Protesta contra diputados
Deroga Kirchner decreto para espiar en Internet
Buenos Aires, 12 de abril. El presidente argentino, Néstor Kirchner, ordenó hoy derogar un polémico decreto que establecía que a partir de agosto próximo todos los proveedores de Internet y empresas telefónicas estaban obligados a guardar durante 10 años las comunicaciones y contenido de las mismas de sus clientes.
El decreto fue firmado después que el Senado votara a finales de 2003, sin debate del pleno ni discusión de las comisiones, la modificación a la Ley de Telecomunicaciones, que la mayoría de la población desconocía y violaba normas constitucionales y los derechos civiles.
"Ni la ley ni el decreto suponían conocer los contenidos de los llamados, los mails o los chats", dijo este martes el jefe de gabinete, Alberto Fernández, quien además aseguró que "obviamente" el gobierno, que ha marcado una política de respeto por los derechos humanos, "no tenía la intención al reglamentar la norma".
Algunos senadores consultados por La Jornada dijeron que cuando se aprobó la legislación ésta estaba destinada a las comunicaciones por vía de telefonía móvil, después que se había hecho "normal" el uso de celulares en los muchos casos de secuestros extorsivos.
Según se explicó, el ex ministro de Interior Gustavo Béliz, quien se separó del gabinete por diferencias con el gobierno nacional a mediados de 2004, y el entonces secretario de Seguridad, Norberto Quintín, habrían hecho una serie de modificaciones a la ley aprobada por el Senado, mediante las cuales se fijó el mismo parámetro de vigilancia para otro tipo de comunicaciones, además de la telefonía.
Derechos civiles vulnerados
Fernández sostuvo que los delincuentes, al saber que podían ser descubiertos por el uso de celulares, habían optado por el correo electrónico o el chat, y en base a lo anterior se habría reglamentado la ley.
"Algunos sintieron que se vulneraban los derechos civiles y para evitar cualquier tipo de suspicacia el presidente dio la orden (desde Alemania, donde se encuentra en visita oficial) de derogar ese decreto", añadió el jefe de gabinete.
Para algunos juristas argentinos, aunque la ley hubiera podido ayudar a combatir la ola de secuestros, se "prestaba para cualquier tipo de utilización" e inclusive iba contra el "principio de presunción de inocencia", mientras que varios organismos humanitarios recordaron que en un sistema donde "la seguridad está siendo privatizada" los datos de los ciudadanos podrían ser entregados a otros países o utilizados con fines políticos.
Coincidiendo con lo anterior, la Cámara del Crimen revocó el proceso contra un empleado de una empresa multinacional, que había utilizado como "prueba" contra aquél el contenido de los correos electrónicos del demandado.
En tanto, la Asociación Madres de Plaza de Mayo y otros sectores humanitarios de la sociedad argentina comenzaron este martes una serie de escraches (señalamientos públicos) contra los diputados que recientemente aprobaron la Ley Antiterrorista, que es objeto de otra polémica en este país del Cono Sur.