Exhibe documentos contra el subprocurador de la PGR

Imputa Batres peculado y fraude a Vega Memije

Lo vincula a compraventa de terrenos agrícolas en 1982

CIRO PEREZ SILVA

El subprocurador de Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Carlos Vega Memije -quien tiene a su cargo la acusación contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador-, es presunto responsable de los delitos de tráfico de influencias, peculado y fraude, "es un delincuente que tiene cuentas pendientes con el Estado", sostuvo el dirigente electo del PRD capitalino, Martí Batres Guadarrama.

En conferencia de prensa y acompañado por el líder nacional electo del PRD, Leonel Cota Montaño, afirmó que el 4 de junio de 1982 el personaje que quiere enderezar la acusación, entonces secretario particular de José López Portillo, se benefició de la desincorporación de 218 hectáreas de terrenos agrícolas en Campeche, enajenación autorizada por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación, para realizarse "a título oneroso y fuera de subasta a fin de utilizarlo con fines agropecuarios", preceptos que no fueron atendidos y prefiguran los delitos mencionados.

Batres Guadarrama informó que se procederá a formular la denuncia respectiva ante la PGR, y sostuvo que este ejemplo muestra que los operadores de Vicente Fox son los mismos de José López Portillo y de Carlos Salinas de Gortari, "figuras centrales de regímenes corruptos y represores".

Muestra también, agregó, que aquellos que quieren acusar al jefe de Gobierno "carecen de toda autoridad moral" para realizar cualquier tipo de señalamiento, "y evidencia también que detrás de la acusación a López Obrador están las mismas mafias del viejo régimen, que han sido protegidas, alentadas y reinstaladas por el presidente Vicente Fox, quien supuestamente iba a ser el presidente del cambio".

Advirtió que el supuesto "gobierno del cambio" prometió castigar a los grandes criminales y corruptos del pasado, pero no lo hizo. "Los perdonó y hasta los reinstaló en los aparatos principales del poder. Algunos de esos criminales son los que operan intelectual y materialmente el proyecto de desafuero, están insertados y apoderados de forma completa de la PGR. Uno de los personajes más oscuros del viejo régimen represivo, corrupto y autoritario del PRI ha sido el encargado de articular la acusación contra López Obrador, quien no violó ley alguna", comentó Batres Guadarrama.

El ex secretario de López Portillo

Recordó que Vega Memije fue, además de secretario particular de López Portillo, director de Gobierno en el Departamento del Distrito Federal, y en 1991 fue secretario de Gobierno en Guerrero, lapso en el que fueron asesinados 41 perredistas en aquella entidad. "También fue subdelegado jurídico en la delegación Cuauhtémoc y posteriormente pasó a ser el titular de la demarcación, justo en la peor época de Oscar Espinosa Villarreal, la de mayor crecimiento de giros negros, antros y centros de prostitución", relató el dirigente.

De acuerdo con los documentos mostrados por Batres Guadarrama, entre otros el Diario Oficial de la Federación del 4 de junio de 1982, oficio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad del Carmen, Campeche, y otros que dan cuenta de las operaciones mencionadas en torno al predio Las Palomas, se prefiguran los delitos de tráfico de influencias, peculado y fraude a cargo de Vega Memije.

Con estos documentos, Batres Guadarrama explicó que la extensión del terreno otorgada por el presidente López Portillo a Vega Memije rebasa los parámetros establecidos por la legislación agraria vigente en ese momento, ya que, asegura, los límites que podía haber en la pequeña propiedad no debían rebasar las 200 hectáreas; además, el artículo 204 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, vigente en el momento del decreto presidencial, señala que las propiedades de la Federación serán afectables para ampliar ejidos o crear nuevos centros de población.

Prohíbe también, precisó Batres, la enajenación a título oneroso o gratuito de los terrenos pertenecientes a la Federación, como sucedió en el caso citado, en clara violación a la Ley General de Bienes Nacionales.

Sostiene que con ello se demuestran las acusaciones, ya que no sólo se violaron las leyes vigentes, sino que este predio, que debió utilizarse "con fines agropecuarios", como lo señala el Diario Oficial de la Federación, fue revendido por Vega Memije, apenas 20 días después de haberlo recibido, a Roberto Casillas Hernández, quien fue el secretario particular de López Portillo inmediato anterior al propio Vega, lo que tipifica el fraude.

El precio de compraventa fue de 654 mil viejos pesos, apenas 654 pesos nuevos, es decir, 12 centavos por metro cuadrado a precios actuales, de acuerdo con el ajuste inflacionario, aseguró Batres Guadarrama, quien insistió en que "Vega Memije es un delincuente que tiene cuentas pendientes con el Estado, ya que fue uno de los protagonistas del saqueo lopezportillista del patrimonio público y es hoy el personaje que quiere enderezar la acusación contra López Obrador".

Movilizaciones, "la única salida": Cota

En tanto, el dirigente nacional electo del PRD, Leonel Cota Montaño, afirmó que una vez rendida la protesta de ley el 22 de abril, el PRD va a continuar "de manera muy firme", si no se detiene el proceso de desafuero, "con las movilizaciones en el país, porque no hay otra salida legal". Subrayó que cualquier acción se hará sin afectar derechos de terceros. "No vamos a dar, bajo ningún concepto, un paso fuera de la legalidad", enfatizó.

Cota Montaño agregó que nadie podrá tomar como pretexto estas movilizaciones, a las que convocará la dirigencia perredista, para encontrar acciones ilegales. "El PRD no va a avalar, bajo ninguna circunstancia, ningún acto indebido o que afecte a terceras personas", enfatizó.