvador en 1977, Arnulfo Romero se caracterizó por su apasionada defensa de los pobres y por sus denuncias contra el clima de violencia imperante en esa nación, generado por el ejército y grupos paramilitares financiados por sectores de ultraderecha. De hecho, la Iglesia católica estima que en el año del asesinato del religioso, 1980, más de 900 civiles fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad, unidades militares y escuadrones de la muerte. Asimismo, el arzobispo promovió el trabajo pastoral en comunidades rurales y zonas marginadas de las ciudades, lo que aliviaba un poco la miseria en esos lugares. Por ello la oligarquía salvadoreña lo acusó de comunista y lanzó una campaña de desprestigio en su contra; incluso recibió numerosas amenazas de muerte. Y es que con sus arengas desde el púlpito, el arzobispo había comenzado a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación en El Salvador. De 1978 a 1980 obtuvo diversos reconocimientos de universidades y otras instituciones, entre ellos una nominación al Premio Nobel de la Paz. Es decir, se volvió un personaje incómodo para la ultraderecha y el sector castrense, el cual fue apoyado por Estados Unidos a lo largo del conflicto interno. Un día antes de su muerte, durante una alocución televisada, Oscar Arnulfo Romero exigió al ejército que dejara de matar civiles.

Pero a pesar del prestigio de monseñor Romero y del escándalo internacional que provocó su ejecución, ese homicidio no ha sido castigado. Existen evidencias, entre ellas un informe de Naciones Unidas, de que el religioso fue asesinado por órdenes del ex alcalde de San Salvador, el mayor Roberto D'Aubuisson, a quien se acusa de encabezar los escuadrones de la muerte que operaron en el país en esas fechas. La razón de esta impunidad radica en que D'Aubuisson también fue el fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en el poder desde 1989. Arena es uno de los más sólidos aliados de Washington en la región.

Esta estrecha relación entre los gobiernos arenistas y Estados Unidos explica el porqué los asesinos del prelado no han sido llevados ante la justicia. En El Salvador, los sucesivos gobiernos se han negado a investigar el crimen, ignorando los exhortos del clero y de grupos civiles. Incluso el presidente Elías Antonio Saca se negó a abrir un expediente debido a que esa pesquisa chocaría con la ley de amnistía decretada al final de la guerra civil para "cerrar las heridas" que dejó el conflicto. Además, la muerte en 1992 por causas naturales del principal sospechoso, D'Aubuisson, también dificulta la investigación. Por otra parte, en Estados Unidos una demanda interpuesta por un familiar de Romero contra el capitán del ejército salvadoreño Alvaro Rafael Saravia ­mano derecha de D'Aubuisson y uno de los autores materiales del crimen­ se resolvió inexplicablemente con una multa, a pesar de que el propio tribunal federal determinó que ese asesinato fue un crimen contra la humanidad.

La actitud de encubrimiento de las autoridades salvadoreñas y estadunidenses contrasta fuertemente con la forma en que el gobierno de Chile ha llevado los procesos que se siguen contra los represores de la dictadura de Augusto Pinochet. En el país suramericano destaca la independencia del Poder Judicial para actuar, una libertad que brilla por su ausencia en El Salvador.