Presentan anteproyecto de reforma electoral
Piden acotar tiempos en radio y tv para campaña presidencial
La Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados presentó un anteproyecto de dictamen de reforma electoral -negociado entre todas las fuerzas políticas-, en el cual se prevé acotar la contratación de tiempos en radio y televisión para la campaña presidencial de 2006, y que el encargado del pago de los contratos sea el Instituto Federal Electoral (IFE).
Se busca, además, eliminar el secreto bancario para efectos de una investigación judicial sobre lavado de dinero o triangulación de recursos para apoyar campañas de manera ilegal, para lo cual se obligaría a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a entregar a la Procuraduría General de la República los reportes de los movimientos bancarios de partidos y candidatos.
Otro de los propósitos de la reforma es prohibir al gobierno federal la difusión de su obra como método proselitista en favor de su partido, y que 90 días antes de la fecha de la elección todos los tiempos oficiales se destinen a propaganda de los partidos políticos, a excepción de mensajes relacionados con una emergencia nacional, educación, salud o seguridad pública y civil.
También se pretende regular las precampañas y contabilizar los egresos de los aspirantes a la Presidencia de la República en el tope de gastos de campaña, con la finalidad de reducir el dispendio en las contiendas electorales.
El presidente de la comisión, Alberto Aguilar Iñárritu, sostuvo que el texto ya fue aceptado por cada uno de los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Explicó que ya hay materia para discusión y, por tanto, no puede presentarse ningún pretexto para evitar que las comisiones de Gobernación, Participación Ciudadana y Justicia -a las que se turnó el documento- dictaminen en los próximos días.
Confió en que a más tardar el jueves próximo se someta a discusión en el pleno las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y otros ordenamientos relacionados con la materia electoral y penal, sobre todo porque ese día será la última sesión del actual periodo ordinario.
Durante la reunión en la que se entregó el anteproyecto, la diputada perredista Socorro Díaz consideró que después del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, las elecciones presidenciales de 2006 estarán deslegitimadas "si no se corrige el atraco contra la voluntad popular y contra la libertad de elegir que tenemos los mexicanos".
En el anteproyecto se propone que se incluya en el Cofipe el concepto de precampañas como "todo acto de proselitismo adelantado realizado por ciudadanos con el propósito de ser candidato a un puesto de elección popular", y que se considere precandidato a cualquier ciudadano a partir de que éste "manifieste públicamente su intención de aspirar a un cargo de elección popular".
A partir de ambas definiciones, se busca que en el momento en que cualquier ciudadano exprese su intención de competir por una candidatura se inicie la contabilidad de sus gastos, y se le exigirá, de aprobarse la reforma, llevar el control detallado del origen y destino de los recursos financieros de su actividad proselitista adelantada, incluyendo la lista nominal de donantes, cantidades y periodos de aplicación de los recursos.
Se pretende cerrar el paso a la triangulación de recursos vía asociaciones civiles o empresas a las precampañas, pues quedaría regulado que los gastos de los aspirantes a una candidatura deberán provenir de personas físicas.
Otro punto relevante de la reforma es la regulación en la compra de tiempos en radio y televisión para campañas. Se busca que el IFE compre tiempos para ponerlos a disposición de los partidos políticos y distribuir mensualmente hasta 10 mil promocionales de radio y 400 de televisión, con duración de 20 segundos cada uno, cuya asignación será resultado de un sorteo.
La comisión especial propuso constituir una comisión del IFE para convenir con televisoras y radiodifusoras las tarifas comerciales para el año electoral respectivo, que deberán ser iguales para todos los partidos para garantizar la equidad en el acceso a los medios electrónicos de comunicación.