Editorial

¿Para qué sirve la PGR?

Según los dichos de sus propios funcionarios, la Procuraduría General de la República (PGR) había investigado las supuestas actividades delictivas de Nahúm Acosta Lugo, ex director de la Coordinación de Giras Presidenciales, durante seis meses antes de capturarlo y someterlo a un arraigo domiciliario por dos meses más, tiempo en el cual la dependencia hurgó en todos los asuntos de la vida del funcionario imputado, se metió en su computadora e inquirió sobre sus movimientos bancarios; en ese lapso, además, el procurador Rafael Macedo de la Concha se jactó en numerosas ocasio- nes de la "solidez" de las pruebas contra Acosta Lugo, y varios de sus subordinados ofrecieron a los medios supuestos detalles de la relación entre el servidor público y una organización de narcotraficantes. Al cabo de su retención informal, la PGR consignó a Acosta ante un juez y lo recluyó en el penal de "máxima seguridad" de La Palma. Ayer, el juez José Luis Gómez Martínez dictó auto de libertad para el acusado, al considerar que la instancia de presunta procuración de justicia no acreditó los hipotéticos vínculos de Acosta Lugo con el narcotráfico.

La situación de Acosta Lugo fue deliberadamente manejada con escándalo por el presidente Vicente Fox, el procurador Macedo y otros funcionarios, quienes en distintos momentos sobrevaloraron o minimizaron lo que constituía, según lo dicho por ellos mismos, una supuesta infiltración del narcotráfico en Los Pinos. Ante el desaseo y la confusión con que era presentado el caso desde el gobierno, la opinión pública formuló sus propias hipótesis: Acosta Lugo, se esbozó por ejemplo, era un rehén de las disputas internas del foxismo y el panismo, un punto débil para su amigo y ex jefe Manuel Espino, por entonces aspirante a dirigir el Partido Acción Nacional. Tales conjeturas fueron recientemente reforzadas por el propio Espino, quien declaró que percibía, "en algún rincón de la PGR", la intención de "golpear" al partido en el poder.

Tras la exoneración judicial de Acosta Lugo la dependencia referida queda en una situación insostenible, porque el episodio en su conjunto tiene las siguientes implicaciones:

Si Acosta Lugo es inocente ­y jurídicamente lo es­, la PGR cometió un atropello monstruoso y criminal: le destruyó la vida a un individuo, fabricó pruebas en su contra, le inventó delitos y mintió sistemáticamente a la sociedad sobre los supuestos elementos de la inculpación. Si, por el contrario, el ex servidor público fuera culpable, la dependencia que encabeza Macedo de la Concha habría exhibido una asombrosa ineptitud, o una temible mala fe, en la integración deficiente de la imputación; en otros términos, o bien no fue capaz de hacer una acusación mínimamente correcta en ocho meses de investigar al sospechoso, o bien la redactó con la intención inconfesable de que Acosta, aun siendo culpable, saliera libre.

Ante cualquiera de esas posibilidades, el desempeño de los funcionarios de la PGR es vergonzoso y exasperante, y merece el repudio de una sociedad que, desde hace tiempo, se pregunta por las razones reales de esta comedia: ¿quería la oficina de Macedo tener una carta de negociación en la recomposición interna panista? ¿Se pretendía presionar a Espino para uncirlo a los dictados de la pareja presidencial? ¿Se buscaba un factor de distracción para aparentar que la procuración de injusticia es al menos "pareja" y que la PGR lo mismo puede fabricar delitos contra Andrés Manuel López Obrador que contra un empleado del Presidente?

Como sea, el desprestigio, la bancarrota moral y la putrefacción de la PGR han quedado nítidamente exhibidos, tanto en la conjura contra el gobernante capitalino como en el grotesco episodio del ex empleado de Los Pinos, que recuerda los sainetes de Antonio Lozano y Pablo Chapa en el sexenio anterior.

Los hombres de Macedo de la Concha ­José Luis Santiago Vasconcelos, Carlos Javier Vega Memije, Gilberto Higuera Bernal e Ignacio Carrillo Prieto­ no han querido o no han podido, hasta ahora, lograr que se castigue a los grandes defraudadores bancarios, a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión y la guerra sucia de los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, a los implicados en el Pemexgate o a los verdaderos autores intelectuales de las matanzas de Aguas Blancas, Acteal y El Charco, perpetradas el gobierno pasado. Tampoco han tocado un pelo a los amigos y ex amigos de Fox involucrados en trasiego de dineros electorales ilícitos, o en la venta de permisos ambientales indebidos.

En cambio, la PGR ha empleado cuantiosos recursos ­públicos, dinero de los contribuyentes­ sólo para enredarse en sus propias inconsistencias en el caso de Acosta Lugo, o para fabricar, con una inocultable mala fe, la causa penal contra López Obrador. Por si hiciera falta algún indicio, anteayer Vega Memije, después de dar una demostración de faccionalismo visceral en la Cámara de Diputados, emitió la apreciación, bárbara y persecutoria, de que, si se dicta el auto de formal prisión contra el gobernante capitalino, éste "no puede tener ninguna actividad".

Tal es el panorama de la "procuración de justicia" en tiempos del foxismo, en los cuales la PGR sólo sirve para perseguir inocentes, golpear a los adversarios de Fox y dejar tranquilos a los culpables reales.