Entre aclamaciones de visitantes y funcionarios se presentó en el Reclusorio Oriente
Exige López Obrador al juez designado la revocación de la libertad caucional
Fue otorgada de manera ''tramposa'' por la PGR, sostiene el jefe de Gobierno
Antes de viajar a Guadalajara para continuar su gira de resistencia pacífica, Andrés Manuel López Obrador acudió al juzgado 12 de distrito para entregar al titular de éste, Juan José Olvera López, un escrito en el que le pidió la revocación de la libertad provisional bajo caución que de manera ''tramposa'' le otorgó la Procuraduría General de la República (PGR), con la complicidad de dos diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN); refirió al juzgador que su caso no es jurídico, sino político, y le manifestó que ''es evidente que las leyes y las instituciones de la República están siendo utilizadas de manera facciosa, pues la consigna es quitarme mis derechos políticos para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales de 2006''.
Su entrada al edificio de juzgados federales, con sede en el Reclusorio Oriente, pareció más la aparición en público de un candidato en campaña que la de un inculpado en espera de conocer su futuro jurídico, ya que funcionarios del Poder Judicial federal, agentes del Ministerio Público de la Federación, abogados y visitantes en general, lo recibieron entre aplausos y gritos de ''¡duro, duro!'' y ''estamos contigo''.
Los únicos que se mantuvieron al margen de los vítores fueron los trabajadores del juzgado 12 de distrito, el cual deberá resolver si libra la orden de comparecencia en contra de López Obrador.
Mientras se dirigía a su entrevista con quien ha de juzgarlo por presunto desacato judicial, las muestras espontáneas de adhesión de personas que estaban adentro del edificio provocaron una sonrisa en el tabasqueño, misma que se apagó al momento en que tuvo frente a sí al juez Olvera López.
Fueron escasos dos minutos de presentación entre el perredista y el impartidor de justicia de 36 años de edad, quien optó por no recibirlo en su despacho privado, sino en otra área del juzgado. Un frío saludo sin plática. Al final del encuentro, el jefe de Gobierno sólo pudo entregar su documento en la oficialía de partes y de inmediato se retiró nuevamente entre vítores y aplausos.
''Estoy exigiendo la revocación de la libertad caucional otorgada tramposamente a mi favor por el Ministerio Público federal'', señaló el mandatario capitalino desaforado por la Cámara de Diputados, al salir del edificio público.
El documento
López Obrador refirió por escrito al juez que la procuraduría violentó en su perjuicio un derecho personal establecido en el artículo 20 constitucional, por lo que le exigió ''se sirva en forma inmediata revocar dicha libertad provisional bajo caución y se proceda en consecuencia''.
Por la mañana López Obrador se reunió en su domicilio durante casi dos horas con sus asesores jurídicos, Javier Quijano Baz y Alvaro Arceo Corcuera, quienes al salir evitaron hacer declaraciones sobre la estrategia legal que se decidió adoptar.
Arceo reconoció que para el equipo le-gal del jefe de Gobierno resultó ''inesperada'' la acción de los panistas: ''Tal parece que está prescribiendo el derecho penal en este país''.
Alrededor de las once de la mañana el mandatario capitalino salió del edificio de Odontología 76 para dirigirse al Instituto de Investigaciones de la Revolución Democrática, que utiliza para trabajar desde el 7 de abril pasado, ubicado a unos metros de su domicilio; en el trayecto se detuvo a anunciar que al mediodía acudiría a ''hablar con el juez'' y luego iría al aeropuerto para viajar a Guadalajara.
El mandatario capitalino explica al juez en su escrito que la naturaleza del juicio no es jurídica, sino política, lo cual podrá comprobar al no encontrarse ninguna prueba directa o contundente en su contra.
''En las 16 mil fojas del expediente no existe documento que haga referencia al incumplimiento del amparo promovido por el supuesto dueño del predio El Encino, señala, y añade que nunca firmó escrito alguno relacionado con el caso ni or-denó a ningún servidor público del Gobierno del Distrito Federal incumplir con mandamientos legales, durante los 11 meses que, asegura la PGR, desobedeció la orden judicial.
El propósito, dice, es quitarle sus derechos políticos para que su nombre no aparezca en las boletas electorales de 2006.
Asimismo, continúa el escrito, ''siempre he sostenido que los hombres se miden por la entereza de sus convicciones y por la congruencia entre lo que dicen y hacen. El día 7 de abril de este año, en el Zócalo de la ciudad de México, sostuve textualmente lo siguiente: he decidido no ampararme ni solicitar libertad bajo fianza. Haciendo uso de mis garantías individuales, tampoco permitiré que nadie pague la fianza ni que nadie tramite a mi nombre ningún amparo''.
Explica al juez que esta decisión la tomó como acto de resistencia civil pacífica en protesta por el juicio ''malintencionado'' en su contra, pero sobre todo para evitar que se despoje al pueblo de México del derecho a elegir libremente a sus gobernantes.
Agrega que acude en uso de sus derechos constitucionales y legales para, con base en los artículos 412, 413 y 416 del Código Federal de Procedimientos Penales, ''exigir la revocación de la libertad caucional otorgada tramposamente a mi favor por el Ministerio Público Federal''.
Refirió que al permitir la autoridad ministerial que los legisladores del PAN pagaran su fianza ''la Procuraduría General de la República violó el artículo 399 del código citado, que a la letra dice: todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad provisional, inmediatamente que lo solicite [...]'', subrayó en su escrito el mismo López Obrador.
Se trata, añadió, de un derecho personal tutelado en el artículo 20 constitucional, y ratifica su determinación de que ''no he hecho ni haré solicitud alguna para obtener la libertad provisional bajo caución prevista en la Constitución y en la ley''.