Cuestionan ministros el carácter de la acusación que pesa contra el jefe de Gobierno
El embate contra López Obrador, un "exceso" jurídico, opinan en la Corte
El máximo tribunal conoce decenas de inejecuciones de sentencia pendientes, afirman
Señalan la necesidad de realizar reformas para impedir que se repitan casos como éste
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideran que el proceso de desafuero en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, constituye un "exceso" jurídico porque se fundamenta en una acusación por un delito menor que no ameritaría la destitución del cargo, situación que contrasta con las decenas de inejecuciones de sentencia pendientes que conoce el máximo tribunal, en las que la prioridad para el pleno es que se cumpla la sentencia, dejando en un segundo plano la eventual sanción al funcionario.
Consultados sobre el caso de López Obrador, más allá de las declaraciones formales de que "nada ni nadie están por encima de la ley", al menos tres integrantes del máximo tribunal coincidieron en que deben realizarse reformas legales para impedir que se repitan casos como el proceso en contra del jefe de Gobierno capitalino, en el cual un juez federal tiene en sus manos el destino de una autoridad electa democráticamente; poder para destituir o consignar penalmente a funcionarios que, por cierto, los 11 ministros que integran la SCJN han utilizado en muy contadas ocasiones a lo largo de la historia, precisamente por la importancia política y social que tienen este tipo de asuntos.
En este contexto, los ministros consultados reconocieron que es difícil entender cómo en el caso López Obrador la presunta violación de una suspensión definitiva en un juicio que ya concluyó, y que no tiene ninguna consecuencia real para los quejosos, ha colocado al funcionario capitalino en peligro de enfrentar un proceso penal que lo podría dejar fuera de la contienda por la Presidencia de la República.
Sin polemizar sobre la presunta culpabilidad del jefe de Gobierno, los ministros -quienes aceptaron platicar sobre el tema con la condición de que no fueran mencionados sus nombres, porque de lo contrario quedarían impedidos de conocer el asunto de López Obrador si éste llegara a la Corte- señalaron que este tipo de casos deben ser motivo de reflexión profunda por el impacto que tienen para el sistema político y democrático del país. Reconocieron que la propia Corte recibe diariamente peticiones de los tribunales de circuito en los que se denuncia a autoridades federales y locales -empezando por el propio Presidente de la República- por no cumplir sentencias definitivas, y que pese a ello se abre en cada uno de estos casos un juicio de inejecución de sentencia en el que las partes alegan lo que a su derecho conviene, situación en la que la preocupación fundamental de los ministros es que se cumpla la decisión judicial.
En este contexto, ni siquiera la SCJN tiene un criterio establecido en casos en que se viole una suspensión, ya que ha ocurrido en dos ocasiones (incidentes de suspensión de las controversias constitucionales 97/2003 y 89/2003), en las cuales los ministros no pudieron actuar legalmente contra funcionarios locales que violaron una suspensión, por el hecho de que el Código Penal no prevé una sanción precisa por el delito de abuso de autoridad, por lo que cualquier pena que se impusiera a los inculpados sería "ilegal".