Cuestión indígena y proyecto de nación
La lucha contra el desafuero y el desgobierno de la derecha tendrá éxito si se fundamenta en un proyecto de nación, colectivamente elaborado, que incluya como uno de sus contenidos básicos el reconocimiento por parte del Estado de los derechos a la libre determinación y las autonomías de los pueblos indios. Para ello es preciso que un Congreso Constituyente retome los preceptos y principios de los acuerdos de San Andrés.
La nación mexicana en su origen, desarrollo y composición es multiétnica, plurilingüística y multicultural. Una política democrática de Estado debe partir de esta realidad histórica que se refrenda cotidianamente por la voluntad de los pueblos indios y sus organizaciones de salvaguardar sus derechos colectivos con fundamento en múltiples formas de autogobierno indígena en los diferentes niveles locales, municipales, regionales e interestatales que reconstituyan a los pueblos; la complementariedad de la administración de justicia de los pueblos derivada de sus sistemas normativos; la vigencia de sus formas de organización social, expresiones culturales y cosmogónicas; el reconocimiento de sus territorios y recursos naturales como base material reproductiva de sus culturas; y el acceso pleno de los pueblos indios a todas las formas de representación popular y nacional.
La existencia de la igualdad ante la ley contenida en la Constitución no es suficiente. El Estado debe reconocer que, además de las garantías individuales y los derechos sociales reconocidos por el Constituyente de 1917, existe una nueva generación de derechos colectivos que refieren a pueblos, etnias y minorías étnico-nacionales que deben estar inscritos en la Carta Magna y sus leyes.
A partir de una profunda reforma de las fuerzas armadas, de manera inmediata y sin condiciones el gobierno democrático regresará el Ejército a sus cuarteles, los cuales no estarán cerca de los territorios indígenas y mucho menos establecidos en su interior. También disolverá los grupos paramilitares en Chiapas y otros estados del país, investigando de manera efectiva la responsabilidad de las autoridades locales, estatales y federales en su organización, apoyo y entrenamiento. La matanza de Acteal y otros crímenes de lesa humanidad deben ser investigados a fondo para juzgar a los autores materiales e intelectuales.
Una vez que se hayan desmilitarizado todas las regiones indígenas en el país, cesado todas las acciones militares y sociales relacionadas con la estrategia de contrainsurgencia-administración del conflicto, y se hayan cumplido a cabalidad los procesos de reformas jurídicas, constitucionales, sociales e institucionales contenidos en los acuerdos de San Andrés, se solicitará la reanudación del diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el propósito de continuar los trabajos de las mesas, suspendidos por la traición del Estado mexicano.
El reconocimiento a las autonomías indígenas no implica que el gobierno democrático deje a su suerte a los pueblos organizados a partir de sus propias instituciones. Deberá, paralelamente: brindar todo el apoyo para fortalecer los procesos autonómicos, bajo la dirección y participación activa de las autoridades indígenas. En particular, apoyar programas y proyectos encaminados a retomar la suficiencia alimentaria. Contribuir a detener el éxodo de las poblaciones indígenas motivado por la crisis crónica en el campo y la falta de oportunidades de empleo en las etnorregiones. Fortalecer los sistemas sanitarios y de salud de las comunidades indígenas, combinando la medicina alópata con la farmacopea y medicina indígenas. Otorgar los créditos necesarios para la producción y comercialización de productos agrícolas, artesanales, etcétera, de las comunidades indígenas, que constituyan las bases de la autonomía económica de las mismas. Las autonomías deben ser observadas en sus múltiples factores e interrelaciones y a partir de una visión integral de las mismas.
El gobierno democrático debe poner en práctica de manera inmediata un programa para la revisión de los expedientes de todos los presos indígenas en las cárceles del país, dado que existe una práctica racista hacia la población indígena en todo el proceso judicial, las penas impuestas y las condiciones de los penales de las etnorregiones. En muchos casos los presos ya cumplieron sus condenas, en otros no existen cargos ni motivos para la detención, y en otros más las causas son de índole política, dada la criminalización de las luchas sociales. Deberá decretarse una amnistía inmediata para todos los presos indígenas que purguen penas por delitos relacionados con el narcotráfico, pues los indígenas conforman la infantería de los cárteles, cuyos jefes y cómplices en el aparato del Estado gozan de total impunidad.
El gobierno democrático dará todas las facilidades y apoyos para que los pueblos y sus gobiernos autónomos cuenten con los medios de comunicación (radio, televisión, telefonía, etcétera) al servicio de las comunidades. De igual manera fomentará la educación intercultural y multilingüe, revisando conjuntamente con las autoridades autónomas el contenido de los programas educativos en todos los niveles de la enseñanza.
El gobierno democrático hará efectiva la ley que prohíbe la discriminación por motivos étnicos, lingüísticos, culturales, religiosos, particularmente en los medios masivos de comunicación, las prácticas judiciales y, en general, en todas las instituciones del Estado y la sociedad.