Hay antecedente en tribunales: subprocurador
No procede suspensión en caso de que se pierdan derechos políticos
El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Ramos Flores, sostuvo ayer que hay precedente en tribunales colegiados de que no procede la suspensión en caso de que se pierdan los derechos políticos por estar sujeto a proceso penal.
Entrevistado en relación con el eventual desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, Ramos Flores expresó: "hay disposición constitucional de que cuando se dicta auto de formal prisión quedan suspendidos los derechos polítidos".
Sin embargo, cuando se le interrogó sobre la posibilidad de que López Obrador interponga un amparo y con ello solicite la suspensión para mantener sus derechos políticos aun cuando esté bajo proceso por el presunto desacato, el funcionario admitió que finalmente son los tribunales los que tienen la última palabra.
Agregó que en caso de que la Cámara de Diputados determinara desaforar al jefe de Gobierno capitalino el próximo jueves y el Ministerio Público Federal consignara el expediente, sería sólo cuando el juez de la causa dictara el auto de formal prisión que López Obrador quedaría sin derechos políticos.
Aclaró: "si un juez libra la orden de aprehensión solicitada por la PGR, ésta por sí sola no inhabilita a nadie para contender".
Por otra parte, interrogado en la Universidad La Salle, adonde acudió a un acto académico, sobre el incremento de personal de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en México, el funcionario expresó que no tenía conocimiento del asunto. Además aseveró que en su reciente encuentro con el procurador estadunidense, el procurador Rafael Macedo "no abordó en lo mínimo" lo relativo a la actividad del personal de la DEA en el país.