Editorial
Los operarios de la guillotina
La alianza que, sin admitirse a sí misma, ejerce el poder en el país, conformada por los sectores más reaccionarios y autoritarios del Partido Acción Nacional (PAN) y por los más corruptos y sórdidos del Revolucionario Institucional (PRI), ha preparado ya, con minuciosidad digna de mejor causa, el momento culminante de la conjura política, jurídica y mediática contra el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador; conjura que tiene también por víctimas a la tenue transición democrática que pareció haber arrancado hace cinco años y a la voluntad popular que en 2000 eligió al actual gobernante capitalino.
El pacto anunciado ayer entre el presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y los coordinadores de las bancadas panista y priísta de esa instancia, Emilio Chuayffet y José González Morfín orientado a diluir en el voto personal de los legisladores la por demás inocultable responsabilidad que en el desafuero de López Obrador tendrán esas fracciones legislativas y sus respectivas dirigencias partidistas, es indicativo claro e inequívoco de que los promotores de la conspiración y sus operadores cuentan ya con la cantidad de diputados suficiente para privar al gobernante capitalino de su fuero constitucional, separarlo del cargo y dar cauce a la persecución jurídica en su contra. Con la certeza de la mayoría en la bolsa, negociada en las cloacas del poder público y a espaldas de la sociedad, los promotores del desafuero presentarán, el jueves próximo, una simulación de ejercicio democrático en el que los diputados que voten en favor del desafuero pretenderán que lo hacen en atención a los dictados de su conciencia, cuando en realidad estarán siendo meros instrumentos de titiritero.
Se pretenderá, de esa forma, maquillar la decapitación del gobierno capitalino como un acto de un poder soberano y representativo de la ciudadanía. Será, por el contrario, la ejecución de una componenda forjada en la Presidencia, la dirigencia nacional del PRI, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, una puesta en escena que superará, con mucho, las cotas de abyección y sumisión a que llegó la Cámara de Diputados en los peores tiempos del presidencialismo priísta. En el empecinamiento por destruir política y jurídicamente a López Obrador, los conjurados en el poder causarán un daño severo y perdurable a la dignidad del Poder Legislativo.
Como botón de muestra de la claudicación de los diputados a su propia soberanía, baste señalar el propósito de humillación que trasluce la decisión de impedir al acusado el uso de la tribuna del Palacio de San Lázaro y de obligarlo a usar un atril situado bajo el podio de la Presidencia. Ese que parece un detalle menor no puede entenderse, sin embargo, más que como una medida orientada a complacer la animadversión y el encono viscerales que imperan en Los Pinos contra el gobernante capitalino. La mezquindad del grupo gobernante llega hasta el punto de rebajar, física y literalmente, a su adversario político cuando haga uso de la palabra para defenderse.
No está de más recordar quiénes son, en la hora actual, los principales operadores priístas de la guillotina que se ha montado en San Lázaro: Manlio Fabio Beltrones (hechura de Carlos Salinas) tuvo el dudoso e ilegal privilegio de interrogar a solas a Mario Aburto la noche del 23 de septiembre de 1994, horas después del crimen de Lomas Taurinas, y fue quien realizó, días después, a instancias de su entonces (¿o todavía?) jefe, el videodestape de Ernesto Zedillo; y Emilio Chuayffet, quien se desempeñaba como secretario de Gobernación del zedillismo el 22 de diciembre de 1997, cuando se perpetró la matanza de Acteal, en Chiapas, en la que 45 hombres, mujeres y niños inocentes fueron asesinados por paramilitares armados y entrenados por el gobierno federal. En cuanto a los legisladores panistas que negociaron la consumación del proceso de desafuero, y que votarán en favor de esa medida, cabe señalar el dato oprobioso, a la luz de los postulados doctrinarios del PAN de que responderán a instrucciones del Ejecutivo y atropellarán, con ello, uno de los principios elementales de su partido: la separación de poderes.
Los integrantes de las bancadas tricolor y blanquiazul en la Cámara de Diputados todavía están a tiempo de salvar su dignidad personal, política y legislativa, resistirse a las presiones y las órdenes de Los Pinos y de sus dirigencias partidistas, y detener el golpe que no es sólo contra López Obrador, sino también contra la ciudadanía capitalina y contra la democracia, la paz social, la vigencia de los preceptos constitucionales y la decencia republicana.