Definiciones
Cuando la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que el pleno de ese órgano legislativo se constituyera en jurado de procedencia y retirara el fuero al segundo jefe de Gobierno del Distrito Federal electo popularmente, no sólo abrió el camino para despojar al gobernante capitalino de la protección constitucional que le permitía desempeñar su mandato sin la persecución de otras autoridades. Ese fue el efecto visible de tal decisión, pero no el más importante. Junto con él exhibieron la definición de la derecha mexicana, su posicionamiento, sus intenciones de hacerse del poder de cualquier manera para impulsar las reformas neoliberales que la actual administración federal ha sido incapaz de llevar a cabo y que tanto irrita a los dueños del capital.
La decisión de llevar su acuerdo al pleno de la Cámara de Diputados para avalar una decisión de antemano pactada entre el PRI y el PAN, como se mostró el día de la votación, también reveló el agotamiento de las instituciones, por una transición política que no lo fue debido a que los actores políticos fueron incapaces de pactar los términos de ella. Esta situación condujo al país a un callejón sin salida, donde las reglas anteriores, las del Estado autoritario y del partido único, ya no funcionan, y la clase política no ha sido capaz de construir nuevas, lo que genera incertidumbre y anarquía que la derecha ha sabido aprovechar frente a una izquierda entretenida en guerras intestinas.
Casi patético resultó ver cómo la discusión y votación para desaforara al jefe de Gobierno capitalisno se votaba en una Cámara de Diputados literalmente tomada por la Policía Federal Preventiva. De esa manera, una decisión tan trascendente para la sociedad y para el futuro político de nuestro país se tomaba por los representantes populares custodiados por las fuerzas policiacas para evitar que los representados se hicieran escuchar, en un contexto en el que era evidente que los primeros no atendían la voluntad de los segundos. Esta situación nos hizo recordar otra similar sucedida en febrero de 2001.
En aquella ocasión los zapatitas tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados, después de un ríspido debate entre sus integrantes por la oposición panista a que lo hicieran, para explicar los alcances de una reforma constitucional que reconociera a los pueblos indígenas y sus derechos. La presión popular logró que hicieran uso de la tribuna en este órgano del Poder Legislativo, pero finalmente los partidos políticos tomaron una decisión contraria a las exigencias zapatistas, del movimiento indígena y de un amplio sector de la sociedad mexicana.
La tensión política generada con el desafuero no admite medias tintas. Es hora de definiciones. La derecha ya lo ha hecho. Claramente han mostrado que no están dispuestos a respetar la institucionalidad y el marco jurídico si eso pone en riesgo su permanencia en el poder. Por más que busquen fundamentar sus acciones en el derecho es claro que esa actitud sólo intenta justificar acciones políticas antipopulares. El discurso del subprocurador encargado de sostener la acusación contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal no ocultó esos tintes.
Por eso la izquierda política también requiere definirse para estar a la altura de la situación y dar una respuesta acorde con las necesidades del país. La crisis abierta por la decisión del gobierno federal de llevar ante los tribunales a un personaje público que encabeza las preferencias electorales rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año es también una oportunidad para reflexionar sobre los grandes ejes de un programa de izquierda para el país, donde se deberían recoger las demandas más profundas de la sociedad mexicana.
Para lograrlo es importante tomar en cuenta que hoy por hoy ningún movimiento político o social por sí solo es capaz de detener a la derecha y transformar al país. Es importante, entonces, que los diversos grupos y corrientes pongan sus coincidencias en torno a un programa general para el país, por encima de sus intereses de grupo.
De igual manera hay que tomar en cuenta que a corto plazo la lucha pasa por impulsar la defensa de los derechos políticos del jefe de Gobierno, porque al hacerlo defendemos los nuestros; sin embargo, no se agota en ella. Un programa de transformación nacional va mucho más allá de eso. Requiere pensar medidas de fondo para el futuro del país y exige definiciones. De otra manera el estado de derecho social, democrático y multicultural al que aspiramos seguirá siendo una utopía inalcanzable.