La comisión del caso de la ALDF señala también a otros tres funcionarios
El titular de la SSP federal, responsable por linchamientos en Tláhuac: diputados
La Comisión Especial del Caso Tláhuac, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) concluyó ayer sus trabajos, y como parte de su informe confirmó que cuatro funcionarios federales, encabezados por el secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Ramón Martín Huerta, tienen responsabilidad en el linchamiento de dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), pues pudiendo intervenir para rescatarlos no lo hicieron, por lo que propuso a la Comisión de Gobierno que los denuncie penalmente.
En la sesión, a la cual acudieron únicamente los diputados del PRD, el presidente de esa comisión, Julio César Moreno, detalló los resultados de tres meses de trabajo, en los cuales recibieron las comparecencias de mandos policiacos del gobierno de la ciudad y recorrieron la zona de San Juan Ixtayopan, pero no pudo concretar las reuniones con funcionarios federales de la PFP ni recibir los informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para tener completo el panorama de lo que ocurrió aquella noche del 23 de noviembre del año pasado.
Según el informe de la comisión quedó claro que existen los elementos suficientes para proceder penalmente contra Ramón Martín Huerta, Luis Palacios Razo, director de Inteligencia de la PFP; los almirantes Arturo Muñoz Villafaña, responsable de las Fuerzas Federales Preventivas, y José Luis Figueroa Cuevas, ex comisionado de la PFP, por su actitud probablemente constitutiva de los delitos de negación del servicio público y coalición de servidores públicos.
De acuerdo con Moreno Rivera, la comisión llegó a 14 conclusiones, entre ellas que fue precipitada la decisión de remover de su cargo al entonces jefe de la policía del DF, Marcelo Ebrard.
También, la falta de información por parte de Martín Huerta privó de elementos objetivos el quehacer de los diputados, siendo que la actuación de la secretaría a su cargo repercutió en el origen de los hechos que tuvieron como descenlace el linchamiento de Víctor Mireles y Cristobal Bonilla, además de las graves lesiones a Edgar Moreno Nolasco.
Un resultado más es que los autores materiales de aquellos hechos no son precisamente los que están privados hoy de su libertad, por lo que se pide a la Comisión de Gobierno hacer un exhorto a la Procuraduría General de la República para que se conduzca con toda objetividad e imparcialidad en su indagatoria.
En entrevista, Moreno Rivera comentó que en el caso de la delegada en Tláhuac, Fátima Mena, podría desprenderse responsabilidad de su parte, pues al parecer no hizo nada ante las quejas que desde dos semanas antes le habían reportado los vecinos, quienes sorprendieron a los agentes federales en labores de espionaje.
Al informe final se sumaron, como colofón, las propuestas de los diputados perredistas Lourdes Alonso, Héctor Guijosa, Juventino Rodríguez y Julio Escamilla Salinas, como solicitar a la PFP que se conduzca conforme a su normatividad interna, pues ni se coordinó con las autoridades locales ni brindó seguridad a sus elementos que realizaban tareas oficiales.
Por último, el presidente de dicha comisión dejó en claro que si la PGR no llama a declarar a Ramón Martín Huerta para que aclare su papel en el linchamiento, los grupos parlamentarios en lo particular, como el del PRD, podrían proceder penalmente.