Tan sólo Mariano Azuela devenga casi $650 mil mensuales, cuatro veces más que Fox
Suma más de $72 millones al año el sueldo de 11 ministros de la Corte
Obtienen lo que ganarían en el mismo lapso 4 mil 428 trabajadores con un salario mínimo
Ampliar la imagen El presidente de la SCJN, Mariano Azuela G�. Imagen de archivo FOTO Carlos Ramos Mamahua
El salario de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus prestaciones implican un costo anual de 72 millones 120 mil 803 pesos, monto similar a lo que reciben 4 mil 428 trabajadores que ganan un salario mínimo, también en un año, señaló el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar.
El legislador perredista dijo que a partir del informe de la revisión a la cuenta pública 2003 que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se pudo determinar que sólo el ministro presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, obtiene una remuneración bruta mensual de 649 mil 433.41 pesos, es decir 7 millones 793 mil 200 pesos y 96 centavos anuales, lo que excede hasta en cuatro veces el salario asignado al Presidente de la República.
Cada uno de los otros diez ministros tiene un salario mensual de 536 mil 63.35 pesos, incluidas prestaciones, esto es, un ingreso anual de 6 millones 432 mil 760.21 pesos, monto que recibirán inclusive una vez jubilados, pues su pensión es igual a sus ingresos en activo.
Régimen de privilegio; el ISR, con cargo al Poder Judicial
''Los ministros se encuentran en un régimen de privilegio por la enorme cantidad de percepciones, algunas de ellas violatorias de sus propios acuerdos, que inclusive fueron motivo de observaciones de la ASF, la cual determinó que no hay parámetros para las muchas prestaciones que los magistrados se asignan. Y por si fuera poco, el pago del impuesto sobre la renta (ISR) también es con cargo al presupuesto del Poder Judicial'', resaltó.
Esos ingresos y privilegios se mantienen durante 2005, lo cual viola el decreto de Presupuesto de Egresos para este año, que estableció un recorte en el gasto corriente para la alta burocracia.
Ramírez Cuéllar expuso que el monto de esas asignaciones salariales ''confirma las denuncias del Partido de la Revolución Democrática en el sentido del dispendio abusivo de recursos públicos que cometen los ministros, quienes se amparan en la autonomía para aprovecharse del presupuesto y violentar los decretos de la Cámara de Diputados sobre el gasto corriente. Ese dispendio les resta autoridad moral para impartir justicia y garantizar la vigencia del estado de derecho''.
Incumplimiento de observaciones de la ASF
Estas conclusiones se obtuvieron, explicó, de las recomendaciones que la ASF realizó a la Corte como parte de la revisión de la cuenta pública 2003, y dijo que los ministros no sólo han incumplido con las observaciones del órgano superior de fiscalización para restringir el uso de recursos públicos para salarios y prestaciones a los magistrados, sino que durante 2005 ''continúan los abusos''.
Refirió que aun cuando la percepción neta oficial del presidente de la Corte, Mariano Azuela, es de 152 mil 142 pesos mensuales, sus ingresos efectivos alcanzan 649 mil 433 pesos en términos brutos, y que una vez hecho el pago de impuestos ascienden a 514 mil 992.
Con ello se violó el artículo 45 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual señala que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.
Reconstrucción de prestaciones
Ramírez Cuéllar explicó que, amparándose en la autonomía del Poder Judicial, la Corte se negó a entregar a la Auditoría Superior de la Federación información precisa sobre la remuneración total de Azuela Güitrón; por ello el órgano superior de fiscalización debió realizar una reconstrucción de las principales prestaciones del presidente de la Suprema Corte para obtener una estimación mínima de sus ingresos, ''pues otras prestaciones que, se sabe, existen, no pudieron ser contabilizadas. Así que la remuneración real es mayor a los 649 mil pesos''.
Explicó que el único concepto transparente es la percepción neta ordinaria de Mariano Azuela, que es de 152 mil 142 pesos mensuales; sin embargo, ''como el ISR que paga este funcionario también se carga al erario, esa percepción puede calcularse en 223 mil 738 pesos en términos brutos''.
El coordinador del área de finanzas públicas del PRD refirió que se estima una compensación mensual de 37 mil pesos por cuatro seguros: el institucional, el colectivo de retiro, el de gastos médicos mayores y el de separación individualizada; otra por ser presidente de la Corte, que es de 30 por ciento de sus ingresos ordinarios y suma 67 mil 121 pesos mensuales; también se incluye un ''apoyo al ahorro'', por 65 mil 928 pesos mensuales netos, así como 303 mil 269 pesos anuales por prima vacacional y ''ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad''.
La cena navideña
Su aguinaldo es de 387 mil 772 pesos, en términos brutos, y también se le entregan dos prestaciones que Ramírez Cuéllar calificó de ''particularmente oscuras'': ayuda para el desarrollo personal y profesional y ayuda para publicaciones, por las cuales recibió un millón 545 mil pesos, ''con el agravante de que no está obligado a comprobar en qué se los gastó''.
Además, entre las irregularidades detectadas por la ASF se encuentra el hecho de que los 11 ministros de la Suprema Corte no aportan el 10 por ciento de sus salarios para el seguro de separación individualizada, sino que esos recursos son con cargo al presupuesto del Poder Judicial, al igual que, explicó Ramírez Cuéllar, el pago del ISR.
El que llama no paga
Mariano Azuela también tiene una asignación de 162 mil 86 pesos al año por ''gastos de alimentos'', y de 19 mil 544 para el pago anual de su teléfono celular.
Comentó que en el volumen 1 del tomo III del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuente Pública 2003, la ASF observó que la Corte no cumplió con lo establecido en el artículo 45 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual señalaba la obligación de informar de manera completa y detallada la distribución de los recursos asignados a servicios personales, y recomendó que corrigiera esa situación.
Una vertiente de la auditoría al máximo tribunal constituía en determinar si los ministros violaban o no lo dispuesto en el mismo artículo, en el sentido de que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República, pero se ampararon en las disposiciones constitucionales que protegen la autonomía del Poder Judicial para impedir el trabajo del órgano superior de fiscalización.
Otra de las observaciones, explicó, correspondió a que la Suprema Corte no respeta sus propios acuerdos, al efectuar a los ministros pagos de entre 38.5 y 81.2 por ciento superiores a lo acordado por ellos mismos, y la Auditoría Superior observó que en dichos acuerdos ''no se especifican los parámetros a considerar'' en las prestaciones que se otorgan a sí mismos.