Corrupción, chantaje y amenazas para obtener fallos laborales en su favor
Gángsters sindicales ponen en jaque a juntas de Conciliación
A las autoridades "les falta valor" para combatir el problema, afirma el abogado Arturo Alcalde
Sindicatos "blancos" o de "protección", nueve de cada 10 organizaciones con registro
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En imagen de archivo, protesta de bomberos de la ciudad de M�co frente a las instalaciones de la junta de conciliaci�OTO Alfredo Dominguez
La historia no pasaría de ser un asunto policiaco si no fuera porque los principales implicados son dos hermanos, "líderes" sindicales, que se disputan la titularidad de contratos colectivos de trabajo de varias empresas como si fueran de su "propiedad", con bandas de golpeadores y duelos con armas blancas. Inclusive la lucha ha provocado una muerte, en las inmediaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
Corrupción, chantaje, amenazas e intimidación, en sus más variadas manifestaciones, forman parte de la trama de una guerra de seudolíderes obreros que recurren a todo para mantener la titularidad de los contratos, frente a la mirada indiferente de autoridades laborales y penales. Se trata de organizaciones que operan sindicatos "blancos" o de "protección", con un solo propósito: el negocio de cuantiosas ganancias que les significa el manipuleo de cuotas sindicales, y en esta situación funcionan nueve de cada 10 organizaciones gremiales con registro.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (AN- AD) advierte en ese sentido que las disputas entre grupos de golpeadores de esos líderes es el pan diario en las juntas de Conciliación y Arbitraje en todo el país, y han hecho de estas instancias un terreno de fuerte confrontación no sólo legal, sino incluso "gangsteril", donde cuando no se gana el caso se manda golpear o hasta matar a los adversarios.
Así, la disputa de los líderes de esta historia llegó el pasado 7 de febrero al enfrentamiento extremo en la JLCA, lo que no es raro en esta instancia, pero sí el hecho de que los dos "sindicalistas" que la encabezaron son hermanos: José Rosario y Salomón Mendoza Miranda. Inclusive la reyerta produjo la muerte a un hombre, llevó a nueve a la cárcel y a otros más a hospitales, heridos a cuchilladas. El nombre del fallecido era Edgar Plácido Mendoza González, también miembro de la "familia sindical".
José Rosario y Salomón son hijos de un viejo ex dirigente, "Don Rosario Mendoza", quien les heredó la titularidad de los contratos colectivos de varias empresas a cada uno y ahora no se ponen de acuerdo sobre cuáles le tocan a cada quien, como si fueran títulos de propiedad privada.
Sobre este caso la junta informó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que "la historia se remonta al 3 de noviembre de 2004, cuanto José Rosario Mendoza Miranda, líder -entre muchos otros- del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Laboratorista y Hule Látex, demandó la titularidad de un contrato que detenta su hermano, Salomón Mendoza Miranda, secretario del Sindicato de Trabajadores de Productos Químicos, Industriales y Farmacéuticos".
El reporte de la junta señala que el 23 de noviembre del año pasado se acordó fijar para el 7 de febrero de 2005 la audiencia de ley, a la cual llegaron las partes, y ambas, luego de un fuerte enfrentamiento verbal, solicitaron que se difiriera la reunión, ya que estaban en "pláticas conciliatorias". Hasta ahí la información oficial.
La averiguación previa FACl/50T1/134/05-02, que inició el Ministerio Público de la agencia central número 50 bajo los cargos de lesiones y homicidio en riña, indica que luego de su reunión en la junta los "sindicalistas" se encaminaron a un restaurante cercano, denominado Los Cuquitos, ubicado en la calle Doctor Andrade, donde de las palabras altisonantes pasaron a la pelea, sacaron sus armas y a Edgar Plácido Mendoza González le dieron dos cuchilladas mortales.
