El Correo Ilustrado

México "carece de autoridad moral para condenar a la isla"

Señora directora: El 25 de marzo se publicó en este espacio la airada respuesta del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) al artículo de José Steinsleger "Cuba: periodismo y deshonestidad", divulgado el 23 de marzo (p. 19). El articulista comenta la carta a Fidel Castro promovida por el CPJ, suscrita por varios escritores y periodistas, pidiendo "(...) la liberación inmediata e incondicional de todos los periodistas cubanos que se encuentran encarcelados".

Apoyo la posición de José Steinsleger, ya que esos "periodistas" a los que se refiere la CPJ eran mercenarios pagados por la Oficina de Intereses de Estados Unidos, cuyo trabajo buscaba desestabilizar al régimen cubano, en consonancia con los intereses imperiales.

Estuve en la isla en esa fecha y la he recorrido en tres ocasiones, pues estoy escribiendo un libro sobre Cuba; como sociólogo he realizado un sondeo entre gente del pueblo, académicos, intelectuales, periodistas, locutores y artistas. He observado un apoyo efectivo a la medida del gobierno cubano para defender la soberanía de la patria de Martí. También afirmo que en Cuba no se tortura ni hay desaparecidos, prácticas que se realizan en muchos países que han condenado a esa nación.

En México, por cierto, el 28 de mayo de 2004 se detuvo ilegalmente y se torturó a decenas de altermundistas en Guadalajara, Jalisco; hecho condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos (aún hay cinco presos y el resto está sometido a proceso penal). Por ello, el gobierno de México carece de autoridad moral para condenar a Cuba en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que tratará el caso el próximo mes de abril, en Ginebra.

Atentamente

Raúl Rojas Soriano, profesor-investigador de la UNAM

La SCJN, cómplice del gobierno por el Jueves
de Corpus
, dice

Señora directora: Como siempre, lo urgente es ponderado por encima de lo importante; sin duda, la posibilidad del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador es un ignominioso sino agorero del fascismo que se avecina; mas también existen otros asuntos que debieran reclamar un poco de nuestra atención.

En relación con la discusión del proyecto de dictamen elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan N. Silva Meza, sobre la imprescriptibilidad del delito de genocidio, quisiera apuntar lo siguiente:

1. Hay un claro conflicto de interés para que la SCJN conozca del caso -si bien la responsabilidad penal es personalísima e intransferible-. Hay responsabilidad, cuando menos, por el delito de omisión de la institución llamada SCJN en los hechos referidos en el proyecto de dictamen: la matanza del 10 de junio de 1971. Al ser hechos públicos (ocurridos en plena vía pública, en el corazón de la ciudad de México), la Corte debió investigar, atraer, esclarecer... debió fincar responsabilidades penales, jurídicas, administrativas, civiles. La SCJN debió exigir a los poderes Ejecutivo y Legislativo que tomaran las medidas de emergencia que reclamaba el caso. Pero no, la SCJN nada hizo, con lo que se convirtió en aciago cómplice del artero crimen.

2. El sustento de las averiguaciones previas que ha impulsado la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) carece de origen, de contundencia legal, política y civil que requiere el caso (el 10 de junio de 1971). La fiscalía se ha esmerado en intentar fincar responsabilidades penales "a las personas, pues las instituciones no delinquen", como le instruyó Santiago Creel Miranda al crearla. Con ese argumento, se investigan como hechos inconexos cada uno de los asesinatos, desapariciones, matanzas, persecuciones, prisiones extrajudiciales, torturas, despojos, etc., sin razonar jurídicamente que éstos fueron cometidos por las mismas personas, el mismo Ejército, las mismas policías con un solo mando en diferentes sexenios, bajo diversas administraciones, y con la cobertura de los mismos representantes políticos legislativos, de los mismos jueces; es decir, crímenes todos cometidos con una sola lógica, por un grupo político que detentaba el poder, y que desde el Estado hizo suyo cada uno de los métodos, líneas ejecutivas de acción, líneas operativas de mando, formas de financiamiento y estructuración de quienes conformaban el brazo criminal.

Mientras se siga postergando la definición de la guerra sucia, corremos el riesgo de ofrecer una tentación autoritaria, con salidas ilegales pero válidas, al inmaduro Estado mexicano, que como maldición gitana tiende a revisitarse de manera cada vez más grotesca. Ahí están los Fox para dar cabal testimonio de ello.

Atentamente

Pável Uranga. Tercero perjudicado de la omisa actuación de la SCJN

Felicita a Jalife-Rahme por su columna

Señora directora: Mando estas líneas para felicitar al doctor Alfredo Jalife-Rahme por sus interesantes comentarios y análisis de la política internacional. A mis alumnos de la preparatoria y del nivel superior les sugiero la lectura de su sección Bajo la lupa, que se estudia y analiza en el salón de clase. Un saludo afectuoso.

Atentamente

Paulo César Adame Guzmán

Llaman a oponerse al desafuero de López Obrador

Señora directora: Las y los ciudadanos nos estamos constituyendo gradualmente en un contrapoder para exigir justicia social, libertades y democracia a que tenemos pleno derecho conforme a la Constitución. Es precisamente ese ejercicio de nuestra ciudadanía, esa exigencia de nuestros derechos, lo que nos ampara para luchar ante este nuevo agravio, que pretenden cometer algunas elites políticas y económicas por conducto del desafuero al jefe de Gobierno del Distrito Federal. Somos millones de ciudadanos, la mayoría sin partido, quienes estamos dando la cara por la democracia. Para ello, hacemos uso de nuestra razón, la razón ciudadana, para oponernos a esas maniobras legaloides.

Nuestras acciones son y seguirán siendo pacíficas y legales, por lo que nos deslindamos de cualquier grupo o persona que quiera actuar violenta o ilegalmente en nuestro nombre. Manifestamos, además, que nuestro quehacer ciudadano trasciende las coyunturas y que participamos permanentemente en la política desde nuestra condición ciudadana. Llamamos a la ciudadanía a organizarse para que las decisiones económicas, políticas y sociales sean materia de reflexión y decisión de todos y todas las mexicanas. Hoy nuestra tarea inmediata es oponernos al de- safuero de Andrés Manuel López Obrador y nuestra movilización es legal e irrenunciable. Es, en fin, un acto de ética ciudadana para refrendar nuestro derecho a decidir qué proyecto de país queremos y, al mismo tiempo, frenar a quienes conspiran para rematar nuestros recursos energéticos.

Atentamente

Proyecto Esperanza: Juan Manuel Covarruvias, Rosalba Ramos Aguilar, Luis Mendoza Cuevas, Felipe Pérez, Odilón Ramírez, Adriana Santiago Pérez, Yamilé Paz, Paulín Chávez, Enriqueta Chávez López, Aurelia Jiménez, Eduardo del Castillo, Sandra Cruz Miller. Gran Logia Nacional Independencia No. 2: Adela Peralta Lepe, Estela Saravia, Rafael Maldonado, Mario Rojas, Blanca Morfín, Guillermo Sopeña y Margarita Adame