Si no se procesa al gobernante, "en automático" recobrará sus funciones, sostiene

Diputados, sin atribuciones legales para destituir a López Obrador: Pablo Gómez

El coordinador parlamentario del sol azteca en San Lázaro considera que recluir al tabasqueño en un penal federal sería otro autogol que involucraría al Poder Judicial

ROBERTO GARDUÑO

La decisión de la mayoría integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, con el propósito de desaforar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, no es aplicable en los términos de aprobar la declaratoria y las conclusiones, "porque el órgano legislativo no tiene facultades para emprender la destitución del perredista" como se planteó el viernes pasado, sostuvo el coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez Alvarez.

El líder de la fracción parlamentaria del partido del sol azteca refirió que no se puede confundir el desafuero con la destitución, porque en el primer caso la única facultad de la Cámara de Diputados es aceptar que ha lugar al inicio de un proceso judicial contra el probable inculpado, y se carece constitucionalmente de herramientas legales para emprender la destitución.

Al señalar el escenario probable de que López Obrador no sea procesado por falta de pruebas, Pablo Gómez estableció que no se requerirá que la Cámara de Diputados emprenda la rehabilitación del gobernante, porque el tabasqueño, "en automático, continuará ejerciendo sus funciones".

Ante la insistencia del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, de asegurar que López Obrador puede continuar ejerciendo sus labores habituales, no obstante que el pleno camaral aprobó un hecho distinto, el coordinador parlamentario advirtió la gravedad de una decisión mal tomada por parte de la administración de Vicente Fox una vez que el juez de la causa determinara el inicio de un proceso judicial.

"Vamos a ver si los integrantes del Poder Judicial lo consignan en el Distrito Federal y no que se metan un nuevo autogol al enviarlo a un centro de readaptación social federal", sostuvo Gómez.

De la labor de Manlio Fabio Beltrones durante la sesión del pasado viernes, donde el sonorense propició que se votara la declaratoria y el dictamen, Pablo Gómez estableció que simplemente el también líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) "hizo lo que le ordenaron desde la dirigencia de su partido".

En tanto, el también perredista Gerardo Ulloa Pérez coincidió con su coordinador parlamentario al señalar que la Cámara de Diputados "no está facultada, desde ningún ángulo, para retirar el cargo inmediatamente tomada la decisión del desafuero contra el jefe de Gobierno, porque las atribuciones del Poder Legislativo únicamente tienen que ver con el hecho de despojar de la inmunidad constitucional, que todo gobernante tiene, a López Obrador, y en ese caso lo que debe sobrevenir será demostrar jurídicamente si violó la ley como lo vienen manifestando sus enemigos políticos".

También Eliana García, legisladora perredista, señaló que el panismo "está cometiendo un enorme desatino si pretende enviar a un penal de máxima seguridad a López Obrador; si esto se da lo entenderemos como una guerra contra la izquierda nacional y el PRD" .

Aún con el enojo producido por el desafuero del jefe de Gobierno, la diputada insistió en que el movimiento convocado por López Obrador es de resistencia civil pacífica, no obstante admitió que comienzan a despertarse voces que alientan la provocación.

"Los panistas, furibundos personajes, piensan de la manera más retrógrada al sugerir desproporcionadamente que se lleve el expediente a un penal de máxima seguridad. No quieren entender que López Obrador no es un delincuente, sino un probable preso político".

En ese sentido, Salvador Martínez della Rocca, presidente de la Comisión de Educación en San Lázaro, adelantó que desde el Poder Judicial puede haber mano negra contra el jefe de Gobierno, porque "el señor Mariano Azuela, quien no es un dechado de virtud ni de honradez, ha dado muestras de que en sus arreglos con Vicente Fox le queda por cumplir la decisión de cortar la cabeza al principal contendiente por la Presidencia en 2006".

En el mismo tenor, Francisco Carrillo Soberón manifestó que si se concreta el encarcelamiento de jefe de Gobierno, ocurrirá un retroceso político de 30 años: "este martillazo a la política y a la inmadura democracia mexicana nos costará a todos; priístas y panistas han actuado con irracionalidad y no consideran, no creo siquiera que lo lleguen a pensar, que el país corre peligro de un desbordamiento de incalculables consecuencias".