Piden que se indaguen a fondo los nexos que mantiene con Serrano Limón
Luis Pazos debe ser investigado por corrupción, demandan grupos civiles
"Sólo fueron tres tangas", dice la panista Cecilia Romero para justificar a Provida
Organizaciones civiles que denunciaron la entrega "irregular" de 30 millones de pesos del erario a Provida, señalaron que la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la cual se inhabilitó 15 años a Jorge Serrano Limón, ex presidente de esa agrupación, y se le sancionó con una multa de 13 millones de pesos, "no es suficiente para garantizar que no se repita una distribución arbitraria e irregular de recursos públicos".
Agregaron que aún se deben conocer los resultados de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República que deberá determinar si Serrano Limón o el ex diputado panista Luis Pazos de la Torre, actual director de Banobras, "incurrieron en la comisión de un delito por el uso faccioso e irregular de recursos públicos", por lo que solicitaron a la Cámara de Diputados que inicie un proceso para determinar la responsabilidad del ex legislador y, en su caso, "iniciar un juicio político en su contra".
Pilar Muriedas Juárez, presidenta de Salud Integral para la Mujer, señaló que es necesario conocer el criterio y "corroborar" los mecanismos por los cuales la SFP estableció la multa por un monto "muy inferior a los 27 millones de pesos que Provida no pudo comprobar, como establecieron la Auditoría Superior de la Federación y la propia auditoría ciudadana que presentamos ante las autoridades".
Destacó que es necesario llegar al fondo del problema y establecer un reglamento que fije "normas claras para todos, organizaciones y diputados". Agregó que el esfuerzo de la sociedad civil organizada hizo posible, en este caso, "fiscalizar los recursos públicos y sancionar a quienes incurrieron en irregularidades como resultado de una experiencia ciudadana exitosa".
En entrevista por separado, Alejandro Brito, director de Letra S, suplemento de La Jornada, advirtió que sin la reglamentación adecuada de las partidas del erario la distribución "arbitraria e irregular" de los recursos dependerá del criterio y voluntad de los legisladores y "no de un marco normativo, por lo que es urgente su elaboración".
La sociedad civil espera acciones
Al respecto, Martha Juárez, integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida, declaró que la sociedad civil aún está a la espera de las acciones que deberán emprender la Cámara de Diputados y las secretarías de Salud, Hacienda y Crédito Público para garantizar que "no existan diputados que, por afinidad personal, decidan entregar o no recursos públicos" a determinadas organizaciones no gubernamentales.
Por su parte, Cecilia Romero, senadora panista, salió en defensa de Serrano Limón, representante legal de Provida, y consideró una "terrible injusticia" que la SFP lo inhabilitara y condenara a pagar una multa por no comprobar recursos públicos.
La legisladora restó importancia al hecho de que, según documentos y facturas en poder de la Auditoría Superior y de la Contraloría, Provida adquirió tangas con recursos de la Secretaría de Salud destinados a programas para la atención de mujeres.
"Sólo fueron tres tangas, y fueron compradas en el mercado de Mixcalco a 38 pesos cada una. Por eso digo que es una terrible injusticia, que se consumó algo totalmente arbitrario". Agregó que la investigación se llevó a cabo "con una gran cerrazón, con gran deseo de darle una puñalada a una agrupación que finalmente está buscando salvar vidas". En entrevista por separado, la senadora del PRI Yolanda Eugenia González manifestó que su grupo parlamentario exigirá que la Ssa, directamente afectada por el desvío de recursos en que incurrió Provida, presente una demanda penal en contra de Serrano Limón y de los demás responsables, entre ellos Luis Pazos.