Erradicar la corrupción, meta de este gobierno, asegura el encargado de despacho
Encinas: sientan precedente sanciones a ex delegados que favorecieron a Ahumada
La administración capitalina no permitirá ni un hecho de corrupción ni dará impunidad a los funcionarios que estén involucrados en tales acciones, afirmó el encargado del despacho del Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, al advertir que las inhabilitaciones y sanciones a los ex jefes delegacionales de Gustavo A. Madero, Tláhuac y Alvaro Obregón, así como otros ex servidores públicos, deja un precedente en la materia.
En conferencia de prensa mencionó que las sanciones contra el ex titular de Iztapalapa, René Arce Islas, corresponderán a la Contraloría Interna, quien determinó en sus auditorías que durante su gestión se dieron nueve contratos a empresas del Grupo Quart, que no concluyeron o realizaron.
Sin embargo, lo que se constata con los resultados de las auditorías es que "vamos a cumplir con el compromiso de combatir cualquier acción que afecte el patrimonio público de la ciudad, su erario y, por supuesto, que no va haber impunidad para quien incurra en este tipo de acciones aunque la naturaleza humana es muy disímbola, pero la política y objetivo de este gobierno es erradicar la corrupción", consideró.
La inhabilitación por 10 años y sanción económica de 31 millones 285 mil pesos aplicada al ex delegado de Gustavo A. Madero, Octavio Flores Millán; de 12 años y multa de casi nueve millones de pesos para el ex titular de Tláhuac, Francisco Martínez Rojo; y por 15 años y multa por cinco millones de pesos para el ex jefe delegacional de Alvaro Obregón, Luis Eduardo Zuno Chavarría, son"un precedente para que quede claro que vamos a tener la mano muy firme en este tipo de acciones", afirmó.
Por otra parte, dijo que la controversia interpuesta por la Cámara de Diputados legitima el recurso legal que presentó la Asamblea Legislativa del DF ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y constituye una oportunidad por el máximo tribunal del país de frenar la polarización entre los mexicanos.
El funcionario dijo que hay indicios de que se quieren acumular otras acusaciones contra el jefe de Gobierno y expresó que resulta preocupante "que se esté esperando la rotación de los jueces para tener a modo un juez de consigna; ésta es una práctica que creíamos erradicada del poder judicial y de la procuraduría".
Agregó que hay un debate jurídico en torno a si tras haber sido desaforado el jefe de Gobierno sigue siendo tal, por lo cual señaló que que, como fiscal, la posición de la PGR es que ya no lo es, pero diversos abogados constitucionalistas han señalado que el proceso judicial empieza en el momento en el que se dicta el auto de formal prisión y no antes; "por lo tanto, el jefe de Gobierno lo sigue siendo".