La guerra de las etiquetas
A veces la guerra tiende a verse en términos de grandes acontecimientos, batallas y alianzas estratégicas. Pero los términos de un conflicto también se pueden observar en la etiqueta de una lata de conservas. O para decirlo de otro modo, no todas las tormentas en un vaso de agua son insignificantes.
La controversia comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) sigue su curso en varios escenarios. Mientras continúan las deliberaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC) abierto a demanda de Estados Unidos, una nueva fase se abre en el seno de la comisión del Codex Alimentarius.
La disputa comercial que enfrenta a estadunidenses y europeos es la más importante desde que se creó la OMC; más allá de los 400 mil millones de dólares que están involucrados en flujos de comercio, sus ramificaciones alcanzan la agricultura, la industria, la salud humana y el medio ambiente. Una vez más, los estadunidenses pretenden reclutar a México para que los apoye en su lucha contra el etiquetado obligatorio de productos con OGM.
En mayo se reúne en Malasia el Comité del Codex Alimentarius sobre etiquetado de productos alimenticios (CCFL, por sus siglas en inglés) y el tema a tratar es el etiquetado de productos elaborados con OGM o que contengan estos organismos. El Codex Alimentarius es la referencia legal del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio de la OMC. Si un país es demandado ante la OMC y sus normas no son compatibles con las del Codex Alimentarius, estará sujeto a las sanciones que constituyen los colmillos de la OMC: las medidas compensatorias.
Muy pocos países apoyan a Estados Unidos en su pretensión de que esos productos no son distintos de los convencionales y, por lo tanto, no merecen tener una etiqueta que los distinga. Por su aislamiento, Estados Unidos busca desesperadamente el apoyo de México. La debilidad del gobierno mexicano por el lobby de la biotecnología podría facilitar la tarea de la diplomacia estadunidense. Pero hay un problema: en México sí es obligatorio el etiquetado de todos los productos que contengan o hayan sido elaborados con OGM.
A pesar de las ambigüedades con las que se quiso rodear el Título Sexto de la recientemente aprobada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) esa obligación queda establecida en el artículo 101. Ese precepto establece que esos productos ''deberán garantizar la referencia explícita de organismos genéticamente modificados y señalar en la etiqueta la información de su composición alimenticia o sus propiedades nutrimentales, en aquellos casos en que estas características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales''.
Es decir, el artículo 101 establece dos niveles de información para las etiquetas de productos con OGM. El primero es general: todos esos productos deben garantizar la referencia explícita a los OGM. El segundo se presenta en el supuesto de que sus características sean significativamente distintas de las de los productos convencionales.
Además de garantizar la referencia explícita a los OGM, las etiquetas deben contener información sobre las propiedades de esos productos cuando se cumpla el supuesto jurídico de que sean significativamente distintas. Ese supuesto estipula que solamente en ese caso se debe incluir información sobre las propiedades en las etiquetas, pero en todos los casos en los que hay OGM de por medio, la etiqueta debe mencionar explícitamente ese hecho. Los trucos sucios de los promotores de esta ley fallaron en este punto por exceso de celo. Los autores de la LBOGM se empeñaron en contaminar con tanta ambigüedad el texto, que no se dieron cuenta que estaban sentando las bases de un régimen de etiquetado obligatorio.
En síntesis, el régimen de la LBOGM para el etiquetado de productos con OGM es afín al de la Unión Europea. Será interesante observar los argumentos de los representantes mexicanos en el CCFL del Codex Alimentarius, si es que deciden acompañar al pequeñísimo grupo de países que todavía apoya la posición de Estados Unidos.
Lo que está en juego no es poca cosa. El Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio (ABT) de la OMC permite a un país exigir el etiquetado obligatorio cuando los procesos de producción o métodos (PPM) dejen huellas en el producto. La presencia de materiales transgénicos en los productos es suficiente para que un país pueda exigir etiquetas con dicha información. Ese régimen es consistente con las exigencias de la OMC. Pero si el Codex Alimentarius, por alguna razón, decide que no hay bases técnicas para demandar el etiquetado obligatorio, la solución de controversias en la OMC deberá ceñirse a ese régimen.
La guerra de las etiquetas no es un episodio menor. De sus resultados depende la penetración y consolidación en el mercado de los productos transgénicos, con todas sus implicaciones económicas y ambientales. Como en muchas cosas de la vida, lo grande está en lo pequeño.