Se extienden por el país ejecuciones del narco

ejecuciones del narco

DE LOS CORRESPONSALES

La violencia ligada al narcotráfico, que ha caracterizado la vida en el norte del país, comenzó a penetrar otras regiones. Si bien es cierto que Sinaloa -de donde son oriundos los grandes capos- es la entidad con el mayor número de muertos en lo que va del año (128), Yucatán, Aguascalientes y San Luis Potosí están hoy en la estadística de los ajustes de cuentas entre las bandas de narcotraficantes, con un atentado en los primeros dos estados y ocho en el tercero.

Sólo en los tres meses y medio de este 2005, más de 400 personas han sido asesinadas en hechos ocurridos en 19 estados: Michoacán, con 71; Baja California, 50; Tamaulipas, 34; Sonora, 32; Guerrero, 30; Chihuahua, 26; Chiapas, 25; Veracruz, ocho; Nayarit, seis; Zacatecas, seis; estado de México, cinco; Campeche, cuatro; Nuevo León, tres; Morelos, tres, y Colima, dos; además de los 128 de Sinaloa.

Las víctimas, principalmente hombres, han sido comandantes y ex comandantes de la Policía Ministerial, custodios de penales de máxima seguridad, directores de policía municipal, agentes del Ministerio Público, ex candidatos a alcaldes, regidores, empresarios, propietarios de bares, periodistas, efectivos del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República (PGR), familiares y abogados de delincuentes, así como operadores y sicarios de los narcotraficantes Joaquín El Chapo Guzmán Loera, los Carrillo Fuentes y los hermanos Valencia.

En la mayoría de casos, las agresiones han sido perpetradas por comandos armados con rifles AK 47, conocidos como cuernos de chivo, fusiles R-15, pistolas calibre 45 y 9 milímetros. Además, el modus operandi de los gatilleros tiene básicamente dos modalidades: interceptar por sorpresa a sus víctimas y darles muerte, o levantarlas -secuestrarlas sin intención de pedir rescate- y asesinarlas en algún lugar y tirarlas en otro.

De enero a la fecha, el día en que se suscitó el hecho más violento fue el 15 de febrero, cuando 13 personas -integrantes de una de las células de Ismael Zambada, El Mayo- fueron ultimadas a tiros por un grupo de sicarios durante una persecución en la carretera internacional México 15, entre los municipios de Elota y Culiacán, Sinaloa. Entre los asesinados se encontraba Carlos Tirado Lizárraga, El Carlillos, supuesto operador de El Mayo en el sur de Sinaloa.

Precisamente esta entidad ocupa el primer lugar en número de homicidios ligados al narcotráfico, los cuales se han cometido principalmente en Culiacán, seguida de los municipios de Mazatlán y Navolato, donde recientemente se ha desatado un fuerte enfrentamiento entre dos grupos rivales del narco: los de la familia Carrillo Fuentes y los operadores y sicarios de El Chapo.

La pugna comenzó en septiembre del año pasado, luego de que fue ultimado Rodolfo Carrillo, hermano menor del extinto Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos. A partir de ese momento se desató cruenta guerra y los asesinatos de miembros de ambos bandos no cesan en el municipio de Navolato.

En Michoacán, la guerra entre bandas de narcotraficantes por el control del territorio se inició hace cinco años, pero se recrudeció a partir de 2002, cuando inclusive en ciudades como Uruapan y Morelia, que se habían mantenido al margen del crimen organizado, se comenzaron a suscitar varios asesinatos de este tipo. No obstante, las regiones más violentas son Tierra Caliente, parte de la sierra Occidental y la costa, lugares donde se siembran enervantes y se localizan laboratorios de droga sintética.

En los primeros minutos de 2005 desapareció René Izaguirre, quien horas antes había sido nombrado subdirector de la Policía Municipal de Reynosa, Tamaulipas, en la nueva gestión del alcalde panista Francisco Javier García. El 3 de enero fue encontrado su cadáver en el poblado de Vallecillos, Nuevo León, con el tiro de gracia en la cabeza. Izaguirre era cuñado del ex comandante federal Guillermo González Calderoni, señalado en México como protector de narcotraficantes como Amado Carrillo Fuentes y Juan García Abrego, y asesinado en febrero de 2003 en McAllen, Texas.

El 21 de enero, seis trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social de Matamoros fueron ultimados a balazos. Los cadáveres fueron hallados a bordo de una camioneta Ford Explorer color blanco, estacionada a 300 metros del centro penitenciario. Las indagatorias de este caso fueron atraídas por la PGR. En esta ciudad y en Nuevo Laredo, el sector empresarial ha protestado por los patrullajes que realizan integrantes del Ejército y de la Policía Federal Preventiva -puestos en marcha a partir del séxtuple homicidio-, con el argumento de que "intimidan a la población y ahuyentan al turismo".

Cuatro días después del asesinato de los custodios, un hecho cimbró al sector empresarial de Acapulco, Guerrero: el empresario Alexis Iglesias Núñez, ex director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de ese puerto, fue acribillado con armas de alto poder en pleno centro de la ciudad.

El 9 de marzo, 11 efectivos del Ejército Mexicano y de la PGR murieron en la comunidad de Igualita, región de La Montaña -a unos 25 kilómetros de la ciudad de Tlapa-, al desplomarse el helicóptero en el que realizaban labores de erradicación de cultivos de droga. Hasta el momento no se conoce cuál fue el motivo de la caída de la aeronave.

En Chihuahua, un suceso que captó la atención de la opinión pública fue el asesinato del coordinador de regidores del PAN en el ayuntamiento de la capital del estado, el empresario Alonso Baeza López, acribillado a las puertas de su domicilio, el primero de abril.

Como se ve, no sólo en el norte de la República ocurrieron este tipo de atentados. El 22 de enero, en el municipio chiapaneco de Ostoacán, colindante con Tabasco, un comando asesinó con rifles AK 47 a seis personas, entre ellas un menor de edad. Entre las víctimas estaba Fermín Gómez Arzate, ex candidato a alcalde de Ostoacán y ex tesorero de Juárez, Chiapas; los cinco restantes se dice que eran miembros del cártel de los hermanos Valencia.

En ese contexto, en los pasados tres meses dos defensores de narcotraficantes recluidos en el penal de máxima seguridad de La Palma, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México, han sido asesinados en Toluca: Leonardo Oceguera Martínez, abogado de Benjamín Arellano Félix y de Arturo Martínez Herrera El Texas -sicario del cártel del Golfo-, y Jesús Solano Sánchez, defensor del narcotraficante Gilberto García Mena, El June.

Y hace apenas cuatro días Raúl Gibb Guerrero, director general y propietario del periódico La Opinión, de Poza Rica, Veracruz, uno de los diarios más influyentes en el norte del estado, fue asesinado de 13 balazos por sujetos que portaban armas de alto calibre. Aunque se desconoce el móvil, la PGR no descarta que esté relacionado con el narcotráfico.

A pesar de que en la mayoría de los casos referidos está presente el sello de los asesinatos propios del narcotráfico, como es el tiro de gracia en la cabeza, las procuradurías estatales y la federal esgrimen diversos argumentos para mantener sin avances las indagatorias.