Incluyeron en la querella al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria
Ratifican ejidatarios demanda contra Fox por desacato a una orden judicial
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El abogado Miguel Angel Guzm�Michel interpuso una demanda contra Vicente Fox por desacato en un problema ejidal FOTO Fernando Castillo/Micphotopress
Por haber incurrido en presunto desacato a una sentencia judicial, ejidatarios del municipio de Abasolo, Tamaulipas, ratificaron ayer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del presidente Vicente Fox e incluyeron en su querella al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame.
En clara referencia al caso de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, el abogado Miguel Angel Guzmán Michel, asesor jurídico de los quejosos, exhortó a las autoridades ministeriales a que apliquen todo el peso de la ley no sólo en contra de "los enemigos políticos" del gobierno federal, sino contra cualquier funcionario que incumpla con algún mandato judicial.
Se trata de la ratificación de la querella que el pasado 5 de abril los ejidatarios interpusieron -con respaldo del ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática capitalino, Agustín Guerrero, y de diputados federales- por considerar que varias autoridades del gobierno federal incurrieron en desacato a una sentencia de amparo otorgado a 200 campesinos del ejido El Modelo, para que se les restituyeran sus tierras.
Antes de ratificar la denuncia, el abogado Guzmán comentó a los reporteros que en el año 2000 los campesinos del ejido El Modelo interpusieron una demanda de amparo para que se les restituyan varias hectáreas de riego, que fueron entregadas de manera ilegal a personas ajenas al ejido.
El fallo del juzgado segundo de distrito con sede en Tamaulipas -dijo- favoreció a los productores, pero el Tribunal Superior Agrario informó que no puede ejecutar la sentencia y por ello notificó el caso al presidente Fox para que dé la orden de que se cumpla el mandato judicial y se dé vista a la PGR.
Como no hubo respuesta oficial, se enviaron otras cinco notificaciones al Ejecutivo, la última apenas en febrero pasado; por esa negativa a ordenar el cumplimiento del amparo, los ejidatarios solicitaron a la PGR que pida el desafuero del Presidente de la República y del titular de la SRA, a fin de que se ejercite acción penal en su contra.