Violaron la Constitución al determinar que López Obrador dejara su cargo, dicen
Especialistas de la UNAM demandarán juicio político contra 360 diputados
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Elena Poniatowska, Bertha Chaneca Maldonado y el diputado federal Jos�gust�Ortiz Pinchetti -integrantes de la Coordinadora Ciudadana- se reunieron ayer con Cuauht�c C�enas Sol�no para invitarlo a la Marcha del Silencio que se realizar�n pr�o domingo en apoyo al jefe de Gobierno del Distrito Federal. El l�r moral del Partido de la Revoluci�emocr�ca acept�rticipar y, por la noche, en el noticiario de CNI Canal 40, anunci�e suspender�por lo pronto, sus actividades proselitistas como aspirante a la candidatura presidencial del PRD, porque no est�dadas las condiciones para realizar campa�de ese tipo FOTO Felipe Haro
Decenas de destacados integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) interpondrán el próximo martes una demanda de juicio político contra los 360 diputados que votaron en favor del desafuero, con la consecuencia de separar inmediatamente del cargo al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, lo cual es violatorio de la Constitución.
Por otra parte, el profesor emérito Raúl Carrancá y Rivas, asesor jurídico del proyecto de juicio político, aseguró que no procede la caución que pagaron los asambleístas del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Lara y Gabriela Cuevas, porque "sólo se paga fianza por una orden de aprehensión que no la hay, por tanto, pagar fianza por una orden de presentación -como es el caso- ¡es una locura!" Con este argumento coincidió el también profesor emérito Ignacio Burgoa Orihuela, quien aseguró que "el único que puede solicitar su libertad condicional y otorgar la garantía" es el propio López Obrador.
Ayer, ante un nutrido grupo de especialistas reunidos en el Instituto de Investigaciones Económicas, Carrancá y Rivas presentó el proyecto de juicio político contra los 360 legisladores, mismo que, de prosperar, traería como efecto la destitución de estos servidores públicos y su inhabilitación para desempeñar funciones de cualquier naturaleza en el servicio público.
La iniciativa se sustenta en que estos diputados violaron la Constitución, porque el artículo 111, en su párrafo séptimo, establece que el funcionario público, en este caso López Obrador, será suspendido de su encargo hasta que esté sujeto a proceso penal.
Sin embargo, en el dictamen, los legisladores hicieron alusión al artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, que señala la suspensión de su encargo como efecto inmediato de la declaración de procedencia, pero aun así, esta ley reglamentaria "no está por encima de la Constitución", destacó el experto.
El 111 constitucional es el rey
Lo que ocurrió, dijo Carrancá y Rivas, es que al perredista le pusieron una "trampa, pero no importa. El artículo 111 constitucional es el rey, y López Obrador no está sujeto a proceso penal, por tanto, sigue siendo jefe de Gobierno" y el lunes puede regresar a su encargo.
En el cuerpo del proyecto de juicio político, los universitarios, entre ellos, los doctores Josefina Morales, Elvira Concheiro y Guadalupe Valencia, solicitarán que se excusen los 360 diputados por ser parte interesada en esta demanda.
La denuncia, que será firmada también por profesores eméritos de la UNAM, se entregará antes de las tres de la tarde en la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados. Carrancá y Rivas explicó que de ahí debe turnarse al Senado, que es el jurado de sentencia conforme lo establece el artículo 110 de la Constitución.
Por otro lado, durante la presentación del libro Juicio político. El poder de la discrecionalidad, de Jorge Humberto Pazos, realizada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Carrancá y Rivas y Burgoa Orihuela se refirieron al pago de la fianza por parte de los dos panistas, y destacaron la ignorancia de estos legisladores, al explicar que sólo se paga fianza por una orden de aprehensión, y en este momento no la hay.
En otra mesa realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, el profesor emérito Octavio Rodríguez Araujo señaló que si antes era evidente, ahora está más claro que todo este proceso contra el perredista es "parte de un enjuague artificioso para inhabilitarlo" mediante el "uso faccioso de las instituciones".
A su vez, la investigadora Elvira Concheiro señaló que la situación obliga a construir un movimiento democrático, y es "momento de movilizarnos y señalar el problema de la democracia con mayor fuerza". En tanto, Roberto Garduño, profesor de la FCPS y reportero de este diario, realizó una relatoría de cómo la mancuerna PRI-PAN urdió el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados.