Quejosos afirman que los dirigentes controlan también Tierra Nueva de Azcapotzalco
Reactivarán denuncias contra líderes antorchistas y ex funcionarios de la GAM
Les daban pagarés a nombre de Fividesu, pero las cuentas bancarias eran de particulares
Ex integrantes de la organización civil Antorcha Popular que habitan en la colonia Fraccionamiento Popular Tlacaélel, fundada por dicha organización al invadir terrenos del paraje La Joya, en la Sierra de Guadalupe, en la delegación Gustavo A. Madero, buscarán reactivar las denuncias que presentaron hace unos 9 años en contra de los dirigentes de la organización, a quienes acusaron de un fraude en contubernio con el entonces jefe delegacional, José Parcero, al fraccionar y vender los lotes que ocupan entregándoles un pagaré expedido por el Fideicomiso para la Vivienda y el Desarrollo Urbano (Fividesu), pero que depositaban a una cuenta particular.
Colonos de Tlacaélel aseguran que por prácticas como las que denunciaron los ex antorchistas expulsados del campamento de la colonia Tierra Nueva en Azcapotzalco (publicadas en La Jornada, 2 de marzo) y que consisten en faenas de volanteo, boteo, compra de boletos de rifas fantasmas, pago de cuotas y participación en manifestaciones, se fueron separando de la organización gradualmente.
Sin embargo, a diferencia de los colonos de Azcapotzalco, que fueron expulsados de manera pacífica, en aquel entonces sí se utilizaba la fuerza e incluso expulsaban a la gente a punta de pistola como consta en las averiguaciones previas 21-00425-9602; 21-00786-9603 y 21-1353-9605 a las que nunca se les dio curso o extrañamente se extraviaban.
Aseguran que si bien actualmente carecen de influencia entre la mayoría de la comunidad, la organización controla aún a unas 50 familias que viven en chozas dentro del área conocida como manzana provisional 15, que ya antes había sido desalojada y recuperada por el gobierno de la ciudad por ser zona de alto riesgo, ya que por ahí bajan las aguas broncas de la Sierra de Guadalupe en temporada de lluvia.
Los problemas con la organización comenzaron cuando se descubrió el fraude que los dirigentes de la colonia realizaban en contubernio con el ex delegado Parcero López. Luego de que se expropiaron los terrenos, Antorcha Popular informó a los colonos que el gobierno les vendería cada uno de los alrededor de 300 lotes a 25 mil pesos, a pagar en seis años.
Para ello les entregaban pagarés que decían: "por el presente pagaré me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de Fividesu y/o delegación Gustavo A. Madero, el día 1 de octubre de 1995 la cantidad de N$ 416.00" y advertía que por tratarse de un instrumento mercantil, en caso de no pagar, su cobro sería "exigible judicial o extrajudicialmente" con un interés mensual de 1.5 por ciento.
Inclusive, el subdelegado Jurídico y de Gobierno de Gustavo A. Madero, Alejandro Campos Viquez, y el coordinador del Programa de Conservación Ecológica de la demarcación, Carlos Mendoza Herrera, les firmaron actas de posesión.
Sin embargo, los pagos se realizaban a cuentas particulares a nombre de Celia Torres y Everardo Lara Covarrubias, pagos que se suspendieron al comenzar la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, en diciembre de 1997.
De esta manera se enteraron de que nunca existió un proyecto de vivienda, como confirmaron mediante un oficio de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Invi-Fividesu en mayo del 2000: "En contestación a su escrito de fecha 24 de abril del año en curso, por medio del cual solicitaron a este Fideicomiso si existe algún programa de vivienda en el Fraccionamiento Popular denominado Tlacaélel, en Cuautepec Barrio Alto, correspondiente a la Zona 9, delegación Gustavo A. Madero, al respecto se les informa que después de realizar una búsqueda en los archivos de padrones de los diferentes programas de vivienda que tiene a su cargo la Dirección de Desarrollo Social de este Fiodeicomiso, no se localizó programa alguno."
Los líderes de Antorcha Popular en la colonia, aseguran los inconformes, son los mismos que controlan el campamento de la colonia Tierra Nueva en la delegación Azcapotzalco: Rodolfo y Angel (o Crescencio) de la Cruz Meléndez, así como Eduardo González Carmona, quienes se apoderaron además de un salón comunitario que construyó la delegación y que rentan para realizar fiestas, en las que controlan la venta de bebidas alcohólicas.
Se apoderaron además del edificio que comenzó a construir la comunidad para la casa del estudiante con materiales de la delegación y jornadas de trabajo de los mismos colonos, y que usan como su domicilio particular. Además, presionando a las autoridades delegacionales con marchas y plantones, siguen obteniendo materiales para construcción de la delegación Gustavo A. Madero, argumentando que son para edificar la escuela preprimaria que comenzaron a hacer en 1996, pero los desvían para su beneficio personal.
Los también ex antorchistas de Tlacaélel explicaron que la organización Antorcha Popular utilizaba el mismo sistema de cuotas que aplica en el campamento de Azcapotzalco, además de la participación obligatoria en marchas y plantones.
"Trafican hasta con la muerte", acusaron los entrevistados, pues cuando una persona de Tlacaélel o de las otras colonias y campamentos antorchistas fallecía, hacían colectas y entregaban a los familiares una pequeña cantidad que ni siquiera cubría los gastos del sepelio.
En ese entonces, así como ahora piden cooperación para suscribirse a una revista que editan en el estado de Puebla, los obligaban a comprar un periódico llamado El Tlanese, cada semana, a un precio de 3 pesos.
Las cuotas mensuales que pagaban eran de 10 pesos y además tenían que entregar azúcar, frijoles, sopa, entre otros productos básicos, para armar las despensas que rifaban en 4 ó 5 colonias, y en diciembre tenían que comprar boletos para rifas de televisiones, videocaseteras, grabadoras, planchas, licuadoras y otros electrodomésticos que nunca sabían quién los ganaba, porque les decían que habían quedado entre los habitantes de otras colonias.