Bush ordenó una nueva evaluación en febrero de este año, pero fue soslayada

Texas, renuente a revisar el caso de mexicanos condenados a muerte

La situación pone en entredicho el compromiso de EU con los derechos humanos, señala Aministía Internacional

El fallo demorará dos o tres meses más

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 28 de marzo. El caso de 51 mexicanos condenados a muerte -cuyos derechos a entrevistarse con sus representantes consulares fueron violados- fue presentado ante la Suprema Corte de Estados Unidos, en torno al cual gira la pregunta que interesa a todo el mundo: ¿Estados Unidos está dispuesto o no en cumplir con sus obligaciones legales internacionales?

Aunque no se espera ninguna decisión de la Corte sobre el caso hasta junio, incluida la determinación de si Washington tiene que cumplir o no el derecho internacional en estos casos, la respuesta del go-bierno de George W. Bush sobre el tema ya se conoce: a veces, pero sólo cuando el presidente decida si cumplir las convenciones internacionales está en el "interés nacional" del país.

En torno a este caso, el gobierno estadunidense ofreció una doble solución. En primer lugar, cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia que ordena la revisión de los casos para evaluar el daño ocasionado a los mexicanos por la violación de sus derechos consulares. En segundo, anunciar que Estados Unidos se retira del protocolo que lo obliga a acatar los fallos de la misma corte. Es decir, aceptará un fallo, pero ni una más.

Sin embargo, cuando Bush aceptó el fallo y emitió una "determinación" ejecutiva para que los tribunales estatales de Texas revisaran los casos de los 51 mexicanos condenados a muerte y evaluar si la violación de sus derechos ameritaba nuevos juicios o audiencias, el gobierno de Texas no aceptó la autoridad presidencial en el asunto.

La Procuraduría General de Texas se-ñaló entonces que los mexicanos no tenían derecho de apelar de sus casos ante tribunales federales e indicó también que no quedaba claro si presidente tenía la autoridad para ordenar a tribunales estatales aceptar el fallo de la Corte Internacional.

Cuando Bush era gobernador de Texas, él y su actual procurador general, Alberto Gonzales, rechazaron la autoridad de la Corte Internacional de Justicia y de Washington sobre los casos de pena de muerte en el estado.

De hecho, en el caso de un mexicano ejecutado informaron formalmente a Washington que Texas no había firmado la Convención de Viena, la cual establece el derecho de extranjeros detenidos a entrevistarse con los representantes consulares de su país de origen.

Por ello, el caso de los 51 mexicanos que se encuentran en la antesala de la muerte no sólo tiene ahora disputas legales por la relación de Estados Unidos y la ley internacional, sino por las facultades que reclaman el poder federal y los estados.

Este día los jueces de la Suprema Corte escucharon los argumentos de las partes del caso conocido como Medellín vs. Dretke, y se anticipa que emitirán su decisión en dos o tres meses. Sin embargo, en su intervención adelantaron la posibilidad de no intervenir en esta disputa y que el asunto se resuelva en los tribunales del estado de Texas.

El gobierno de Texas insistió hoy en que los extranjeros no tienen derecho de apelar de sus sentencias en los tribunales federales si alegan que sus derechos consultares fueron violados.

Agregó que José Ernesto Medellín -al igual que otros 50 mexicanos condenados a la pena capital- no invocó durante su juicio la violación de su derecho a entrevistarse con autoridades consulares de su país, como establece la Convención de Viena.

Por su parte, los abogados de Medellín solicitaron que la Suprema Corte mantenga abierto el caso mientras intentan llevarlo de regreso a los tribunales de Texas para que sea evaluado ahí por instrucciones del presidente.

Al parecer, los gobiernos federal, estatal y el acusado están dispuestos a regresar a los tribunales estatales para que ahí se analicen éste y otros casos, aunque los abogados de Medellín desean mantener abierta la puerta de tribunales federales y de la Suprema Corte.

De su lado, los jueces no mostraron disposición alguna a analizar las implicaciones del caso en torno a un asunto fundamental: si los tratados y convenciones internacionales son vigentes en casos legales internos. Tal vez buscarán evitar el tema por ahora.

Bush ordenó la revisión en febrero

El 31 de marzo de 2004 la Corte Internacional de Justicia determinó que Estados Unidos tendría que evaluar los casos de 51 mexicanos condendas a la pena de muerte, debido a que violó de sus derechos consagrados en la Convención de Viena, por lo que el presidente George W. Bush hizo pública su "determinación" el 28 de febrero de este año.

William F. Schulz, director de Amnistía Internacional Estados Unidos, declaró hoy que a pesar de que este país ratificó la convención junto con 100 naciones más para garantizar el mismo trato a sus ciudadanos, "ha violado repetidamente su palabra". Esta práctica "mina la credibilidad de Estados Unidos y envía el mensaje de que ésta es una nación que sólo honra sus compromisos cuando le conviene", indicó.

Asistencia de la SRE a José Medellín

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, por su parte, que en la audiencia ante la Suprema Corte de Estados Unidos, Medellín Rojas presentó sus argumentos orales con la asistencia de representantes de la cancillería y la embajada de México en Washington. Participaron también abogados del Programa de Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital, de la SRE, y la defensa del inculpado. La participación del gobierno de México se llevó a cabo en calidad de "amigo de la corte" (amicus curiae) y en apoyo a la defensa del connacional.