Hay intromisión de Fox, dicen senadores de ambos partidos

PRI y PAN rechazan que hayan pactado

Mientras senadores de PAN y PRI dejaron en claro ayer que en el proceso de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, existe intromisión del Ejecutivo federal, y que de las decisiones "buenas o malas" de la Cámara de Diputados sobre el tema "va a depender en mucho" el proceso político electoral de 2006, las dirigencias nacionales de ambos partidos rechazaron que existan "pactos o negociaciones" encaminadas a desaforar al funcionario perredista y apremiaron a que ya se defina el asunto.

En tanto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, que agrupa a 54 organizaciones no gubernamentales (ONG), consideró que el tema del desafuero y la pérdida de derechos políticos del aspirante presidencial perredista "se ha convertido en un polémico asunto que cuestiona la aún débil estructura democrática representativa en México".

Mediante un comunicado de prensa, el organismo civil refirió que "la aplicación arbitraria y discrecional de la ley en este caso está dando como resultado que el gobierno federal violente el principio de presunción de inocencia, los derechos políticos del jefe de Gobierno capitalino y el derecho al voto de los ciudadanos".

A tres días de que la sección instructora de la Cámara de Diputados emita el dictamen sobre el desafuero de López Obrador, el senador panista César Jáuregui destacó que por existir intromisión del Ejecutivo en el proceso de desafuero contra López Obrador, la Cámara de Diputados debería declarar no procedente el juicio de procedencia.

Recordó que precisamente el fuero nació para advertir de las asechanzas de posibles adversarios políticos que pretendan magnificar o encauzar una acción penal para desvirtuar la acción política de un oponente, es decir, subrayó el legislador, "el fuero nació como protección contra los poderosos".

La senadora priísta Dulce María Sauri manifestó su preocupación respecto de que "de las buenas o malas decisiones que tome la Cámara de Diputados en el proceso de juicio de desafuero del jefe de Gobierno va a depender en mucho el proceso político-electoral del año próximo".

Sauri advirtió que hay inquietud en la sociedad porque ésta intuye que se va a tomar una determinación que tendrá un impacto mucho más allá de una simple decisión del proceso de desafuero. "La gente asume que aquí se están tomando posiciones para la lucha electoral de 2006", añadió.

La senadora explicó que la percepción de la gente es que si se le quita el fuero al jefe de Gobierno "se juzga que de manera indebida va a existir una ventaja para los otros partidos políticos en 2006, y obviamente el que sea percibido como que tiene una mayoría y una actitud ventajosa para eliminar a un adversario va a ser castigado. El PRI, por el número de diputados que tiene en la sección instructora, y por la decisión que tome en el pleno, va a tener una consecuencia de su acción".

El panista César Jáuregui subrayó que "al haber involucramiento de la autoridad presidencial por algunas declaraciones que hizo, a mí me parece que lo que se debe analizar es la conveniencia del desafuero, porque el fuero nació como protección contra los poderosos. Yo me inclino por que la Cámara declare que no procede el desafuero por haberse involucrado la autoridad presidencial".

En tanto, el vocero del CEN del PRI, Sergio Martínez Chavarría, negó que el presidente de ese partido, Roberto Madrazo, se haya reunido en fecha reciente con el secretario de Gobernación, Santiago Creel.

Respecto a la supuesta negociación entre el gobierno federal y el PRI en torno al desafuero, aseguró: "En el PRI no hay negociaciones con el gobierno federal de ningún tipo, y menos al margen de la ley. Por el contrario, el tricolor está en favor de la despolitización del juicio de procedencia".

Por su parte, el secretario de Organización de la dirigencia priísta, José Ramón Martel, planteó en un comunicado que el tema del desafuero "no está en la agenda de prioridades del CEN del PRI". Subrayó que los diputados priístas que forman parte de la sección instructora "tienen el apoyo de la dirigencia nacional del PRI en la toma de decisiones y en su libertad al voto, al igual que el resto de los integrantes de la bancada priísta en la Cámara de Diputados".

En el PAN también hubo opiniones sobre el desafuero. Arturo García Portillo, secretario general de ese instituto político, refirió que ya debe resolverse el tema, independientemente del sentido que tome.

Asimismo descartó que exista línea de la dirigencia nacional del PAN hacia la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados para resolver el dictamen correspondiente. "La única línea que se ha dado a los legisladores -aseguró- es que se atengan a los méritos del expediente y que lo valoren con criterio jurídico y no político."

Aun cuando aseguró que los panistas "no podemos prefigurar" el resultado final del dictamen, dijo que el PAN ha planteado a sus legisladores la importancia de "presentar un frente común" en el momento en que sus 149 diputados emitan su voto en una sesión plenaria encabezada por el representante de ese partido en la sección instructora, Alvaro Elías Loredo.

Posturas de grupos religiosos

Ante el debate que ha generado el desafuero del jefe de Gobierno y el riesgo de que esto lesione el proceso electoral de 2006, diversas organizaciones, entre ellas el Observatorio Eclesial, Comunidades Eclesiales de Base y la Comisión Intercongregacional, Justicia, Vida y Paz exhortaron a los partidos políticos, al Congreso de la Unión, a los medios de comunicación y al Poder Judicial a conducirse en total apego al "sentido ético", para contribuir a la justicia y a una convivencia social y política pacífica.

En un pronunciamiento estas agrupaciones solicitaron al Poder Judicial que "asuma con neutralidad el papel de árbitro al que lo han llevado las pugnas entre los partidos políticos y entre los poderes", y le expone que si los institutos políticos "han decidido judicializar la política" trabaje, al menos, por impedir que se "partidice la administración de la justicia".

En la ciudad de Aguascalientes, Diego Valadés, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconoció que si se da el desafuero podría haber inestabilidad en el país.

Mientras, en el puerto de Veracruz, la ex gobernadora priísta de Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel refirió que ni el CEN del PRI ni cualquier otro personaje externo deberá influir en la decisión de los legisladores de ese partido sobre el voto que tendrán que emitir.

En tanto, las dirigencias estatales del PRD definirán hoy los últimos detalles para iniciar al siguiente día marchas y movilizaciones en diversas ciudades del país en apoyo a López Obrador.

Víctor Ballinas, Elizabeth Velasco y Carolina Gómez, reporteros, y corresponsales