El enrarecimiento de las prácticas sindicales y laborales en las juntas ha sido aceptado por los propios funcionarios de la instancia, como el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Miguel Angel Gutiérrez Cantú, quien al presentar su más reciente informe de labores aseveró: "Es una lamentable realidad que tanto en esta ciudad capital como en diversas entidades federativas existan verdaderos cárteles de litigio, que industrializan la práctica profesional, particularmente cuando se trata de demandar a grandes empresas e instituciones públicas".
El funcionario habló incluso de que hay abogados en contubernio con líderes que están utilizando la denuncia penal contra servidores públicos de la JFCA como instrumento de presión para lograr fallos en su favor o como expresión de rencor por resultados desfavorables a sus casos.
Ello forma parte de una complicada red de acciones que oscurecen el trabajo de las juntas y han creado un conjunto de prácticas de "coyotaje" en esas instancias.
Modus vivendi
La ANAD lo llama de forma más directa: "gangsterismo sindical", y señala que las juntas son el gran caldo de cultivo de este viejo vicio, que no ha sido atendido debidamente porque existe gran resistencia a resolver los problemas del mundo laboral y se siguen tolerando como mal necesario estas prácticas ilegales, corruptas y delictivas, ante las cuales las autoridades hacen oídos sordos, pues "les falta valor" para enfrentar esta situación.
En las juntas hay muchos "grupos" de seudolíderes. Algunos son de centrales sindicales y otros incluso no pertenecen a ninguna organización y funcionan como negocios privados, son "dueños de decenas de registros" que venden protección, "es ya casi una actividad profesional", señaló el abogado laboral Arturo Alcalde, quien añadió que los funcionarios los conocen, los tienen plenamente identificados y saben de su amplio y millonario negocio, pero no los tocan.
Para quienes negocian con las organizaciones sindicales "fantasmas" su mercado de acción es amplio, ya que en México 90 por ciento de los contratos colectivos del país son "de protección", "falsos", hay toda una estructura de complicidades y simulación en la contratación, que les permite comerciar libremente su habilidad para vender protección al más puro estilo de las viejas mafias.
En tanto no se inhiba la profesión de "gángster sindical" cualquier reforma a la Ley Federal del Trabajo no tendrá futuro, por lo que los discursos de nueva cultura laboral suenan ridículos, señala Alcalde.
Invita a recorrer las juntas para detectar que existen además otro tipo de "líderes", quienes en realidad son abogados que ofrecen contratos "a la carta": permiten que los patrones "escojan sindicato" y sus servicios son contratados, en la mayoría de los casos, por centros comerciales, hoteles y restaurantes. Hay otros grupos que operan más bajo, conocidos como "los chiquiticos, los narconiños". Son personajes que deambulan vendiéndose al mejor postor, ya que lo mismo se contratan para "arreglar" asuntos laborales que para prestar servicios privados, como venganzas personales.
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que ha batallado en las juntas para lograr la titularidad del contrato colectivo de Aviacsa, enfrentándose al Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica y Similares, cuyos agremiados han sido víctimas de golpizas, robo de urnas, amparos amañados, etcétera, apunta que el modelo sindical está viciado y los trabajadores que deciden democráticamente desechar un sindicato impuesto se encuentran con un muro casi imposible de franquear.
La Unión Nacional de Trabajadores argumenta en este sentido que un punto fundamental en la reforma laboral sería la creación de un registro público de sindicatos y otro de contratos colectivos, lo que "echaría luz a esta cueva oscura".
Inclusive el líder de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine, ya planteó esta problemática al señalar que "muchos utilizan las siglas de la central obrera en su beneficio y no le entregan cuotas a nadie".
La familia es primero
Los detenidos el 7 de febrero tras la reyerta intrafamiliar fueron internados en el Reclusorio Preventivo Oriente el día 10; nueve personas, entre ellos Rosario y Salomón Mendoza Miranda, estos últimos parientes de la víctima. Sin embargo, Guillermo Romero Mares, de 39 años de edad, es considerado como el presunto responsable del homicidio en esta historia.