Contó con el apoyo del Partido Verde y la complaciente abstención de los panistas

Impide el PRI instalar el jurado de procedencia para desaforar a Aldana

Se opuso a la propuesta del PRD para que el dictamen del Pemexgate se turnara a la mesa directiva

GEORGINA SALDIERNA Y ROBERTO GARDUÑO

El grupo parlamentario del PRI, respaldado por el Partido Verde y con la complacencia del PAN, que se abstuvo, votó en contra de la propuesta del PRD para que el dictamen de la sección instructora referente al caso Pemexgate, en el que se encuentra inculpado el senador priísta Ricardo Aldana, fuera turnado al presidente de la mesa directiva, Manlio Fabio Beltrones, con objeto de que al día siguiente de recibido citara al pleno camaral para instalarse como jurado de procedencia y desaforar al probable responsable del desvío de más de mil millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida.

Pablo Gómez, coordinador de la bancada perredista, refirió que el lunes pasado envió a la Junta de Coordinación Política una proposición para retirar de la Comisión Jurisdiccional el dictamen de la instructora referente al secretario y tesorero del sindicato petrolero, porque el documento está indebidamente en esa instancia legislativa, dado que corresponde al presidente de la Cámara tenerlo en su poder para que cite, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, al jurado de procedencia.

Durante la reunión del lunes prevaleció el sistema del voto ponderado en el que cada coordinador parlamentario cuenta con tantos votos como diputados tiene su respetiva bancada.

El caso sigue en la congeladora

De tal forma, la proposición del diputado Gómez fue votada en el seno de la Junta de Coordinación Política. El resultado fue que el PRD, con 96 votos, se manifestó por regresar el dictamen al presidente de la mesa directiva y sacarlo de esa forma de la congeladora en que se encuentra en la Comisión Jurisdiccional. El PRI votó en contra con sus 240 diputados; le siguió el Partido Verde, con sus 16 legisladores. El PAN se abstuvo con sus 147 votos, seguido en esa tendencia por el Partido del Trabajo con sus 6 representantes, y los cinco de Convergencia.

Una vez que se concretó el voto adverso de los priístas y su renovada mancuerna con los panistas, Pablo Gómez denunció que "los ofrecimientos de varios diputados priístas de que estaba abierto el camino para aplicar la justicia en un acto deleznable y condenable como el del Pemexgate, significa un llenarse la boca diciendo que la justicia, la justicia, la justicia, la ley, la ley, la ley, la ley. No hay la menor consecuencia con lo que se dice; no hay la menor consecuencia con lo que se ofrece; hay un inmenso vacío entre el discurso del PRI y del PAN con sus actos concretos''.

Al descubrirse la maniobra, el perredista adujo que la opinión pública del país tiene derecho a saber cómo se comportan los legisladores que votaron por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, porque en esto se encuentra plenamente involucrada la Cámara de Diputados.

"Vamos a hacer todo el esfuerzo y seguir insistiendo en este tema. El coordinador del PAN ha pedido a la secretaría general un estudio que no se requiere; es una forma de dorar la píldora y no se requiere en absoluto, porque qué estudio se necesita, el dictamen ahí está, iba a ser votado por la Cámara pero no lo fue; se violó la ley en aquel momento con la mayor impunidad".

Defensa de la impunidad

En diciembre de 2001, la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), arraigó a cuatro empleados del PRI, tres de ellos trabajadores de la Secretaría de Finanzas y uno de la de Elecciones de ese partido, que habían participado en la transferencia de recursos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000, a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

La investigación del Pemexgate la llevó el actual subprocurador de la PGR José Luis Santiago Vasconcelos. Ricardo Aldana firmó los cuatro cheques dos meses antes de la elección de 2000, y el último lo firmó seis días antes.

A partir de las declaraciones que se obtuvieron se inició la denominada Operación Crudo para indagar las transferencias de dinero que fueron autorizadas por el ex director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, contra quien también se inició un proceso penal.

La denuncia fue presentada por la Secretaría de la Contraloría, a cargo de Francisco Barrio Terrazas, quien ante diputados, senadores, empresarios y todo el que le quiso escuchar expresó que el gobierno de Vicente Fox pronto ''freiría peces de gran tamaño; peces gordos'', puntualizó más tarde.

De las investigaciones trascendió que se había autorizado la entrega de mil 500 millones de pesos al STPRM, de los cuales 500 millones fueron transferidos a Estados Unidos, a cuentas del senador y tesorero del sindicato, Ricardo Aldana, y del dirigente Carlos Romero Deschamps. Otros 500 millones de pesos habrían sido transferidos a la campaña de Labastida.

Los cuatro priístas detenidos, que luego fueron considerados testigos protegidos, afirmaron que el dinero se llevó al PRI en camionetas, en bolsas, en cuatro diferentes entregas.

Pese a las declaraciones, el tricolor siempre negó que esos recursos hubieran entrado a las arcas del partido. En el curso de las investigaciones se supo que esas cantidades de dinero no se registraron en la contabilidad priísta; por medio de las declaraciones de los detenidos se dio a conocer que antes de llegar al PRI las camionetas habían hecho escalas en oficinas particulares de los integrantes del primer círculo de la campaña presidencial del sinaloense.

Durante la investigación se trató de cargar la responsabilidad del desvío al que fue vocero del ex presidente Ernesto Zedillo, Carlos Almada. Más tarde, el IFE obtuvo las fichas de depósito de las transferencias que comprobaron el traslado de recursos de Pemex al sindicato y de éste al tricolor; la Comisión de Fiscalización del instituto propuso, y el Consejo General lo aprobó, establecer una multa de mil millones de pesos que el PRI todavía está pagando, a cuenta de las prerrogativas que se le entregan mensualmente. La deuda será saldada en el transcurso de este año, aunque el tricolor enfrenta deudas por créditos con Bancomer y otras instituciones.

A lo largo de los últimos tres años a los líderes del sindicato petrolero se les intentó someter a juicio de procedencia: Carlos Romero Deschamps, como diputado, y Ricardo Aldana, como senador, pero siempre contaron con la protección de la mayoría priísta y el respaldo del PAN.

También están involucrados Dulce María Sauri, quien se desempeñaba como presidenta del PRI, y sus compañeros, Humberto Roque y Emilio Gamboa Patrón.