¿Desafuero patriótico?
El 30 de marzo de 2005 podría pasar a la historia como el detonante de un ya basta social ante los atropellos del PRIAN en nombre del "derecho". La decisión de la sección instructora sobre el desafuero de López Obrador marcará el sentido de la votación del pleno de la Cámara de Diputados, convertido en jurado de procedencia. No podemos descartar que el cálculo político de costos y beneficios en los mercadeos de última hora resulte en el eventual triunfo del no al desafuero. Sin embargo, los signos que se conocen apuntan a la consolidación del uso faccioso del derecho y a la desviación del poder para eliminar a un adversario político.
Se ha intensificado la campaña en algunos medios contra el jefe de Gobierno buscando descalificarlo, con el fin de amortiguar las reacciones sociales que en su defensa se presentarán si los diputados le quitan el fuero; inclusive la PGR, curándose en salud, publicó una carta en torno de la defensa de "la legalidad" y ocultó que pudo decidir el no ejercicio de la acción penal ante la remisión que un juez le hizo del caso El Encino.
Por otra parte, las sucesivas declaraciones del foxismo en torno de las movilizaciones previstas contra el desafuero, señalando de antemano la presunta responsabilidad de López Obrador en lo que llama inestabilidad o violencia posible, indican el grado de perversidad de éste. Ya un columnista del periódico El Universal evocó la opinión de "juristas", quienes encuadraron el llamado a la resistencia pacífica en el delito de "motín". El colmo fue que desde la PGR se afirmó: "¿Y el hecho de estar alentando, de convocar, a que se pronuncien en contra de un acto de autoridad es conforme a la ley o contra la ley?" (Vega Memije, Reforma, 27 de marzo de 2005.)
Se busca aumentar el miedo entre la ciudadanía para que no se lance a la calle, en ejercicio de sus derechos, a protestar contra el atropello, cuya consolidación se perfila, y tampoco se descarta la infiltración de provocadores. El miedo es una arma letal que les funcionó bien en 1994, por ello son desafortunadas las referencias, algunas de buena fe, de que el desafuero "despertará al México bronco" o "hará que la gente se vaya al monte", o peor aún, como atribuyeron a la CIA: vendrá una supuesta "revolución indígena".
En ese contexto, bien podemos imaginar que la decisión del golpe de Estado está tomada a cualquier costo. Detenerse a estas alturas significaría en los hechos reconocer la fragilidad de la maniobra "jurídica" y dar un motivo más para fortalecer la figura de López Obrador. Curiosamente, estos días, algunos actores se han lavado las manos, perdón, se han deslindado del desafuero, argumentando los costos políticos de tal decisión, sin referencia alguna a su claro contenido ilegal y sin definirse frente a las fuerzas que prepararon la embestida. Contrasta la postura de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, que ofreció un análisis jurídico serio en torno de la privación de los derechos políticos que el desafuero entraña, mientras otros expresan preocupación por la "polarización" y pretenden colocarse por encima de los actores en disputa.
Si bien destaca la postura honesta de quienes se oponen al desafuero pero se manifiestan distantes de López Obrador y del proyecto, hay otros que acarician la idea de que sea eliminado un adversario poderoso. Para ellos se perfila el desafuero útil, como fue el voto en 2000.
Bien lo dijo el jefe de Gobierno: "El desafuero también ha permitido contemplar el verdadero rostro de los simuladores, de los que se quejaban del fraude patriótico, pero ahora vociferan en favor de lo que conciben, en su fundamentalismo, como desafuero patriótico. No cabe duda que su verdadera doctrina es la hipocresía" (21 de marzo de 2005).
Sin duda estamos ante escenarios de riesgo, no se puede esperar que la ciudadanía se cruce de brazos ante la arbitrariedad. Tiene todo el derecho de expresar pacíficamente su rechazo a la decisión que busca sacar de la contienda al político con mayor simpatía en todo el país. Con esta aventura el foxismo llevará al trasto el capital político que el PAN había acumulado y la alternancia será una auténtica victoria pírrica. Falta ver si los salinistas del PRI definen la votación de sus diputados. También habrá que observar el cierre del mercadeo de último momento sobre temas como el Pemexgate o el genocidio del 2 de octubre de 1968, sin dejar fuera los beneficios económicos a las entidades por excedentes petroleros (Milenio, 28 de marzo de 2005).
Está en juego la credibilidad ciudadana en el estado de derecho, de la cual puede resultar un reforzamiento de la apatía y del desprecio por la política y los políticos. Recordemos que del abstencionismo se nutrió el PRI. Vaya paradoja en nombre de la "legalidad". El PRIAN, con sus "usos y costumbres", prepara un nuevo blindaje a la impunidad.