Usted está aquí: viernes 15 de abril de 2005 Sociedad y Justicia Denuncian violencia de Estado contra mujeres migrantes

Reconoce Conapo "graves carencias" en indígenas

Denuncian violencia de Estado contra mujeres migrantes

LAURA POY Y ANGELES CRUZ

La violencia física, sicológica y económica que se ejerce en México contra las mujeres migrantes indocumentadas involucra a autoridades federales y fuerzas policiacas estatales y municipales, quienes favorecen la "violencia de Estado contra este sector altamente vulnerable", afirmó Fabienne Venet, directora de Sin Fronteras, organización civil en pro de los derechos humanos de migrantes.

La violencia contra mujeres "involucra a autoridades y particulares, ya sean funcionarios de Migración, aduanas, elementos de las fuerzas armadas, policías, em-pleadores en sus países de origen e incluso a sus compañeros varones durante el tránsito migratorio", señaló Venet.

En un estudio conjunto elaborado con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fundación Ford, Sin Fronteras indica que para detener este "patrón de abuso" es necesario reconocer que la violencia intrafamiliar "es un elemento con fuerte presencia en el esquema general de la violencia que acompaña a todo el proceso migratorio de las mujeres".

Muchos casos estudiados, indica, revelan que la violencia física y sicológica contra las migrantes es ejercida mayoritariamente por hombres con los que vivieron o cohabitan, quienes suelen amenazarlas con denuncias por su situación mi-gratoria. A ello se suma la violencia que padecen "por parte de autoridades federales, que va desde abusos verbales, físicos, sicológicos y económicos, hasta la extorsión", señala.

La activista reconoció que pese a ser un universo de estudio limitado, "es posible concluir que existe un patrón de abuso y vulnerabilidad", pues en 46 por ciento de los casos se reportó algún tipo de violencia. De éstos, 23.3 por ciento identificó como responsables a las autoridades migratorias, 10 por ciento a elementos de la Policía Federal Preventiva, un porcentaje idéntico a las policía Judicial y municipal, mientras que las fuerzas armadas fueron señaladas en 6.6 por ciento de los casos y en 3.3 por ciento los policías de las entidades federativas.

Precariedad de indígenas

En tanto, la Secretaría de Salud informó que buscará abatir las carencias de servicios en las comunidades indígenas con el "fortalecimiento de los recursos comunitarios" (parteras) y de esta forma comenzar a brindar la cobertura que plantea el seguro popular.

Durante la presentación de la estrategia de comunicación en salud sexual y reproductiva dirigida a los indígenas, Roberto Tapia, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que se destinarán recursos a la construcción de clínicas y hospitales y, tal como lo plantea el nuevo esquema de aseguramiento, afiliar a las familias más pobres.

Por su parte, Elena Zúñiga, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo) reconoció que los indígenas enfrentan todavía graves carencias y marginación.

Indicó que la tasa de mortalidad infantil en este sector de la población es 60 por ciento más elevada que en la población no indígena. Aseguró que entre las mujeres el desconocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual es de 62 por ciento, mientras que en las no indígenas es de 20 por ciento, e indicó que 33 por ciento de la población autóctona tiene un nivel bajo o nulo de acceso a servicios médicos.

El Conapo calcula que la población indígena en México ascenderá en 2005 a 13.4 millones de personas, de las cuales 8 millones se encuentran en edad reproductiva. La mayoría de estas últimas (64.3 por ciento) reside en 38 mil 712 localidades donde más de 40 por ciento de sus habitantes son indígenas.

Zúñiga afirmó que la principal característica entre las indígenas es la precariedad, pues 96 de cada 100 de ellas registra niveles altos y muy altos de marginación, con enormes deficiencias en infraestructura y servicios, y profundos rezagos so-ciales. La funcionaria comentó que el inicio temprano de la maternidad, el reducido espaciamiento de los hijos y una elevada fecundidad contribuyen a incrementar los riesgos a la salud de madres e hijos.

En cuanto al uso de métodos anticonceptivos, agregó que sólo 46.4 por ciento de las mujeres en edad fértil los utiliza.

 
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