Se violó el secreto de la averiguación, dicen juristas

La PGR utiliza el derecho para eliminar adversarios

Irregular, permitir acceso al expediente de El Encino

La PGR puso en evidencia que existe una intención política en las acusaciones contra Andrés Manuel López Obrador, además de que ubicó en el terreno de lo absurdo al derecho penal y como un objeto que no tiene sentido, ya que no castiga a quien presuntamente cometió un delito.

Juristas y abogados consideraron que la PGR ha "convertido al derecho en un instrumento de eliminación del adversario político". Y esto demuestra que el asunto del predio El Encino "tiene muchos matices políticos", consideraron el doctor en derecho Clemente Valdés y el litigante Julio Hernández Barros.

Por su parte, el doctor en derecho constitucional Cuauhtémoc Sotelo sostuvo que el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, y el subprocurador Carlos Javier Vega Memije incurrieron en irregularidades procesales "manifiestas", al permitir el acceso a la investigación del caso El Encino a los asambleístas que pagaron la fianza del jefe de Gobierno capitalino, porque ambos funcionarios violaron el secreto procesal que impone la ley a las averiguaciones previas.

Además, dijo que cualquier litigante sabe que es falso que el estado de una averiguación previa se coloque en estrados -como afirma la versión oficial, y ahí es donde se habrían enterado los panistas de la fianza-, por lo que ha lugar a que se interponga una demanda para que se deslinden las responsabilidades correspondientes. Explicó que aceptar o no que un tercero pague una fianza es un derecho constitucional, por lo que, en su momento procesal, López Obrador estará en condiciones de revocar dicha caución, "porque es su derecho consagrado en la Constitución".

Por su parte, el especialista en derecho parlamentario Ramiro Oquita comentó que es realmente "excepcional" que el Ministerio Público Federal (MPF) solicite la fianza de un inculpado, pero además llama la atención que ésta se otorgara cuando el juez de la causa aún no recibía la consignación del expediente de López Obrador, situación que pone en duda la "buena fe" con que debe actuar el propio MPF.

Sin embargo, los especialistas consultados consideraron que hay versiones antagónicas acerca de la posibilidad de que el juez acepte o no la revocación de la fianza que solicitó el jefe de Gobierno, aunque lo cierto es que la ley no precisa el pago de una caución sin el consentimiento del acusado.

No obstante, todos los entrevistados señalaron que lo importante no es si López Obrador estará fuera o no de prisión, sino el hecho de que no se ha cerrado la posibilidad de que pierda sus derechos políticos.

La penalista Bárbara Zamora consideró que aunque fue legal la fianza que garantizaron dos asambleístas del Partido Acción Nacional (PAN) en favor de López Obrador, "en el caso del jefe de Gobierno es claro que tuvo motivaciones políticas y que en realidad no se busca hacer justicia, sino sacarlo de la contienda electoral de 2006".

La litigante dijo que el perredista sí puede desistirse de la fianza de 2 mil pesos. "Existe un antecedente judicial en el que así ocurrió: se trata de algunos de los estudiantes del Consejo General de Huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México que fueron detenidos hace cinco años, durante la huelga en esa casa de estudios. Alguien pagó la fianza de algunos alumnos y una juez federal ordenó su libertad. Sin embargo, como las personas beneficiadas no estaban de acuerdo con el pago de la fianza por parte de un extraño, rechazaron la caución y manifestaron a la juez sexta, María Elena Leguizamo, que como no había sido de su consentimiento se desistían de ella, y el juez ordenó su reaprehensión".

Hubo irregularidades: Gómez Mont

El penalista Fernando Gómez Mont indicó que aunque no fue ilegal que dos diputados panistas hayan garantizado la fianza, "lo que sí es irregular de manera clara es que se haya determinado de manera oficiosa el beneficio de la libertad caucional en la averiguación previa".

Precisó que de acuerdo con las leyes, toda irregularidad que no cause agravio a alguien no puede ser impugnada. "Si la PGR o cualquier autoridad hace algo ilegal pero que no genera perjuicio a un interés difuso, pues no es impugnable. Aquí habría que ver si se está ocasionando un perjuicio a López Obrador", se cuestionó el litigante.

Agregó que López Obrador "puede desactivar el tema de la fianza en dos segundos de la manera más sencilla del mundo: que acuda ante el juez y, con fundamento en el artículo 413, en relación al 412, fracción cuarta del Código Federal de Procedimientos Penales, le diga: 'deseo que se revoque dicho beneficio por no haberlo solicitado yo, y vengo a someterme al tribunal'. Después todo dependería del juez. Pero a López Obrador le han quitado la posibilidad inmediata de que sea detenido e internado en el Reclusorio Oriente, de tal manera que si él quiere ser preso debe quedar claro que él así lo ha decidido como una forma de protesta".

Julio Hernández Pliego, especialista en derecho procesal penal, indicó que desde 1993, cuando hubo reformas constitucionales, "ya se practicaba el beneficio de la libertad caucional desde la averiguación previa, siempre y cuando uno esté detenido; es decir, si es uno detenido y lo aprehendieron en flagrancia, se admitía la posibilidad de que inmediatamente se caucionara, fuera puesto en libertad y se tramitara la averiguación previa de manera regular".

Acerca de una jurisprudencia emitida en 2004 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se basó la PGR para otorgar la libertad provisional bajo caución a López Obrador, el litigante explicó que ésta dice: "no tiene uno que estar privado de su libertad, sino que basta que sea inminente la afectación de su libertad para que pueda solicitar el inculpado, o personas cercanas a él, ese beneficio, no para que se la decreten de oficio, como sucedió con López Obrador".

Hernández Barros estimó que "quienes pagaron la fianza de López Obrador le quisieron echar a perder su entrada a la cárcel, pero no hay ninguna anomalía jurídica en el hecho de que la procuraduría les hubiera permitido pagar la caución. Sin embargo, en 15 años de ejercer esta profesión nunca había visto un caso igual, en el que quedara a flote el hecho de que la PGR se puso de acuerdo con los legisladores para que se pagaran los 2 mil pesos".

En tanto, el catedrático universitario Clemente Valdés consideró que "han conducido al derecho a una situación absolutamente absurda, porque si no quieren a López Obrador en la cárcel entonces no quieren que pague el delito que le imputan, y si no es así, entonces para qué consignaron el expediente. El gobierno ha tratado de utilizar el derecho para eliminar a un adversario político".

Gustavo Castillo, Alfredo Méndez y Jesús Aranda