Deberá pagar $13 millones y lo inhabilita por 15 años
La SFP sanciona a Serrano Limón por desviar fondos
Destituye a tres trabajadores de la Secretaría de Salud
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 15 años al presidente del Comité Nacional Provida, Jorge Serrano Limón, para ocupar puestos en la administración pública, y lo sancionó con una multa de 13 millones 237 mil 377 pesos, por el desvío de recursos públicos federales.
Además destituyó e inhabilitó de sus cargos a tres funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, por "incumplir sus funciones de supervisión respecto a la correcta aplicación de los recursos confiados" a esa asociación civil.
En rueda de prensa, Eduardo Romero Ramos, titular de la SFP, destacó que las sanciones a Serrano Limón se impusieron tras "haber acreditado que solicitó, tramitó, manejó y usó recursos públicos federales que aplicó a fines distintos de aquellos que justificaron su otorgamiento, en virtud de haber presentado documentación apócrifa, facturas con temporalidad anterior a la entrega de los recursos, así como por gastos ajenos al programa de Centros de Ayuda para la Mujer".
Cabe recordar que Provida recibió poco más de 34 millones de pesos de recursos públicos, de los cuales unos 30 millones fueron -según diputados federales- entregados en 2002 a Serrano Limón por el entonces diputado federal panista Luis Pazos.
Romero destacó que ya presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente del procedimiento administrativo contra Serrano y los funcionarios públicos para que se agregue a la denuncia existente en la PGR. Asimismo se giraron oficios a las dependencias y entidades del gobierno federal para "cancelar cualquier posibilidad de que (Serrano Limón) reciba recursos que hubieran estado comprometidos".
Sobre los funcionarios sancionados, dijo que se destituyó e inhabilitó por 3 años al subdirector de Acciones de Filantropía, y fueron inhabilitados por 5 años el ahora ex director de Vinculación Social y Acciones de Filantropía, y por un año el ex jefe del Departamento de Apoyo a Instituciones y Personas Físicas del APBP. De los otros dos funcionarios investigados, "no se acreditó responsabilidad", dijo tras declinar hacer públicos los nombres de los castigados.
Al señalar que las indagaciones iniciadas en noviembre pasado por la SFP concluyeron con "éxito" gracias a la información que le hicieron llegar organismos no gubernamentales, destacó que es la primera ocasión que se aplica la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas a personas que no son servidores públicos, porque según el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, "los beneficiarios de subsidios y aportaciones federales están obligados a rendir cuenta detallada de la aplicación legal de estos fondos a la autoridad".
A pregunta expresa, respondió que se determinó la multa de más de 13 millones de pesos porque "es el importe que ha estimado" la SFP que Serrano Limón dejó sin comprobar. "Esa sanción disciplinaria -agregó- opera como resarcitoria del importe no comprobado al erario". Precisó que se procedió contra Serrano porque la "Ley de Responsabilidades sanciona a individuos, no a personas morales".
Dijo también que hay un plazo para que el presidente de Provida pague la multa, aunque "si se va a un juicio de nulidad, tiene hasta 45 días hábiles para impugnar la resolución". En caso contrario queda firme la resolución y la multa se convierte en "crédito fiscal". Ante la advertencia de Serrano Limón de que acudirá a instancias legales, Romero advirtió: "habremos de defender la legalidad de nuestra decisión; toca a las autoridades fiscales el cobro (de la multa), como cualquier crédito fiscal".
-Dentro de estas indagaciones, ¿hay responsabilidad en contra del diputado que autorizó los recursos de manera no transparente? -se le preguntó sobre Luis Pazos.
-La participación de Pazos en este caso se dio cuando era diputado federal. En esa virtud, la Secretaría de la Función Pública no tiene atribuciones legales para revisar, fiscalizar y menos juzgar la actuación de un diputado. Es un asunto que está en las atribuciones de la Cámara de Diputados.
A Romero se le interrogó de otros casos sobre los que se han presentado diversas denuncias, como el relacionado con Dolores Creel Miranda, hermana del Secretario de Gobernación y ex titular de la Coordinación de Unidad de Proyectos Especiales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Diputados del PRD la denunciaron por presunto desvío de recursos y porque nunca entregó el documental en homenaje a Octavio Paz. Al respecto, dijo el funcionario:
"En el año 2002-2003, la secretaría realizó revisiones a la actuación de esta unidad, encontrando observaciones administrativas que se solventaron y no requirieron de la apertura de procedimientos de responsabilidades. De la segunda parte que usted plantea, lo actual, no tenemos una investigación concreta, tenemos información que hemos visto en la prensa, no podría darle una opinión en este momento sobre el caso".
De las presuntas irregularidades en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, dijo que el costo de los libros adquiridos de El Quijote fue de 1.88 veces su precio unitario, cuando "el costo razonable de compra (cuando involucra derechos de autor) es el equivalente a 2.53 veces", por lo que "no encontramos elementos que nos permitan objetivamente afirmar que se haya violado alguna normatividad".
De Transforma México, dijo que han revisado "caso por caso" los destinos de 85 aportaciones y "no hay traspaso de recursos a Vamos México. Se pudieron haber dado transferencias, pero no tenemos indicios de que eso haya ocurrido".
Del ex embajador de México ante la OCDE, Carlos Flores Alcocer, quien gastó unos 17 millones de pesos en una nueva sede y 161 mil pesos en colchones y almohadas, dijo que la SFP "no puede llevar un procedimiento de responsabilidades contra un diplomático con funciones dentro del Servicio Exterior Mexicano".