Dolores de cabeza con el gas natural
Antes del inicio de las licitaciones para otorgar la explotación de la cuenca de Burgos por medio de los ilegales contratos de servicios múltiples (CSM) informé que el gobierno de Vicente Fox mentía al afirmar que así se solucionarían los problemas en la demanda interna de gas; primero, porque en la estrategia para generar electricidad se había privilegiado a las centrales de ciclo combinado, que sólo funcionan con gas -desplazando otras opciones-, lo que presionaba aún más el mercado interno y, después, porque Burgos es una cuenca madura; es decir, en franca declinación por estar sobrexplotada por el propio Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace muchos años. Los CSM en Burgos sólo eran el ensayo para medir la reacción de la sociedad y ver si les daba margen para incursionar con los CSM en el petróleo, en otras regiones.
También denuncié que de lograrse mayor oferta de gas natural no tendría ningún beneficio para el pueblo, ya que la Secretaría de Hacienda establece el precio sin importar que el costo de producción disminuya; al contrario, mientras menor es el costo, más aumenta la ganancia para Hacienda, como sucede también con la gasolina. Así que, por más que el país produzca estos insumos, mientras Hacienda fije los precios, éstos no disminuirán, ya que así obtiene mayores ingresos, al tiempo que contribuye al desprestigio de Pemex, lo que supone les facilita buscar su privatización.
El problema se profundiza en aquellas ciudades donde los ciudadanos se vuelven cautivos de sistemas de venta por distribución del gas vía ductos subterráneos, como el caso del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, una de las zonas más ricas del país gracias a su esforzado pueblo y a la visión de sus empresarios. Esa área cuenta al menos con 600 mil familias -87 por ciento del estado- que son ahora clientes cautivos de una sola empresa distribuidora: Gas Natural SDG, que pertenece a Repsol (una de las españolas que dicen que llegaron para quedarse), a la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y la Caixa Holding: las tres poseen 91 por ciento de la empresa.
La historia comienza cuando la Comisión Federal de Electricidad vendió a Gas Natural (por cierto en una bicoca) la red de distribución del área metropolitana. Y estos lobos, siempre disfrazados de mansos corderos, empezaron a cobrar la distribución del gas doméstico a tarifas razonables; al tiempo, los recibos empezaron a crecer geométricamente, no sólo por supuestos incrementos en el precio del gas, que ahora sí ya se están sucediendo, sino con el pretexto de resarcir pérdidas de años anteriores, contando con la autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano que depende de la Secretaría de Energía, hoy a cargo de Fernando Elizondo. Y es que consideraron que cautivo el mercado, y como todo buen monopolio, era el momento de consolidarse y aumentar sus ganancias a costillas del pueblo.
Los regios, como bien denunció en el Senado mi compañero Rubén Zarazúa de Nuevo León, empezaron a inquietarse y ahora están en franca desesperación, porque los recibos han crecido, en dos años, 300 por ciento: quienes pagaban 400 pesos hoy pagan mil 200 pesos. Y el problema irá creciendo: el 6 de abril, Pemex anunció que incrementó 12 por ciento el precio del gas, pero el impacto en el precio del gas para uso residencial e industrial será de 12.5 y de 12.7 por ciento, respectivamente. Y quizás el impacto sea mayor para quienes cayeron en la trampa de comprar la distribución del gas por conexión a redes subterráneas. Pero, por lo pronto, Elizondo intenta lavarse la cara, al menos con sus paisanos: acaba de anunciar que se destinarán mil millones de pesos de los excedentes petroleros -al fin que ni rinden cuentas, ni de a cuánto ascienden ni de su distribución, no obstante existir normas presupuestales equitativas para todos los estados-; el problema es si la medida alcanzará para todos los mexicanos. Pero perdón, casi lo dejo de lado: ¿y los incrementos que este aumento en el gas generará en las tarifas eléctricas? ¿Seguirá el gobierno del cambio echando mano de los excedentes petroleros? Por supuesto que sí.
Y, mientras tanto, Pemex quema el gas asociado al petróleo en 5 por ciento, ocasionando pérdidas al erario nacional por 300 millones de dólares anuales. Falta de previsión; ya deberían estar construyendo al menos dos plantas de procesamiento y almacenamiento para 500 millones de pies cúbicos de gas natural en sitios estratégicos como Campeche y Tabasco, que costarían 300 millones de dólares cada una y que en mucho aliviarían la situación de Monterrey, Distrito Federal, Nuevo Laredo, Tamaulipas y otras ciudades cautivas con situaciones similares a la antes descrita. Aquí cabría preguntar: ¿qué hace Hacienda con los inmensos excedentes que están recibiendo por el precio del petróleo? Otro de los grandes misterios del Arcano.
En tanto, la CRE continúa haciendo de las suyas, autorizando a diestra y siniestra más y más permisos para trasnacionales, y violando la Constitución. En realidad, esto significa que serán los contribuyentes quienes asuman los costos, mientras a las empresas privadas se les consiente y se les autoriza que hagan cobros abusivos.