La SRA y sus políticas neocoloniales
Las políticas neocoloniales contra los pueblos indígenas se han acentuado en el actual gobierno empresarial. Así lo demuestran sus acciones enfocadas a la solución de los conflictos agrarios. En su afán de cumplir la pretensión presidencial de pasar a la historia como el gobierno que resolvió los problemas agrarios de México, los funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) no respetan la ley ni la voluntad de los afectados. Con tal de conseguir sus pretensiones, la única ley válida es la voluntad del todopoderoso gobernante... o la del virrey o corregidor en turno. Ni siquiera se concede a los indígenas el beneficio de considerarlos menores de edad, como fue durante la Colonia; los campesinos, según consideran los modernos encomenderos, no tienen ninguna capacidad para resolver sus problemas y por eso ellos deciden su futuro, ya que, como sus antecesores, creen que ellos sí saben cómo hacerlo.
¿De qué otra manera se puede concebir el trato que la SRA da al conflicto agrario entre San Pedro Yosotato y San Sebastián Nopalera, en la Mixteca oaxaqueña, por la invasión de tierras que los últimos hicieran en perjuicio de los primeros? El problema, que se agudizó en 1998, lleva muchos años, pero los afectados no se han cansado de denunciarlo y no se ha resuelto porque en Oaxaca, como en muchas partes del país, no se aplica la ley, sino la voluntad de los grupos políticos que pasan sobre ella con la complacencia cómplice de las autoridades frente a ese atropello. Esto es una constante, ya se sabe, pero se acentúa con las políticas de los funcionarios agrarios, quienes desesperados ven pasar el tiempo sin que logren resolver los conflictos que se han propuesto finiquitar.
Esa situación los ha llevado al absurdo de proponer medidas de corto plazo que simulen una solución del conflicto en lugar de adoptar una estrategia de mediano y largo plazos -una política de Estado, no de gobierno y menos de funcionarios en turno- que ataque las causas profundas de los conflictos.
En palabras de los afectados, los funcionarios de la SRA se han dedicado a presionarlos para que acepten vender -ceder sus derechos, dice la propia secretaría en comunicación oficial- a sus vecinos que les han invadido sus tierras. En otras palabras, la SRA pretende ampliar y legalizar el despojo que unos campesinos iniciaron de manera ilegal, sin importarles que al hacerlo se coloquen fuera de la ley a la que deben ajustar sus actos.
Digan si no. La actual Ley Agraria establece que las tierras de uso común son inalienables, que los únicos facultados para decidir el destino de sus tierras son los ejidatarios en una asamblea general de carácter especial, que cuando se decida acabar con el régimen ejidal -como la SRA pretende- deben acordarlo los propios ejidatarios en una asamblea también especial y contando con un dictamen previo de la Procuraduría Agraria que muestre la imposibilidad de la continuación del régimen ejidal y que en la asamblea esta institución esté presente, igual que un fedatario público que de fe de los hechos.
Nada de esto ha sucedido en San Pedro Yosotato. Por el contrario, según las más recientes denuncias de los ejidatarios, el representante especial de la SRA en Oaxaca, igual que el coordinador del Grupo Especializado de Atención a focos rojos, están tratando con un comisariado ejidal espurio, cuyo nombramiento no reúne los requisitos de ley; están presionando a los campesinos para que acepten vender sus tierras a cambio de pírricas cantidades de dinero que no solucionarán su problema; están ofreciendo recursos económicos a los opositores para que claudiquen en la defensa de sus derechos. En suma, pretenden que se olviden que ellos son los invadidos, que tienen derechos amparados por el orden jurídico y que las autoridades tienen la obligación de hacerlo respetar en beneficio de todos.
Como en tiempos de la Colonia: la ley se acata, pero no se cumple. Por eso las políticas de la Reforma Agraria resultan tan coloniales como aquellas aplicadas por la corona española de antaño. De más está decir que por ahí los problemas no se resuelven. Por el contrario, se agravan. Y, si no se rectifica, es probable que en lugar de que los campesinos recuerden al actual gobierno como el que resolvió los conflictos agrarios, lo hagan como aquel que los despojó de sus derechos agrarios.