Una acusación de la PGR en tal sentido difícilmente prosperaría, sostiene

Quijano: no habrá usurpación de funciones

MIRNA SERVIN VEGA

La Procuraduría General de a República (PGR) podría denunciar un delito por supuesta usurpación de funciones y pedir una orden de aprehensión en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero los jueces son los que deciden si esto procede, aunque "sinceramente no creo que haya ninguno que lo ordene, porque sin duda no hay ningún fundamento", opinó Javier Quijano, abogado del jefe de Gobierno del Distrito Federal, tras reunirse con él en su domicilio por más de dos horas.

A pesar de la advertencia de la PGR, López Obrador, dijo su abogado, se presentará el próximo lunes 25 de abril a retomar posesión de su cargo como jefe de Gobierno del Distrito Federal.

"No hay tal usurpación de funciones. López Obrador tiene una obligación fundamental con sus electores, que es la de desempeñar cabalmente su cargo. Así lo ha ordenado expresamente la Asamblea Legislativa y, en consecuencia, lo que él está haciendo es cumplir con su deber", apuntó.

Quijano señaló que la polémica legal al respecto concierne sólo a los juristas, de los cuales cada uno cree que tiene la razón, pero lo que va a prevalecer, subrayó, es la opinión de la Corte.

Sostuvo que el regreso de López Obrador al GDF no enrarece la situación política, sino, por el contrario, pone las cosas en calma, ya que el mandatario capitalino tiene que cumplir su función de acuerdo con el mandato de la ciudadanía, para lo cual fue electo.

Esto, explicó, queda asentado en la Constitución, en el párrafo quinto del artículo 111, y en el párrafo 76, fracciones cuarta y quinta, que hacen referencia a la posibilidad de homologar las funciones del jefe de Gobierno con las de un gobernador, y, por tanto, López Obrador sólo quedaría separado del cargo en caso de que ya estuviera sujeto a un proceso penal.