El caso Nahúm Acosta acrecienta la desconfianza hacia la dependencia: penalistas
La credibilidad de la PGR, en entredicho
Abogados penalistas afirmaron que la decisión de un juez de dictar el auto de libertad a Nahúm Acosta Lugo, ex coordinador de giras presidenciales de Vicente Fox, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de vínculos con la delincuencia organizada, es resultado de un ''grave error y de posibles acciones de negligencia o dolo de los funcionarios responsables de integrar la averiguación previa sobre el caso''.
Enrique Díaz-Aranda, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en derecho penal, señaló que es ''injustificable'' la actuación del Ministerio Público Federal responsable de realizar ''las investigaciones necesarias para acreditar el cuerpo de delito y, en su caso, solicitar ante un juez la orden de aprehensión del presunto responsable para quedar sujeto a un proceso jurídico".
Agregó que es "muy grave" que la PGR no logre acreditar los cargos penales en los casos donde "su credibilidad está de por medio, ya que Acosta Lugo era un alto funcionario con presuntos vínculos con el narcotráfico y cercano al presidente Vicente Fox".
Aseguró que el Ministerio Público Federal ''no tiene ninguna excusa para no integrar adecuadamente la averiguación previa, pues contó con el tiempo y las herramientas jurídicas para recabar las pruebas sobre la probable responsabilidad del detenido".
Díaz Aranda reiteró que no acreditar los cargos ante un juez, "luego de repetidas declaraciones afirmando que sí podrían hacerlo, no sólo pone en entredicho la credibilidad de la PGR, sino de la propia Presidencia de la República, pues tal pareciera que existe una aplicación selectiva de la justicia, ya que en un caso tan importante por la gravedad de los cargos, estos no se pueden acreditar, pero sí en la acusación contra López Obrador, donde el delito no es grave, pero con enormes repercusiones políticas y sociales que no fueron consideradas".
En entrevista por separado, la abogada Gracia Moheno Verduzco señaló que es ''muy sospechoso'' que el Ministerio Público Federal no logre acreditar las acusaciones en un caso que las propias autoridades judiciales ''tenían como resuelto''.
Llama la atención, agregó, que después de tantas averiguaciones y de la consignación ante un juez del expediente ''no se logre establecer el delito'', aunque puntualizó que, sin conocer la investigación, ''resulta muy difícil saber si efectivamente hubo errores o no en la integración del caso''.
No obstante, la litigante reconoció que en los casos ampliamente difundidos ante la opinión pública, en los que no se presentaron pruebas suficientes para determinar que hubo responsabilidad del inculpado, "agudiza la desconfianza que la ciudadanía tiene del sistema de impartición de justicia".
Acosta Lugo, detenido el 3 de febrero y presentado ante un juez el primero de abril, fue acusado por la PGR de filtrar la agenda del presidente Vicente Fox a los hermanos Beltrán Leyva, del cártel de Juárez.
Otro ejemplo de aplicación selectiva de la ley: ONG
Activistas y defensores de derechos humanos consideraron que la orden de libertad otorgada a Acosta Lugo, quien se encontraba detenido en el penal de máxima seguridad de La Palma, es una práctica común de la aplicación ''selectiva'' de la ley que afecta no sólo la impartición de la justicia, sino el acceso a un debido proceso.
Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que la "sujeción" del Ministerio Público Federal a las decisiones del Poder Ejecutivo "daña notablemente la posibilidad de ejercer en México una adecuada aplicación de la justicia".
Al respecto, Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, aseguró que en México existe un "doble rasero para la aplicación de la justicia", por lo que exhortó al gobierno federal que asuma una reforma "responsable" del Poder Judicial que garantice "independencia a las autoridades ministeriales que investigan la comisión de probables delitos, y disipe las dudas que tiene la ciudadanía en estos procesos".