El gobierno vendió el terreno de Izcalli en $1,869 millones
Familias desalojadas de predio exigen $8 millones a Montiel
La Sociedad de Solidaridad Social de San Sebastián Xhala interpuso en el juzgado cuarto de lo civil, con sede en Toluca, una demanda contra el gobierno del estado de México, que adeuda 8 millones de pesos a 178 familias por un predio de 60 hectáreas localizado en Cuautitlán Izcalli.
Lázaro Hernández Bastida y Jairo Cabrero López, presidente y secretario general de la organización, comentaron que pese a las presiones y amenazas que recibieron, decidieron interponer la demanda, ya que antes de la firma del convenio de compra -en septiembre de 2003- sostuvieron cinco años de confrontaciones en juzgados civiles y penales con autoridades del gobierno del estado de México, durante los cuales varios integrantes de la organización fueron encarcelados e incluso tres fallecieron tras la dureza de las presiones.
"Ahora sólo queremos que nos paguen esos 8 millones de pesos, que son una miseria frente a los mil 869 millones que recibió el gobierno del estado de Inmobiliaria Euromex", asentaron Cabrero López y Hernández Bastida. Explicaron que de las 178 familias que comenzaron la lucha por su terreno sembrado con maíz, frijol, cebada y trigo, ahora sólo quedan 38.
El terreno de la ex hacienda San Miguel, explicó la abogada María del Pilar Ortega Garduño, era propiedad de María Aurora Skiabon de Castro y de José Luis Castro Cuervo, según consta en el único antecedente que encontraron en el registro público de la propiedad en la entidad.
Sin embargo, la superficie fue otorgada en posesión en 1980 a las familias por Armando García Nieto, en representación de Antonio Escandón Chavarín; años después la superficie fue reclamada por Pablo Morales Mendoza, quien en 1995 fue acusado por las autoridades de "fraccionador clandestino".
Ante el hecho, las familias decidieron regularizar la situación de su propiedad y fue en ese periodo cuando el gobierno mexiquense les informó que las 60 hectáreas pertenecían al estado y estaban destinadas a convertirse en reserva ecológica. Ante los tribunales, narró la abogada, se comprobó que las familias habían comprado de "buena voluntad".
Sin embargo, iniciaron las amenazas y agresiones contra las familias y los abogados, hasta que el gobierno tomó posesión del terreno desalojando a los propietarios. Han transcurrido dos años después de la firma del convenio y "seguimos esperando el pago, aunque las inmobiliarias Nuevo León, Karuka, Marly y Helmer pagaron mil 869 millones de pesos al gobierno del estado de México por las 60 hectáreas", apuntaron.